Gabriela Coutiño.
San Cristóbal de las Casas, México. 4 Feb.- En México, la impunidad es una norma, por el modelo de las imputaciones, que no permite que particulares u organizaciones, como existe en otros países, puedan presentar acusaciones ante el ministerio de justicia de individuales y de grupos, afirmó la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH).
En conferencia de prensa el organismo internacional lamentó que a 10 años de la matanza de Acteal, donde fueran masacrados por un grupo paramilitar 45 indígenas tzotziles, "a pesar de que ha quedado demostrado la responsabilidad de funcionarios públicos y grupos de paramilitares que estaban conectados directamente con órganos políticos y militares, la justicia ha funcionado con parcialidad".
Ignacio García, representante del Estado Español y miembro de la Comisión dijo que el grado de impunidad que existe en México ha alcanzado a otros estados, como Oaxaca. "Es muy triste reconocer que de los 23 homicidios en Oaxaca, no hay hoy en día una investigación, una detención, una acusación por los homicidios a más de un año de los hechos".
Señaló que la única forma de hacer justicia es haciendo una investigación, delimitando responsabilidades, castigando a los responsables y reparando el daño, no como lo que sucedió con los siete recién liberados de San Salvador Atenco, "los que después de un año ocho meses después de que fueran encarcelados, salieron libres de cargo, pero a los que ni siquiera se les pidió excusas públicamente, a pesar de que no se les encontró responsables de ningún delito".
Acteal
La CCIODH declaró que a 10 años de la matanza de 45 tzotziles de Acteal, el caso es conocido por muchos órganos internacionales por la falta de capacidad y de voluntad de hacer justicia.
"Se puede imaginar la impunidad que puede significar este caso, por las evidencias que existen de que funcionarios públicos y grupos paramilitares estaban conectados con órganos políticos y militares, además que ha quedado demostrado toda una estrategia política, toda una estrategia militar en la lucha contrainsurgente".
La comisión internacional resaltó que a 10 años, los tribunales mexicanos sólo han ejercido responsabilidades penales por homicidio, por acopio de armas, pero nunca ha valorado la asociación lícita de grupos paramilitares, ni ha encarcelado a altos funcionarios públicos ni militares, a pesar de los elementos de responsabilidad activa.
"Hay elementos suficientes para asegurar, para demostrar que el secretario técnico estatal del consejo de seguridad pública, Jorge Enrique Hernández Aguilar, invadió en su momento competencias propias de un ministerio fiscal ordenando el levantamiento de cadáveres, que no tenia competencia para ello, eliminando las evidencias y las pruebas que debieron ser importantes para poder imputar hechos a sus responsables", apuntaron.
En conferencia de prensa el organismo internacional lamentó que a 10 años de la matanza de Acteal, donde fueran masacrados por un grupo paramilitar 45 indígenas tzotziles, "a pesar de que ha quedado demostrado la responsabilidad de funcionarios públicos y grupos de paramilitares que estaban conectados directamente con órganos políticos y militares, la justicia ha funcionado con parcialidad".
Ignacio García, representante del Estado Español y miembro de la Comisión dijo que el grado de impunidad que existe en México ha alcanzado a otros estados, como Oaxaca. "Es muy triste reconocer que de los 23 homicidios en Oaxaca, no hay hoy en día una investigación, una detención, una acusación por los homicidios a más de un año de los hechos".
Señaló que la única forma de hacer justicia es haciendo una investigación, delimitando responsabilidades, castigando a los responsables y reparando el daño, no como lo que sucedió con los siete recién liberados de San Salvador Atenco, "los que después de un año ocho meses después de que fueran encarcelados, salieron libres de cargo, pero a los que ni siquiera se les pidió excusas públicamente, a pesar de que no se les encontró responsables de ningún delito".
Acteal
La CCIODH declaró que a 10 años de la matanza de 45 tzotziles de Acteal, el caso es conocido por muchos órganos internacionales por la falta de capacidad y de voluntad de hacer justicia.
"Se puede imaginar la impunidad que puede significar este caso, por las evidencias que existen de que funcionarios públicos y grupos paramilitares estaban conectados con órganos políticos y militares, además que ha quedado demostrado toda una estrategia política, toda una estrategia militar en la lucha contrainsurgente".
La comisión internacional resaltó que a 10 años, los tribunales mexicanos sólo han ejercido responsabilidades penales por homicidio, por acopio de armas, pero nunca ha valorado la asociación lícita de grupos paramilitares, ni ha encarcelado a altos funcionarios públicos ni militares, a pesar de los elementos de responsabilidad activa.
"Hay elementos suficientes para asegurar, para demostrar que el secretario técnico estatal del consejo de seguridad pública, Jorge Enrique Hernández Aguilar, invadió en su momento competencias propias de un ministerio fiscal ordenando el levantamiento de cadáveres, que no tenia competencia para ello, eliminando las evidencias y las pruebas que debieron ser importantes para poder imputar hechos a sus responsables", apuntaron.
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