Fredy Martín Pérez.
Socoltenango, Chis; 21 de julio.- Un grupo de desplazados por el conflicto armado del municipio de Marqués de Comillas, asentado en Socoltenango, pidió a los tres niveles de gobierno la dotación de servicios para su comunidad.
Habitantes del poblado Nueva Esperanza, del municipio de Socoltenango, desde 2005, aseguran que el gobierno “no garantizó la vida digna” para los desplazados con lo que se violó sus derechos individuales y colectivos, así como los de seguridad alimentaria, vivienda, trabajo, vestimenta, educación y otros.
Con esto el gobierno se pasó “por encima los tratados internacionales y las leyes mexicanas”, dice una denuncia enviada a los medios de comunicación.
Agregan que a cuatro años de radicar en Socoltenango, “nos da mucha tristeza y coraje” de realizar gestiones para el mejoramiento de Nueva Esperanza, como son luz, agua, construcción de una escuela primaria, preescolar, casa ejidal, cancha de básquet bol, revestimiento de un camino de 700 metros, calles y otros servicios.
“Por todo lo anterior, exigimos al Gobierno Federal, Estatal y Municipal que reconozcan que somos un grupo de desplazados reubicados a causa del conflicto armado no resuelto, y que estamos protegidos por la constitución mexicana y tratados internacionales principios rectores del desplazamiento interno de la ONU , que dejen de estar engañando a nuestros y nuestras compañeras y asuman su responsabilidad y compromiso”, dicen.
En los últimos cuatro años, los habitantes de Nueva Esperanza se han reunido con el ex Secretario de Gobierno, Rubén Velásquez López, el ex secretario de Desarrollo Rural, Javier Ruiz Morales, el ex edil Elder Ruiz Ponce y otros funcionarios municipales, pero no han encontrado respuesta a sus demandas,
Pero incluso el delegado de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CNDI), Jesús Caridad Muñoz, éste que llegó a “discriminarlos” por ser indígenas tzotziles.
Pero el siete de enero del 2008, a unos días de haber tomado posesión como alcalde de Socoltenango, Ramiro Avendaño Mazariegos, le plantearon sus necesidades.
Los dirigentes de la comunidad pidieron al edil que firmara una minuta, pero se negó hacerlo porque dijo que no sería como el ex alcalde Elder Ruiz Ponce, porque “su palabra es la que vale”, agregó.
Pero siete meses después siguen esperando respuesta del edil y esta no llega a Nueva Esperanza.
En el escrito los habitantes de Nueva Esperanza piden a los funcionarios de tres niveles de gobierno que digan los motivos porque no han cumplido con las demandas planteadas.
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