Gobernador Sabines pidió a maestro torturado que “se calme”

Gobierno minimizó tortura contra Hernández Yuena

Fredy Martín Pérez.

Venustiano Carranza, Chis.-El gobierno estatal “minimizó” los hechos de tortura contra el profesor Felipe Hernández Yuena, por lo que solamente se iniciará un proceso administrativo en contra de policías y ministerios públicos, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
En un comunicado, el organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García demandó que “se castigue a los elementos de la Policía Ministerial y funcionarios del Ministerio de Justicia que estuvieron encargados de la detención, custodia e interrogatorio” de Hernández Yuena.
El cinco de febrero el maestro, y su hijo de seis años de edad, Pavel Santiago Hernández Hernández, fueron detenidos en el centro de Venustiano Carranza por elementos de la policía estatal.
Pavel permaneció detenido junto a su padre en el Ministerio de Justicia cerca de nueve horas, antes de ser entregado a sus familiares.
Días antes de su detención, el maestro, encabezó una protesta contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) en la capital del estado.
Ahora el Centro pide que se aplique y de cumplimiento a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del estado de Chiapas, en sus artículos 3 y 4, así como el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por México para Prevenir y Sancionar la Tortura y la aplicación del protocolo de Estambul.
Exige además derogar inmediatamente los tipos penales de orden político como “sedición”, “rebelión” y la incitación a la violencia”, los cuales criminalizan la protesta social, la libertad de expresión y alienta las detenciones arbitrarias y la tortura, y que implican una regresión en materia de derechos humanos”.
Y se “garantice el respeto a la integridad física y psicológica del profesor Felipe Hernández Yuena, su familia y amigos”.
El Centro considera que la detención del maestro Hernández Yuena es parte de una política de criminalización hacia la protesta social y la libertad de expresión
Agrega que este caso, “confirma la política de criminalización hacia la protesta social y la libertad de expresión, así como la política de persecución de los ciudadanos que intentan ejercer de manera libre sus derechos de carácter político reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos”.
Considera que esta política “es ejercida por funcionarios del gobierno del estado, con fundamento en el inquisitivo tipo penal de incitación a la violencia adicionado recientemente al código penal del estado, que fue propuesto por el gobernador Juan Sabines Guerrero y aprobado por todas las fracciones del congreso local en señal de subordinación al ejecutivo”.
Y prueba de lo anterior es que Hernández Yuena puesto en libertad bajo las reservas de la ley, Guillermo Penagos Villar, fiscal metropolitano, “le expuso en presencia del Subsecretario del Subsecretario de relaciones política, Fair Vázquez, “que por instrucciones del gobernador era puesto en libertad y que se la llevara calmada y que canalizará todo por las vías institucionales”.
Pero Hernández Yuena atajo al decir que “se ha desenvuelto en ejercicio de sus garantías individuales y que estas son irrenunciables”.