Pronunciamiento Público

Ocosingo, Chiapas, México; a 22 de agosto de 2008

Contra el acoso y hostigamiento militar a las y los habitantes de la Ranchería Corozal, Montes Azules

A LAS AUTORIDADES

COMUNITARIAS Y DE ORGANIZACIONES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE LA SELVA LACANDONA

A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

AL PUEBLO DE MÉXICO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A las autoridades federales

A las autoridades del gobierno de CHIAPAS

Las organizaciones civiles ENLACE Comunicación y Capacitación, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO), Colectivo Feminista Mercedes Olivera (COFEMO), todas integrantes de la Red por la Paz, hacemos pública nuestra posición y denuncia de los hechos ocurridos recientemente en la Ranchería Corozal:

Sin previo aviso ni conocimiento de sus habitantes, el pasado viernes 15 de agosto del 2008, dos helicópteros de la Armada de México, matrículas AMHT-215 y AMHT-218, bajaron en la Ranchería Corozal de la Región Candelaria, localizada en la cuenca del Río Negro, en la Reserva de la Biósfera Montes Azules. De éstos, descendió el Biól. Ricardo Frías de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) junto con representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Secretaría de Gobierno del Estado, acompañados por aproximadamente 50 elementos, fuertemente armados, del Ejército Mexicano y otra corporación que algunos pobladores del lugar refieren como miembros de la Armada de México y otros como Policía Estatal. El pasado 15 de mayo, los funcionarios anunciaron a las autoridades de la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU-ID) la realización de una “posible visita de reconocimiento” que realizarían a fines del mismo mes, sin precisar la fecha ni explicitar sus objetivos reales; mucho menos anticiparon la entrada de elementos armados a las comunidades.

En forma intimidatoria, los funcionarios federales y estatales convocaron a las y los pobladores para plantear que no tenían otra alternativa que abandonar el lugar y que sólo podían optar por la indemnización o por la reubicación. Mientras tanto, los miembros del Ejército y demás efectivos armados realizaban un conteo de las viviendas y mediciones de las superficies ocupadas y trabajadas. Sin la posibilidad de establecer un diálogo verdadero, y en un ambiente de presión y hostigamiento, hombres y mujeres de la comunidad se manifestaron por la defensa de su derecho a permanecer en las tierras en las que han vivido por muchos años. La presencia y los movimientos de los elementos del Ejército, Armada y/o de la Policía Estatal causaron miedo, incertidumbre y temor en la población: hombres, mujeres, niñas y niños.

La ARIC UU-ID, organización indígena a la que está integrada la comunidad de Ranchería Corozal desde 1997, ha mantenido una postura de diálogo con las autoridades federales y estatales en la llamada Mesa Agraria-Ambiental, a fin de logar la regularización de las comunidades sin títulos agrarios, como demanda de sus derechos a la tierra y el territorio. A la voluntad y decisión de lograr un acuerdo que reconozca el derecho de las comunidades indígenas a asegurar la tenencia de la tierra y su sustento diario, la respuesta de los gobiernos ha sido la insensibilidad, la falta de voluntad y de respeto a los acuerdos contraídos, que ponen de manifiesto su incapacidad para proponer alternativas que contribuyan a la sustentabilidad de las comunidades y del medio ambiente, y a saldar una deuda histórica con los pueblos originarios de estas tierras. Recientemente, ante la decisión unilateral de los representantes gubernamentales de imponer la indemnización o la reubicación como únicas vías para una solución negociada, las comunidades articuladas a la ARIC UU-ID y sus autoridades, han decidido retirarse de dicha mesa de interlocución y desconocer a los actuales negociadores de las administraciones federal y estatal.

En los últimos días, en diversos medios informativos de circulación nacional y estatal, los funcionarios de gobierno han reiterado su decisión (hecha pública desde abril del año pasado) de cerrar la posibilidad de todo diálogo y negociación para la regularización de las comunidades en los Montes Azules que no cuentan con títulos agrarios. Juan Antonio Sandoval Flores, delegado de la PROFEPA en Chiapas, señaló que se evalúan estrategias de desalojo para los invasores que han sido catalogados como “altamente violentos”.

Como organizaciones de la sociedad civil denunciamos:

· La entrada de funcionarios del gobierno federal y estatal a las comunidades asentadas en los Montes Azules, sin aviso previo y sin el conocimiento y presencia de los representantes de sus organizaciones, que rompe con los términos y mecanismos de toda negociación abierta y respetuosa acordada por las partes.

· La participación de efectivos del Ejército Mexicano, de la Armada de México y/o de la Policía Estatal en acciones de carácter civil que no justifican su presencia, representa una violación a los derechos humanos de las y los habitantes de los poblados, y representa una forma violenta de intimidación y presión para forzar a las comunidades a aceptar la indemnización o la reubicación.

· La postura de las autoridades federales y estatales de cerrar el diálogo para imponer unilateralmente sus decisiones, y no respetar el proceso y los acuerdos básicos alcanzados durante la administración federal anterior. Sus próximas acciones están orientadas a preparar y justificar el desalojo de los poblados que no acepten la indemnización y la reubicación.

· La cerrazón e inflexibilidad de los funcionarios de las instancias gubernamentales directamente involucradas (la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la SEMARNAT, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas), manifiestan su incapacidad de diálogo y negociación para plantear alternativas que armonicen el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y la conservación de la diversidad biológica y cultural de este territorio.

Las constantes amenazas de desalojo sobre las comunidades indígenas asentadas en áreas naturales protegidas, hace necesaria la definición de la reglamentación y aplicación de derechos como la protección de las tierras y territorios de los Pueblos a fin de dar efectividad a los instrumentos jurídicos internacionales -como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-, en el ámbito de la legislación interna. Concretamente, reglamentar la fracción VII, párrafo 2 del artículo 27 constitucional que establece: “La Ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas”.

Las comunidades indígenas no son la verdadera amenaza para la conservación y sustentabilidad de este territorio. Por el contrario, son ellas las que pueden garantizar su protección y manejo adecuado mediante reglamentos internos y planes de manejo comunitario, y con el respaldo de políticas y programas para su desarrollo sustentable. Son los poderes fácticos y las empresas transnacionales interesadas en la explotación de los recursos naturales la amenaza real, y es la política del gobierno federal y estatal la que responde a estos intereses y les crea las condiciones legales necesarias.

Las organizaciones firmantes mantendremos y fortaleceremos nuestra coordinación y unidad con las comunidades amenazadas, organizaciones civiles y sociales, de observación y defensa de los derechos humanos, universidades y grupos ambientalistas, y con todas las ciudadanas y ciudadanos que apoyan las causas legítimas de los pueblos indígenas.

Apoyamos la posición asumida por las mujeres y hombres, niñas y niños de la Ranchería Corozal, miembros de la ARIC UU-ID, de no aceptar la indemnización o la reubicación como medidas impuestas por el gobierno; de igual manera, reafirmamos nuestra decisión de acompañarlos en la defensa y ejercicio de sus derechos humanos integrales, en particular, de los derechos a la propiedad, aprovechamiento y disfrute de sus tierras y territorios.

ATENTAMENTE

ENLACE Comunicación y Capacitación, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO), Colectivo Feminista Mercedes Olivera (COFEMO)

Estimados compañeros, favor de difundir este comunicado desde sus espacios 

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