Carlos Herrera
Venustiano Carranza, Chis; 24 de febrero. El Centro de Derechos Humanos “Fray Fartolomé de Las Casas” informó que fue presentada una denuncia penal contra el Ministerio de Justicia y demás funcionarios que habrían participado en un acto de tortura y detención arbitraria en agravio de Felipe Hernández Yuena.
En un comunicado, el Frayba informó que el profesor Felipe Hernández Yuena, con la representación legal del Centro, presentó el pasado 20 de febrero formal querella penal en contra de policías ministeriales y demás funcionarios adscritos al Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas que participaron en hechos de privación ilegal de la libertad, tortura.JPG)
e incomunicación.
Indicó sin embargo que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos del Ministerio de Justicia minimizó los delitos cometidos al admitir la denuncia con carácter de acta administrativa, sin otorgar, a la denuncia penal, la relevancia de una averiguación previa como lo establece la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Dijo que la demanda es por la detención arbitraria y tortura del profesor Felipe Hernández Yuena, originario de Venustiano Carranza, situación que también afrontó su hijo Pavel Santiago Hernández, de seis años de edad, quien permaneció detenido en el Ministerio de Justicia cerca de 9 horas antes de ser entregado a sus familiares el pasado 5 de febrero.
Señaló que una vez puesto en libertad a Felipe Hernández “bajo las reservas de ley”, Guillermo Penagos Villar, Fiscal Metropolitano dijo en presencia del Subsecretario de Relaciones Políticas, Yair Vázquez, que por instrucciones del gobernador era puesto en libertad, pero “que se la llevara calmada” y “que canalizara todo por las vías institucionales”.
El organismo defensor de los derechos humanos sostuvo que este caso “confirma la política de criminalización hacia la protesta social y la libertad de expresión, así como la política de persecución de los ciudadanos que intentan ejercer de manera libre sus derechos de carácter político reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales”.
Dicha política es ejercida por funcionarios del gobierno del estado, con fundamento en el inquisitivo tipo penal de “incitación a la violencia” adicionado recientemente al código penal del estado, que fue propuesto por el gobernador Juan Sabines Guerrero y aprobado por todas las fracciones del Congreso local en señal de subordinación al ejecutivo.
Esta actitud contradice además diversos instrumentos internacionales como lo son: Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, a los que el Estado Mexicano se comprometió a respetar.
Por tal razón, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas solicita que se castiguen a los elementos de la policía ministerial y funcionarios del Ministerio de Justicia que estuvieron encargados de la detención, custodia e interrogatorio de Hernández Yuena.
El Centro exige elevar a rango de averiguación previa la denuncia penal por tortura, incomunicación y privación ilegal de la libertad del profesor Felipe Hernández Yuena y su hijo Pavel Santiago Hernández Hernández. Pide también derogar inmediatamente los tipos penales de orden político como los son los de “sedición”, “rebelión” y de “incitación a la violencia”, los cuales criminalizan la protesta social, la libertad de expresión y alienta las detenciones arbitrarias y la tortura, y que implican una regresión en materia de Derechos Humanos.
“Que se aplique y de cumplimiento a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del estado de Chiapas en sus artículos 3 y 4, así como el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por México para Prevenir y Sancionar la Tortura y la aplicación del protocolo de Estambul”, indicaron.
Venustiano Carranza, Chis; 24 de febrero. El Centro de Derechos Humanos “Fray Fartolomé de Las Casas” informó que fue presentada una denuncia penal contra el Ministerio de Justicia y demás funcionarios que habrían participado en un acto de tortura y detención arbitraria en agravio de Felipe Hernández Yuena.
En un comunicado, el Frayba informó que el profesor Felipe Hernández Yuena, con la representación legal del Centro, presentó el pasado 20 de febrero formal querella penal en contra de policías ministeriales y demás funcionarios adscritos al Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas que participaron en hechos de privación ilegal de la libertad, tortura
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e incomunicación.Indicó sin embargo que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos del Ministerio de Justicia minimizó los delitos cometidos al admitir la denuncia con carácter de acta administrativa, sin otorgar, a la denuncia penal, la relevancia de una averiguación previa como lo establece la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Dijo que la demanda es por la detención arbitraria y tortura del profesor Felipe Hernández Yuena, originario de Venustiano Carranza, situación que también afrontó su hijo Pavel Santiago Hernández, de seis años de edad, quien permaneció detenido en el Ministerio de Justicia cerca de 9 horas antes de ser entregado a sus familiares el pasado 5 de febrero.
Señaló que una vez puesto en libertad a Felipe Hernández “bajo las reservas de ley”, Guillermo Penagos Villar, Fiscal Metropolitano dijo en presencia del Subsecretario de Relaciones Políticas, Yair Vázquez, que por instrucciones del gobernador era puesto en libertad, pero “que se la llevara calmada” y “que canalizara todo por las vías institucionales”.
El organismo defensor de los derechos humanos sostuvo que este caso “confirma la política de criminalización hacia la protesta social y la libertad de expresión, así como la política de persecución de los ciudadanos que intentan ejercer de manera libre sus derechos de carácter político reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales”.
Dicha política es ejercida por funcionarios del gobierno del estado, con fundamento en el inquisitivo tipo penal de “incitación a la violencia” adicionado recientemente al código penal del estado, que fue propuesto por el gobernador Juan Sabines Guerrero y aprobado por todas las fracciones del Congreso local en señal de subordinación al ejecutivo.
Esta actitud contradice además diversos instrumentos internacionales como lo son: Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, a los que el Estado Mexicano se comprometió a respetar.
Por tal razón, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas solicita que se castiguen a los elementos de la policía ministerial y funcionarios del Ministerio de Justicia que estuvieron encargados de la detención, custodia e interrogatorio de Hernández Yuena.
El Centro exige elevar a rango de averiguación previa la denuncia penal por tortura, incomunicación y privación ilegal de la libertad del profesor Felipe Hernández Yuena y su hijo Pavel Santiago Hernández Hernández. Pide también derogar inmediatamente los tipos penales de orden político como los son los de “sedición”, “rebelión” y de “incitación a la violencia”, los cuales criminalizan la protesta social, la libertad de expresión y alienta las detenciones arbitrarias y la tortura, y que implican una regresión en materia de Derechos Humanos.
“Que se aplique y de cumplimiento a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del estado de Chiapas en sus artículos 3 y 4, así como el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por México para Prevenir y Sancionar la Tortura y la aplicación del protocolo de Estambul”, indicaron.
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