Amaparo Aguilar víctima de la intolerancia religiosa

Ocho familias de Santa Rita, La Trinitaria buscan justicia

ANGELES MARISCAL
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- A sus 22 años, Amparo Aguilar revive la historia mil veces vivida: la de la intolerancia religiosa, la de los despojos, abusos, expulsiones a que someten a sus iguales los grupos caciquiles de las comunidades más pobres de Chiapas.

Amparo es evangélica, tiene un niño de dos años y desde hace un mes, deambulan por esta capital, junto con los integrantes de otras ocho familias que sufren las consecuencias de haberse adherido a otra religión, en un poblado como Santa Rita, ubicado en el municipio La Trinitaria, y habitado por mestizos e indígenas de origen tojolabal.

Desde marzo del 2005 fueron despojados de sus parcelas, y llegaron a esta capital para solicitar el auxilio de las autoridades. Quieren recuperar su patrimonio y regresar a su poblado, pero en una situación de igualdad.

No quieren abandonar su religión, sino que se les reconozca el derecho a ella. “Yo se que todos podemos tener la religión que queramos, es una injusticia que no hayan quitado el derecho a trabajar, que nos tengan encerrados en nuestros solares como si fuéramos delincuentes”, sostiene la mujer.

Hoy, el secretario de gobierno del estado, Roger Grajales, les hizo saber la respuesta oficial a su demanda: tienen que “negociar” con sus agresores, porque aplicar la ley en esa región “va a hacer más difícil su retorno”.

El funcionario explicó que a estas familias que desde el 23 de octubre viven, comen y duermen en la plaza a la que da el palacio de gobierno, se les ha ofrecido resolver los conflictos con los católicos de la comunidad Santa Rita, “pero no han aceptado“.

Dijo que hoy nuevamente los manifestantes pidieron solución al gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, quien les dijo que su problema no es fácil y que sigan sentados en la mesa de diálogo.

“Se han hecho innumerables acuerdos, propuestas y ofertas, pero los inconformes no han aceptado (…) Lo que desean es que se haga justicia, pero implica ejercitar la acción penal contra los que promovieron el despojo, eso es parte del cumplimiento de la ley, que se hará, pero va a generar un ambiente más difícil para su retorno”, explicó.

Agregó que se les ha ofrecido la restitución de sus tierras en la cabecera municipal, pero su posición es “radical”.

Una investigación realizada por especialistas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (Cocytech), bajo el auspicio del gobierno del estado, indica que en la región fronteriza -donde se ubica el municipio de La Trinitaria- en el año 2000 casi la cuarta parte de la población se había adherido a alguna de las religiones evangélicas.

En concreto 70 mil 574 habitantes, de un total de 329 mil 907, dijeron pertenecer a alguna de las creencias que comprenden la categoría de los evangélicos, señala la investigación denominada “Diversidad Religiosa y Conflicto en Chiapas”, publicado en 2005.

El libro señala que entre 1960 y 2001 se registraron en toda la entidad 339 conflictos religiosos que en conjuntos suman 432 actos de agresiones o violaciones a los derechos humanos; el 85 por ciento de ellos se registran en las regiones Altos y Fronteriza.

“Las manifestaciones más radicales son la expulsión, el secuestro, la agresión física y el homicidio; entre las expresiones intermedias se encuentran el encarcelamiento, la detención, la destrucción y despojo de bienes”, sostienen los especialistas.

Amparo llora de impotencia mientras cuenta su propia historia. “Yo no se si ahora hay menos o más expulsiones de evangélicos, lo que si se es que es que a nosotros nos despojaron, nos están obligando a salir, y no entiendo porqué si el gobernador es evangélicos y dijo que no se iba a permitir más abusos”.

Las ocho familias que instalaron su plantón en las puertas de palacio de gobierno, colocaron varias mantas; una de ellas dice “Hermano Pablo lastima de tu gobierno injusto contra los evangélicos”, en otra piden justicia y en una más demandan de la solidaridad de los transeúntes para que los apoyen con víveres y agua para sostener su movimiento.

Son 32 personas, entre ellas diez niños, algunos de ellos de brazos. Son las familias de los hermanos Adán, Rigoberto y José Aguilar Pérez; de Caralampio Aguilar Aguilar, Fredy García Aguilar, Federico Hernández Aguilar, Alfredo Aguilar López y Pablo Cruz Gómez.

Ellos compartían la zona ejidal de San Rita, hasta que en marzo del 2005 -hace más de un año- fueron notificados que, en virtud de no participar en las festividades y actividades religiosas y políticas del resto de la población, perdían su derecho a la tierra.

“El comisariado Gilllermo López García y una plebe de gente nos fue a ver, pusieron cercas en nuestras casas, nos encerraron en ellas como si fuéramos delincuentes. Ahora solo tenemos la casa y un patio como de 11 metros cuadrados. Tuvimos que vender la cosecha, y los puercos y las gallinas que teníamos”, explica Amaro.

Detalla que antes del despojo habían sido presionados para que abandonaran su religión. “Durante siete meses nos quitaron el acceso al agua entubada, íbamos por la calle y nos gritaban,

multaban a quien compraba en la tienda que teníamos. Nosotros somos ente de paz…”
Para sobrevivir, durante el año y medio que ha pasado desde el despojo, los padres de familia consiguieron trabajo de albañiles en la cabecera municipal de Comitán. Algunos otros alquilaron un pedazo de tierra donde siembran maíz y hortalizas.

“Que el gobierno haga lo que tenga que hacer, no vamos a cambiar de religión como nos lo exigen en la comunidad… primero Dios que todo salga bien”, sostienen mientras se vuelven a colocar en las escalinatas del lugar.