Sistema penitenciario fuente de violaciones a D. H

El sistema penitenciario en Chiapas y los cuerpos policiales, siguen siendo fuente de violaciones a los derechos humanos.


El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha dado seguimiento a eventos que se han venido sucediendo en el interior del Centro de Readaptación Social (CERESO) 14, El Amate. Las constantes denuncias y versiones de Internos y sus familiares, reiteran la participación de otros internos, conocidos como los “precisos”, que con la aparente anuencia del Lic. Armando Fabricio Maldonado, director del CERESO, llevan a cabo actividades que violan Los derechos humanos de los internos y presuponen actos ilícitos.

El pasado 18 de agosto hicimos la denuncia pública de la muerte sospechosa en el interior del CERESO 14, de Jesús Hernández Pérez, indígena tsotsil, ocurrida el
22 de julio de 2006; el Servicio Médico Forense (SEMEFO) afirmó a la viuda de
Jesús, Elena López, que había muerto de un paro cardiaco, ante lasirregularidades observadas por Elena y ante su exigencia de una investigación imparcial que dictaminara la causa real de la muerte de su esposo, se abrió la averiguación previa con el número 000086/CE5/2006, ante el Fiscal del Ministerio Público en Cintalapa.

El pasado 25 del mes de agosto el Ministerio Público, Lic. Rubisel Conde Santos, dictaminó no ejercer acción penal en contra de persona alguna por el delito de homicidio; basado en la necropsia de ley y el examen toxicológico. La necropsia indica muerte por “congestión visceral generalizada de etiología a determinar”, mientras que el examen toxicológico indica la existencia de residuos de cocaína.

A pesar de que la necropsia no indica que la muerte haya sido por consumo de enervantes, el Ministerio Público, haciendo uso del monopolio que le confiere el sistema de justicia mexicano, resolvió no investigar el posible homicidio por considerar que: “es más que evidente que la muerte del hoy occiso se debió a una congestión por el consumo de enervantes…”. En contra de lo denunciado por la viuda de Jesús y contradiciendo al Protocolo de Minnesota, el cual impone a los Estados parte, la obligación de realizar una investigación exhaustiva de las muertes de personas bajo custodia del Estado, para el Ministerio Público no hay causa que investigar, dictamen que debiera decidir un juez como sucede en otros países y no un Ministerio Público.

Algo aún más grave de lo que ocurre en el CERESO 14, es que la conclusión del examen toxicológico mencionado con anterioridad y por testimonio de internos, lleva a concluir que dentro del “El Amate”; puede existir una red de consumo y tráfico de enervantes, lo que lleva a presuponer la anuencia de las autoridades responsables del CERESO.

La situación que se vive al interior del CERESO es sumamente preocupante pues
bajo este contexto, se dan hechos de tortura, hostigamiento y amenazas, como en
el caso de Aureliano Álvarez y Tiburcio Gómez, quienes desde que fueron encarcelados en el CERESO 14, el pasado 29 de junio del año en curso, este Centro ha recibido las denuncias de Aureliano y de sus familiares, de haber sido amenazado y golpeado en repetidas ocasiones por parte de “los precisos”, reclusos que de acuerdo a los testimonios de las víctimas, actúan bajo las órdenes del director. Estos hechos han sido denunciados reiteradamente ante las autoridades competentes y en cada ocasión la respuesta ha sido una nueva agresión en contra de Aureliano.

Lo mismo ocurre con los reos que integran la organización “La Voz del Amate”, eventos que este Centro esta documentando y que nos reflejan la vulnerabilidad de las personas privados de su libertad en condiciones carcelarias no óptimas, en las que continuamente se están violando sus derechos humanos. En lo que va del año se han registrado estos y otros abusos de las autoridades encargadas de garantizar la aplicación de la ley con el debido respeto a los derechos humanos, el caso más reciente es la muerte de José Velásquez Pérez a manos de policías de Chiapa de Corzo el pasado 27 de agosto, situación similar a la muerte de Jesús Hernández Pérez en el CERESO 14, ambos estaban bajo custodia del Estado.

A pesar de las declaraciones del Fiscal General del Estado, Mariano Herrán Salvati, sobre las mejoras en el sistema de justicia y penitenciario, los hechos demuestras la existencia de tortura, de abuso de poder, la mala aplicación del monopolio de los Ministerios Públicos en las investigaciones, así como el uso del arraigo para violentar los derechos humanos de las personas presuntamente implicadas en actos delictivos.

Por todo ello, el Centro de Derechos Humanos demanda: Se investigue de manera imparcial los casos de muerte bajo custodia del Estado de Jesús Hernández y José Velásquez

Se investigue a las autoridades del CERESO 14 por la presunta participación en la muerte de Jesús Hernández, las agresiones físicas en contra de Aureliano Alvarez y Tiburcio Gómez y las amenazas a los reos organizados en “La Voz del Amate”; así como las redes de posible tráfico de drogas dentro del CERESO.

Una revisión y transformación de los centros penitenciarios que garanticen la
integridad y respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad.

Una depuración de Ministerios Públicos tanto como una reforma que eliminé el monopolio de la investigación de los mismos.

La depuración de los cuerpos policiales en el estado que garantice el verdadero acceso a la justicia y el apego al respeto a los derechos humanos.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.