Piden juicios justos para policías

Ángeles Mariscal

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 24 de octubre. Familiares de policías arraigados que participaron en el operativo policíaco en Miguel Hidalgo, de la zona de Chinkultic municipio de La Trinitaria, demandan su derecho a la defensa y a un juicio justo. Denuncian que en ningún momento les han informado sobre su verdadera situación jurídica, y por el contrario, los han engañado en varias ocasiones.

A través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Cdhfbc), 23 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), se encuentran en calidad de arraigados, denunciaron que temen por su libertad personal y por su integridad.

Los familiares de los policías arraigados denunciaron ante el centro humanitario que los uniformados siguen arraigados a raíz de los hechos ocurridos el 03 de octubre de 2008 en el ejido Miguel Hidalgo, en donde fueron asesinados 6 campesinos durante el operativo de desalojo de la zona arqueológica de Chinkultic y la incursión en el poblado Miguel Hidalgo.

Según un comunicado del Cdhfbc, los familiares explicaron que los policías fueron acuartelados en Tuxtla Gutiérrez, en principio para ser sujetos a investigación y deslindar responsabilidades correspondientes, con la promesa de que pronto serían liberados.

“Con el paso de los días, algunos de los policías fueron liberados del acuartelamiento sin informales cual era el criterio para liberar a unos y dejar a otros. El pasado 18 de octubre, varios fueron liberados del cuartel policiaco, dejando solamente a 23 de ellos”, señala el documento.

“Según versión de los familiares, les indicaron que los llevarían al Ministerio de Justicia para que ratificaran su declaración y que después serían liberados, sin embargo una vez fuera del cuartel los despojaron de sus pertenencias y de inmediato los trasladaron a la casa de arraigo conocida como Quinta Pitiquitos, ubicada en el municipio de Chiapa de Corzo, enterándose que se encontraban arraigados”.

La denuncia señala que en los días que estuvieron acuartelados en ningún momento les indicaron cual era su situación jurídica, ya que siempre tuvieron la promesa de funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) que saldrían en cualquier momento.

Según testimonios, desde el momento del acuartelamiento, las autoridades de la SSyPC, les han dado información falsa e imprecisa, indicándoles que sus esposos estaban bien y que pronto llegarían a sus domicilios.

A los policías acuartelados y a los hoy arraigados nunca les han proporcionado información precisa sobre la situación jurídica en que se encontraban.

Sobre la situación del arraigo, los familiares de los policías denunciaron que se encuentran es espacios reducidos en donde hay hasta 8 personas por cuarto, no permitiéndoles el ingreso de alimentos, medicamentos, cobijas o ropa. La visita está limitada a 10 ó 15 minutos máximos, no sin antes realizar un trámite ante el Ministerio de Justicia, quien da el beneplácito para la visita.

Según testimonio, los arraigados están siendo presionados para que señalen a 6 de ellos como responsable de la muerte de los campesinos en Miguel Hidalgo.

El Cdhfbc explica que el Comité Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, señaló al Estado Mexicano su preocupación por la figura del arraigo penal, que según la información recibida, se habría convertido en una forma de detención preventiva con el uso de casas de seguridad (casas de arraigo) custodiadas por policías judiciales y agentes del Ministerio Público, donde se pueden detener indiciados durante 30 días - hasta 90 días en algunos estados, mientras se lleva a cabo la investigación para recabar evidencia, incluyendo interrogatorios.

“El Cdhfbc reitera su exigencia al Gobierno del Estado de Chiapas, para que se realice una investigación eficiente e imparcial en los lamentables acontecimientos ocurridos el pasado 03 de octubre, sancione a los responsables, incluyendo a los funcionarios de alto nivel, encargados de ordenar y realizar el operativo; repare el daño a las familias y a la comunidad de acuerdo a los estándares internacionales de derecho humanos”.