
Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 26 de septiembre.- Luego de los atentados con explosivos el pasado 15 de septiembre en la ciudad de Morelia, Michoacán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) valora la pertinencia de adoptar medidas de protección para los jueces, pero sobre todo a los que se encuentran adscritos a los estados con mayor incidencia delictiva.
Aunque el problema, es la falta de presupuesto, dijo a reporteros el ministro Sergio Valls Hernández.
El Ministro Valls Hernández, presidente de la sala penal de la corte, declaró que el país vive una grave crisis en materia de seguridad, y si bien la delincuencia no ha rebasado al gobierno, el Poder Judicial evalúa la implementación de medidas de protección a los juzgadores.
De hecho, 30 jueces de los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Estado de México y el Distrito Federal, reciben protección especial, con vehículos blindados que tienen un costo de hasta un millón de pesos, más el equipamiento y mantenimiento de sus escoltas, informó por separado la consejera de la Judicatura Federal, Elvia Rosa Díaz de León D'Hers.
La consejera dijo que los atentados en Morelia no pueden pasar desapercibidos, “porque son actos cometidos por gente de alta peligrosidad”. Reveló que Uruapan se ha convertido en una ciudad que concentra un alto número de causas penales, por las operaciones policíacas que se han implementado en la zona.
Elvia Díaz de León señaló que se han sostenido reuniones con los jueces y magistrados de Michoacán, quienes le declararon su disposición de continuar trabajando sin medidas de protección, pero la consejera dijo que el deber del Poder Judicial de la Federación es ver por su seguridad.
Sin embargo agregó, que el Poder Judicial no cuenta con el presupuesto suficiente para ofrecer de seguridad a todos los jueces y magistrados, sólo aquellos que se encuentran en estados considerados como de "alta peligrosidad" cuentan con protección adicional.
Los Ministros, consejeros de la Judicatura Federal, magistrados, así como jueces federales y locales analizarán también en el Congreso, las reformas constitucionales en material penal, así como también abordaran los compromisos contraídos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmados con el presidente Felipe Calderón.
“El reto es hacer más efectivo, eficaz y eficiente el sistema penal; pero el compromiso inmediato es responder a la crisis de seguridad que tenemos”, dijo el ministro Sergio Valls Hernández.




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