Gabriela CoutiñoTuxtla Gutiérrez, Chis. 3 Oct.- El comité de familiares y amigos de los "Presos inocentes del caso Acteal", acusaron al gobierno del estado, y a los diputados locales, Sergio Lobato y Javier Martínez, de incumplir compromisos contraídos en una Mesa de Atención.
En un escrito las familias de Chenalhó señalan que los diputados Sergio Lobato, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, y Javier Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, a dos meses de haber instalado la Mesa de Atención, solo sostuvieron una reunión donde comparecieron dos abogados defensores de oficio, "se comprometieron a entregar una tarjeta informativa sobre la situación jurídica y copia de un amparo que se interpuso actualmente en la Suprema Corte, pero nunca cumplieron su dicho".
"La Mesa de Atención a pesar de reconocer la deuda social que se vive con más de 70 familias indígenas que sobreviven de manera por demás precaria y hablar de toda suerte de reivindicaciones necesarias, a más de un mes del compromiso ni siquiera se ha reunido", reiteraron.
Por el contrario señalan, la Mesa de Atención, "sólo trajo nuevamente la persecución pues uno de los familiares que se manifestó en el plantón, ya fue requerido por una denuncia interpuesta por los representantes zapatistas ante la autoridad por supuesta posesión de armas largas, dio como resultado una sorpresiva vista de agentes de seguridad publica y los comandantes de la BOM, a su poblado, la Esperanza, sembrando la sospecha que los dirigentes del plantón se vendieron".
Por lo anterior, los familiares y presos por la masacre de Acteal, valoran con cuidado su situación la cual se torna cada día más angustiosa.
En el escrito, los familiares de los presos refieren que al día siguiente de que fueran masacrados 45 indígenas tzotziles en el poblado de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, un grupo de grupo de jóvenes, autoridades comunitarias entre ellos varios ancianos, representantes y ciudadanos fueron detenidos con engaños y conducidos al penal de Cerro Hueco.
Relatan que a partir de entonces se desató una feroz persecución de aquellos que fueron denunciados por los testigos como responsables, más de 150 indiciados.
"Ingresaron a las comunidades decenas de agentes de la PGR haciendo gala de fuerza y prepotencia. Se incendió la escena y menudearon los enfrentamientos entre agentes federales y población indígena. La presión nacional e internacional en aumento. Un numeroso grupo de indígenas chenalhoes instalaron un plantón en la Plaza San Marcos, contiguo a la catedral de Chiapas exigiendo una investigación real y ofrecieron su testimonio más de 250 testigos y acusados".
Sin embargo, el 18 de marzo, con engaños, la PGR instrumentó más de 50 órdenes de aprehensión, citándolos a ampliar su declaración cuando en realidad era una detención y fueron conducidos a Cerro Hueco. Así, a finales de 1998 se elevó a más de 100 el número de procesados.
Para los familiares y presos por la masacre de Acteal, "nunca se realizó ninguna investigación seria sobre la Masacre, se ignoraron decenas de muertos más, varios sin documentar, principalmente zapatistas y 18 priistas, se ignoraron los usos y costumbres indígenas y la situación de estado de guerra reconocida por el propio Congreso de la Unión en la Ley de Concordia y Pacificación que sirvió de caldo de cultivo para el despojo de Majomut, el enfrentamiento generalizado y la posterior Masacre".
Señalan que a casi 11 años de los hechos el litigio por el despojo de la mina de Majomut, todavía persiste y amenaza en reavivarse.
Narran que atraves de los años, la defensa estuvo ausente porque no existía un Instituto de Defensoría. Aún así se presentaron pruebas y recursos legales sin ninguna fortuna, los testigos acusadores no comparecieron, no se reconstruyeron los hechos y muchas anomalías más.
"El caso fue utilizado por políticos y religiosos para dirimir sus diferencias o aprovecharon para sus intereses particulares. Los jueces se han plegado a la razón de estado y a la presión política de fuerzas que ignoran el sufrimiento de un centenar de familias.
"Las sentencias fueron abrumadoras, la mayoría sentenciados a 35 años de prisión y como dato anecdótico, el responsable de organizar a los paramilitares y comprar las armas salió absuelto", revelan.
Para los familiares de los presos de Acteal, "la injusticia es escandalosa, quienes aceptaron participar en el grupo armado, dirigirlo, encabezar los ataques y cometer delitos fueron sentenciados a 25 años mientras aquellos ancianos y jóvenes que no hicieron anda, aquellas autoridades locales y representantes comunitarios lo fueron a 36 años y tres meses, burlándose de las propias declaraciones y pruebas presentadas".
Los presos y sus familiares han desarrollado muchos esfuerzos de defensa, han acudido a pastores y curas, a organizaciones sociales y a partidos políticos, a profesionales del derecho sin ninguna solución, denuncian.
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