Ángeles MariscalFrontera Comalapa, Chis; 19 de octubre. Campesinos e indígenas de la sierra de esta entidad realizaron una manifestación para exigir se detenga la explotación minera en su región, donde ya opera la Blackfire Exploration México, de origen canadience.
En Chiapas se encuentran vigentes al menos 55 permisos para la exploración y extracción minera, a favor de empresas nacionales y extranjeras que consiguieron las concesiones a través de particulares mexicanos. La mayoría de los permisos de extracción vencen en 2056, y abarcan minerales como el oro y la plata, hasta otros considerados tóxicos, como el plomo y titanio.
Los habitantes de los municipios de Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Motozintla se concentraron en la cabecera de este último lugar, donde denunciaron que nuevas empresas de Canada y Estados Unidos, además de algunas de México, están realizando labores de exploración en su región.
El sábado, habitantes de siete municipios de la Seirra, exigieron a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Juan Sabines Guerrero la inmediata cancelación de los permisos y concesiones que han otorgando a las mineras, porque denuncian que están incursionando “sin tomar en cuenta el grado de contaminación y destrucción que ocasionaran a las personas y al medio ambiente”.
Los manifestantes, agrupados en el Frente Regional Contra las Privatizaciones (FRCP–FNLS), miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), explicaron que el medio ambiente en su región está severamente afectado por los pasos de los huracanes Mitch (1998) y Stan (2003), y la llegada de las mineras crea un mayor riesgo para los habitantes de la zona, considerada de alto riesgo ante desastres naturales.
“La explotación minera en nuestra zona es una grave amenaza, prevemos afectaciones a nuestros campos de cultivo y aguas, contaminaran totalmente el medio ambiente y nos dejaran más pobres y expuestos a graves riesgos de salud”, dijeron.
Acusaron a empresarios mineros de amedrentar a quienes se oponen a la entrada de sus compañías. “Tal es el caso de nuestro compañero Elpidio Morales Díaz, habitante del ejido El Carrizal, de Motozintla, quien por el sólo hecho de oponerse al saqueo de la transnacional minera Linear Gold, ha recibido como respuesta constantes amenazas de muerte”.
De acuerdo a la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía del gobierno federal, en Chiapas se encuentran vigentes al menos 55 permisos para la exploración y extracción minera, a favor de empresas nacionales y extranjeras que consiguieron las concesiones a través de particulares mexicanos. La mayoría de los permisos de extracción vencen en 2056, y abarcan minerales como el oro y la plata, hasta otros considerados tóxicos, como el plomo y titanio.
Sólo en el 2004 se autorizaron 20 nuevos permisos de explotación minera para esta entidad, los lugares de extracción están ubicados, en su mayoría, en las zonas sierras y costa, las de ecosistemas más vulnerables por la deforestación, laderas inestables y mayor población habitando en zona de riesgo.
El informe señala que de las 55 concesiones vigentes, 42 se otorgaron durante la administración del ex presidente Vicente Fox; cinco antes de su gobierno, y siete en lo que va del periodo de Felipe Calderón Hinojosa.
En el detalle sobre los beneficiarios de las concesiones, sobresale el hecho de que al menos 20 permisos fueron entregados a nombre de particulares mexicanos, sin embargo las empresas que actualmente llevan a cabo la extracción de minerales son de origen extranjero.
Por ejemplo el señor Tristán Canales Reyna aparece como titular de 11 concesiones para explotar minas en los municipios de Chicomuselo y Acacoyagua. De acuerdo al testimonio de los pobladores del ejido Grecia, donde existe una de las minas de barita concesionadas a este particular, inicialmente la explotación la inició la Compañía Minera Caracol, de capital colombiano.
Aparentemente esta empresa vendió en 2006 los derechos de la concesión a Blackfire Exploration México, de origen canadicence. Sin embargo Tristán Canales Reyna sigue apareciendo como el titular concesionario.
Otras concesiones fueron entregadas a particulares como Ricardo Carraño Peñaloza, Diana Luna Hernández, Neftalí Bruno Sánchez Gálvez o Joel Castillejos Ordóñez, ninguno de ellos tiene registro como socio de alguna empresa minera.
Las “sustancias” susceptibles a la explotación van desde el oro, plata, cobre, fierro, zing, hasta plomo, titanio, antimonio. También otras conocidos como molibdeno, woltramco, y unos más que son conocidas con las siglas “BAR”, “POT”, “TUN”, “GRA”. Casi todas se utilizan en la industria petrolera.
Los 55 permisos de explotación minera –de acuerdo a la información de la Secretaría de Economía- abarcan predios de 19 municipios. Estos se encuentran ubicados en regiones de alta vulnerabilidad de riesgos ambientales.
En Motozintla, Siltepec y Chicomuselo existen permisos de extracción de oro, plata, cobre y barita. Estos municipios ubicados en la sierra de Chiapas, son considerados como zonas de riesgo por deslaves de laderas y montañas; y la barita, por ejemplo, se encuentra “a cielo abierto”, es decir, se obtiene escarbando las montañas y reduciéndolas hasta dejas superficies planas.
Otros permisos son para los municipios de la zona norte, como Coapilla, Pichucalco, Rayón, Tecpatán, Solosuchiapa e Huixuatán. En estas regiones existe un alto índice de hundimientos por la porosidad de los terrenos, lo que incluso ha obligado a la reubicación de poblados como el de San Isidro Las Banderas, en 1999: o los de noviembre de 2007 en Tecpatán y Coapilla.
Otro número importante de concesiones son para la zona costa, como Tapachula, Pijijiapan, Mastepec y Cacahoatán, actualmente en alertamiento por el desbordamiento de ríos.




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