Diputados piden a Herrán Salvatti no provocarlos.

Exigen a Herrán Salvatti y Roger Grajales dejar
de intimidar a los legisladores chiapanecos

*El diputado Roberto Ortiz, portavoz de los 14 diputados priístas, dijo que en sesión extraordinaria únicamente analizarán la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para
Rita Balboa Cuesta.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Ortiz Gutiérrez, exigió al fiscal General del Estado, Mariano Herrán Salvatti, y al secretario General de Gobierno, Roger Grajales, dejar a un lado las provocaciones e intimidaciones en contra del poder Legislativo de Chiapas.

“Proponemos a las demás fracciones que se exhorte a los funcionarios públicos del gobierno del estado para que dejen a un lado las provocaciones y amenazas hacia el PRI, que se le haga un extrañamiento al fiscal General para que deje de ser operador y vocero de dichas intimidaciones”, precisó Ortiz Gutiérrez.

El legislador local, portavoz de los 14 diputados priístas, dijo que en sesión extraordinaria únicamente analizarán la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Menores; mientras que el resto de las propuestas deberán ser analizadas a través de foros de consulta.

“En el caso concreto de la ley que garantiza la transparencia y derecho a la información publica del estado, deberá tomarse en consideración la propuesta de la fracción parlamentaria del PRI, en el sentido de que sea el Congreso del Estado quien nombre a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información, y no sea por designación directa del Poder Ejecutivo”, puntualizó.

El coordinador de la bancada priísta ante el Congreso del Estado afirmó que acudirán a los tribunales para demandar por omisión a quien resulte responsable en caso de que se incumpla lo que establece el artículo segundo transitorio de la reforma al artículo 18 constitucional.

Lo anterior, luego de que el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado a partir del 12 de marzo, fecha en que entró en vigor la reforma a la ley para menores, se contaron con 180 días para enviar la propuesta a ese recinto legislativo.