Masacre de Chinkultic puede quedar impune

Gabriela Coutiño

La Trinitaria, Chis; 27 de octubre.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), advirtió "riesgos de impunidad" en la masacre de Chinkultic, ya que aseguró que a la fecha, las autoridades sólo han sancionado a servidores públicos del “mas bajo rango” como responsables de la muerte de seis campesinos.
Diego Cadenas Gordillo, director del Frayba denunció que a más de 25 días que policías estatales ejecutaran a seis campesinos e hirieran a otros 17 en el ejido Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, "es evidentemente la responsabilidad de no solo de funcionarios de primer nivel, sino incluso del propio Estado Mexicano cuando en su sistema de leyes y reglamentos no previó la necesidad imperiosa de reglamentar los operativos policiales".

Y es que refiere Cadenas Gordillo, el gobierno de Chiapas al impulsar un decreto en el que se establece la creación de un protocolo para desalojos, evidencia que antes no existía la reglamentación para la implementación de operativos policiales.

Por lo que "esa deficiencia estructural deriva en una violación sistemática de los derechos de la población y que en el caso concreto resulto en uno, de varios, de los factores que incidieron en que se cometieran los crímenes contra la población de Miguel Hidalgo", señala.

En una solicitud abierta enviada al gobernador Juan Sabines, el director del Frayba señala que al deslindar el gobierno de Chiapas a la Procuraduría General de la República (PGR) de los hechos, "los únicos responsables de los crímenes de lesa humanidad y demás violaciones a los derechos humanos cometidos en la Masacre de Chinkultic, son elementos estatales adscritos a secretarias a su cargo".

Por lo que cuestiona: ¿A qué funcionarios de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y del Ministerio de Justicia del estado se ha iniciado procedimiento administrativo y/o averiguación previa sobre su nivel de responsabilidad en los hechos?

Y sí ¿se inició procedimiento administrativo y/o penal que permita establecer si los titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Ministerio de Justicia tienen o no responsabilidad en la agresión del 3 de octubre pasado?. ¿cuál es el estado procesal que guardan dichos procedimientos, de
existir?.

"Requieren capacitación en derechos humanos integrantes de la Comision Estatal": Frayba.

Respecto al Protocolo para desalojos aprobado por el Congreso local, el Frayba menciona que el decreto, "no toma en consideración los tratados internacionales sobre la materia, por lo que adolece de las perspectivas de derechos humanos en general, de género y de los derechos de niñas, niños y adolescentes en particular".

Por lo anterior, el organismo considera que en el gabinete del gobernador Juan Sabines "no se cuenta con la asesoría necesaria en la materia de derechos humanos y esto redunda en un riesgo para las personas que se encuentran en territorio chiapaneco".

Denuncia que la Comisión de los Derechos Humanos de Chiapas, no solo no cumple con su obligación de velar de manera preventiva por los derechos humanos sino que además termina por legitimar las violaciones a estos derechos

"Y en el caso que nos ocupa es la mejor muestra, por lo que de poco servirá a la población que dicho organismos vigile los operativos de desalojo".

Para la ONG es menester realizar cambios sustanciales y estructurales a dicho organismo público de derechos humanos que garanticen su autonomía e independencia, y dejar de utilizarlo como cartera para el pago de facturas políticas.

"Las personas que laboran en dicho organismo, en especial su presidente, requieren de una capacitación intensiva en materia de derechos humanos o en su defecto abrir convocatoria para que dicha labor sea realizada por personas con experiencia y trayectoria en la defensa de derechos humanos y no por improvisados, al final políticos que le vienen al modo al ejecutivo en turno".

De las medidas que el gobernador Juan Sabines implementó para atender a deudos y demás víctimas de la masacre de Chinkultic, el Frayba señala que las acciones están muy lejos de los estándares exigidos
por los instrumentos de derechos humanos.

Recomienda al gobernador, retomar el instrumento denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones , aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005.

Para el organismo con mayor prestigio y credibilidad en Chiapas, "los crímenes de Lesa Humanidad y demás violaciones de derechos humanos cometidos el tres de octubre pasado, en la comunidad de Miguel Hidalgo, del municipio de La Trinitaria no deben quedar impunes y su esclarecimiento deben ser con toda la transparencia que permita la contraloría ciudadana, de lo contrario se estará confirmando la ausencia de gobernabilidad y democracia".