Operativo fue una ofensa a la población

Ángeles Mariscal.

La Trinitaria, Chis., 7 de octubre. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas consideró una “ofensa” a la población afectada por el desalojo y la muerte de campesinos de la zona de Chinkultic, el que el gobierno estatal intente “solucionar” con la entrega de dinero los agravios cometidos por los cuerpos policíacos.

En un balance que hace sobre los hechos de la colonia Miguel Hidalgo, de la zona Chinkultic, sostiene que los funcionarios que intervinieron en el operativo en mención, violaron los límites y procedimientos democráticos que permiten preservar la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana, en hechos que van desde las ejecuciones arbitrarias que se cometieron, hasta las detenciones y agresiones que se suscitaron.

Explica que según los testimonios de los campesinos, en el operativo de Miguel Hidalgo, que habría estado dirigido por Víctor Librado Polo Estrada, subdirector de la Policía Ministerial, a los habitantes de la comunidad, las autoridades y funcionarios que participaron no sólo no tomaron las medidas pertinentes para prevenir, de manera razonable, las violaciones al derecho a la vida, sino que sus acciones trajeron como consecuencia la muerte de las seis personas.

Por ello, el centro humanitario exigió al gobierno federal y al del estado de Chiapas, una investigación imparcial y eficiente sobre los hechos, sanción a los responsables, la reparación de los daños materiales e inmateriales, medidas que permitan el resarcimiento a los daños ocasionados al tejido social de la comunidad.

Advierte que la reparación del daño no se ciñe a la entrega de apoyos económicos ya que hasta el momento autoridades estatales y federales han optado por la entrega de 35 mil pesos por gastos funerarios y 75 mil pesos por apoyo económico a las familias que perdieron a sus familiares.

También prometieron a los pobladores la entrega de despensas, apoyo en proyectos productivos y de desarrollo comunitario para impulsar fondas o restaurantes turísticos, “significando esto una ofensa a la población ante el agravio perpetrado”.