Ocosingo, Chiapas.- El anuncio del fin de las negociaciones para regularizar los terrenos en la zona de la Selva Lacandona, y la expropiación y reconversión a reserva ecológica, de 14 mil hectáreas presuntamente desocupadas, dividió a la población indígena de esta región, que constituye uno de los bastiones del EZLN.
Se trata de los ejidos Las Tazas, La Sultana, Amador Hernández y otros que vieron nacen las primeras células del grupo guerrillero, y que colindan con los terrenos expropiados y entregados a la Semarnat. Ahora, integrantes de la Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrática (Aric-ID) iniciaron un proceso de negociación con el gobierno federal a cambio de no ser afectados, mientras los grupos que siguen simpatizando con el EZLN sostienen que la nueva reserva se ubica sobre varios de sus trabajaderos, y temen ser desalojados.
Casi al final del proceso de “reordenamiento” que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) llevó a cabo en la selva durante los últimos tres años, efectuó una identificación virtual –porque no pudo medirse en el sitio- de ocho polígonos que formarían parte de la Lacandona, sin embargo, están separados varios kilómetros de esta superficie, e incluso divididos entre sí.
Esa tierra que conforman 14 mil 96 hectáreas, tampoco estaba ocupada por la comunidad de indígenas lacandones, por lo que la SRA decretó su expropiación y la entregó a la Semarnat para que esta dependencia creara ahí una reserva ecológica.
Meses después, apenas en febrero pasado, al titular de la SRA, Abelardo Escobar Prieto dio a conocer que la dependencia a su cargo daba por concluido el proceso de regularización de la selva.
Con el decreto de reserva ecológica de las 14 mil hectáreas, 32 núcleos ejidales quedaron en indefinición, porque sus terrenos colindaban e incluso se sobreponían con estas áreas.
Se trata de los ejidos Amador Hernández, Pichucalco, El Guanal, Plan de Guadalupe, Nuevo Chapultepec, La Soledad, San Bartola, Ojo de Agua San Jacinto, Santa Martha Corozal, La Sultana, Santa Lucía, San Francisco, Las Tacitas, El Zapotal, San Francisco, Santa Lucia, Ibarra, El Calvario, Plan de Guadalupe, San José, San Caralampio y Santa Rosa.
Ante este panorama, el pasado 25 de febrero, integrantes de la Aric-ID, quienes habitan en esta región, sostuvieron una reunión con representantes de la SRA y del gobierno del estado, antes quienes expusieron su preocupación por un posible desalojo en su contra.
Al final de la reunión, los representantes ejidales y gubernamentales firmaron una minuta de acuerdo en la que se señaló: “por parte de los representantes del gobierno federal y del estado de Chiapas, que actualmente no existe ningún programa o acción que contemple la afectación de la superficie dotada legalmente”.
Sin embargo, las autoridades pidieron a la población su anuencia para medir las tierras y verificar que no ocupen una superficie más allá de la que legalmente poseen.
Otro sector de la población que habita en los 32 ejidos, todos ellos simpatizantes del EZLN, se negaron al proceso de negociación con las autoridades, y sostuvieron que el decreto expropiatorio de las 14 mil hectáreas sí afecta sus terrenos ejidales.En una reunión que sostuvieron en el ejido Betania, advirtieron que no permitirán ser despojados de sus tierras.
Es decir, el decreto expropiatorio de la nueva reserva ecológica y la posible afectación de sus terrenos creó una división al interior de las comunidades que vieron nacer al EZLN, y donde este grupo aún tiene una fuerte presencia.
El miécoles, nuevamente autoridades federales arribaron al municipio de Ocosingo, con la intensión de “conciliar entre las partes”.
Sin embargo, esta comisión estuvo encabezada por la ahora diputada federal del PAN, Martha Cecilia Díaz Gordillo, quien fue la que llevó a cabo el proceso de negociación para sacar a cientos de indígenas de la zona de la selva, cuando ocupó la delegación de la SRA en Chiapas.
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