Ante las condenas a los presos de Atenco
Hoy jueves día 21 de agosto el juzgado primero de lo penal, con sede en el reclusorio Molino de Flores (Texcoco), ha dictado sentencia contra 10 presos por los sucesos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. La sentencia por la causa 58/2007 ha sido de 31 años, 10 meses y 15 días. A su vez dictó sentencia de 45 años a Ignacio del Valle por los delitos de secuestro y ataques a las vías de comunicación, que se suman a la condena que ya está cumpliendo de 67 años y medio en el Penal de máxima seguridad de El Altiplano.
A primera hora de la mañana cientos de policías se presentaron en el Plantón que está situado al lado del penal de Molino de Flores y de forma intimidatoria sorprendieron a las personas que mantienen dicho plantón en solidaridad con las personas recluidas, pensando que los iban a desalojar. Posteriormente supieron que el motivo de la masiva presencia policial era la notificación de la sentencia.
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, visitó a estas personas en su IV Visita tras los hechos ocurridos en Atenco en el penal de Santiaguito, de la misma manera los visitó en su sexta visita, ya en el Penal de Molino de Flores, para recabar su testimonio y entregarles los informes realizados tras las dos visitas.
En base al seguimiento realizado por la CCIODH y a las conclusiones y recomendaciones de nuestros informes queremos manifestar lo siguiente:
Consideramos estas sentencias completamente abusivas. En nuestras conclusiones pedimos la libertad de estas personas en base a la presunción de inocencia, hay que recordar que han estado recluidas pendientes de proceso durante dos años y cuatro meses. En este tiempo fueron puestas en libertad, algunas de ellas libres de cargos, personas consignadas por los mismos delitos. La Comisión recomendó: “Es inaplazable desmontar por completo el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social y política. En este sentido, urge que las Procuradurias Estatales y la General de la República procedan a archivar todos los procedimientos en que la acusación se base en el patrón represivo referido con anterioridad, así como proceder a revisar la situación de privación de libertad de todos los presos políticos y de conciencia”.
No solo no ha ocurrido así sino que las sentencias se han producido con suma dureza y bajo la sospecha de obedecer más a razonamientos políticos que de justicia.
Es paradigmático el caso de Ignacio del Valle, que ya denunciamos anteriormente y ahora se ve sometido a otra sentencia sumando la cantidad de 112 años y medio de reclusión.
“Las autoridades políticas y judiciales han puesto en evidencia la falta de voluntad y de capacidad para castigar a los responsables intelectuales y materiales de las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en el 2006. Hasta la fecha, la respuesta a las muertes, lesiones, torturas, detenciones ilegales, violaciones y agresiones sexuales ha sido la impunidad o han tenido un carácter fundamentalmente administrativo”
La Comisión se manifiesta ante esta contradicción al no haber condenas, ni tan siquiera procesos abiertos sobre funcionarios públicos por los graves delitos cometidos en el operativo y por contra unas sentencias condenatorias sobre las personas detenidas por un conflicto social y político.
La sensación de impunidad sumada a la represión como modelo de respuesta a los conflictos sociales queda reafirmada con estas sentencias como así denunciamos y se mantiene en Oaxaca y en Chiapas
Barcelona, a 21 de agosto de 2008.
Comisión de Prensa de la CCIODH
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Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
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