Isaín Mandujano.
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 15 de febrero.- Líderes magisteriales exigieron hoy al Congreso local la derogación del delito de "incitación a la violencia", de reciente creación en el estado y plasmado en el artículo 378 bis del Código Penal.
Se trata de “un claro ejemplo de lo que es la ‘criminalización’ de la manifestación social”, denunciaron los representantes de unos 45 mil maestros federalizados de la entidad.
En conferencia de prensa, recordaron que las detenciones de los dirigentes opositores al TLCAN, Felipe Hernández Yuena y Pedro Matusalén Vázquez, –el 31 de enero y el 5 de febrero, respectivamente--, sentó un mal precedente contra las manifestaciones en Chiapas.
Francisco Torres, secretario general de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que en el gremio "existe preocupación por la posible cacería de brujas contra quienes abiertamente se manifiesten contra alguna autoridad".
El líder sindical explicó que "los maestros de las diferentes regiones nos han hecho llegar su preocupación, porque creen que si hacen una difusión pública de su inconformidad contra la ley del ISSSTE o el TLCAN, pueden ser detenidos".
Un representante del sector indígena de la sección 7 del SNTE consideró que las reformas penales aprobadas apenas en enero pasado, "coartan la libertad de expresión y nos atan de manos para realizar alguna manifestación social. Sentimos que nos está acorralando".
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