Ángeles Mariscal
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 03 de junio. Esposas e hijos de 33 presos indígenas de Chenalhó, acusados de participar en la masacre de Acteal, iniciaron un plantón en esta capital para pedir a las autoridades judiciales federales una nueva revisión de los procesos penales.
Explicaron que sólo una docena de los 78 actualmente detenidos, participó en los hechos. Los asesinos confesos exculparon a sus compañeros, sin embargo todos fueron sentenciados en procesos penales llenos de irregularidades jurídicas.
Un ejemplo es el de Bartolo Luna Pérez, detenido el 25 de diciembre de 1997, cuando el camión en el que viajaba fue interceptado por la multitud que llevaban a enterrar a los 45 muertos masacrados tres días atrás.
El anciano, ahora de 74 años de edad, fue bajado de forma violenta del camión por los policías estatales que custodiaban la marcha fúnebre.
"Mi papá nada tuvo que ver con la masacre, mi papá no tenía porque arriesgarse a que lo capturaran. Si hubiera sido responsable, se hubiera ido al monte a esconder, pero no tenía porque hacerlo, es inocente”, señaló su hija, Estela Luna, quien explicó que el anciano está sentenciado a 30 años de prisión.
La centena de personas que llegó este día a instalarse en la plaza central de la capital, formó el llamado “Comité de familiares y amigos de los inocentes presos del caso Acteal”. La mayoría de los indígenas únicamente hablan tsotsil.
En un escrito que presentaron, detallan que luego de 10 años, se ha llegado a esclarecer quienes de las más de cien personas que fueron detenidas, realmente participó en la masacre.
“Los otros fueron detenidos porque eran autoridades comunitarias, agentes municipales, comités o mesas directivas ejidales que fueron citadas para dialogar, y luego detenidas, son chivos expiatorios”.
Añade el documento que otros eran ciudadanos comunes “que tuvieron como único error estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Jóvenes que sólo querían vende un poco de café”.
Refieren que fueron engañados por los agentes de la PGR, quienes al detenerlos sólo les dijeron que iban a “aclarar” algún hecho, y que incluso se tomaron fotografías con los agentes, porque les dijeron que les iban a pagar hotel y comida durante los días que estuvieran en la capital del estado.
Añexan el número de expediente y nombre de los indígenas a los que consideran inocentes.
De acuerdo al informe más reciente de la PGR, fueron absueltos únicamente seis de los poco más de cien indígenas que fueron detenidos, otros 87 fueron procesados. Actualmente 27 purgan condenas de entre 35 y 40 años de prisión. Los procesos penales de otros 49 se encuentran aún proceso, debido a que apelaron por tercera ocasión su sentencia.
Dos más fueron condenados a 25 años de prisión, pero liberados por razones de humanidad, a consecuencia de problemas de salud y edad avanzada. Otros dos están esperando les sea dictada nuevamente sentencia de primera instancia, ya que hubo reposición de procedimiento.
Los delitos que les imputaron fueron homicidio calificado, lesiones calificadas, portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Se encuentran pendientes por ejecutar 27 órdenes de aprehensión por este caso.
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 03 de junio. Esposas e hijos de 33 presos indígenas de Chenalhó, acusados de participar en la masacre de Acteal, iniciaron un plantón en esta capital para pedir a las autoridades judiciales federales una nueva revisión de los procesos penales.
Explicaron que sólo una docena de los 78 actualmente detenidos, participó en los hechos. Los asesinos confesos exculparon a sus compañeros, sin embargo todos fueron sentenciados en procesos penales llenos de irregularidades jurídicas.
Un ejemplo es el de Bartolo Luna Pérez, detenido el 25 de diciembre de 1997, cuando el camión en el que viajaba fue interceptado por la multitud que llevaban a enterrar a los 45 muertos masacrados tres días atrás.
El anciano, ahora de 74 años de edad, fue bajado de forma violenta del camión por los policías estatales que custodiaban la marcha fúnebre.
"Mi papá nada tuvo que ver con la masacre, mi papá no tenía porque arriesgarse a que lo capturaran. Si hubiera sido responsable, se hubiera ido al monte a esconder, pero no tenía porque hacerlo, es inocente”, señaló su hija, Estela Luna, quien explicó que el anciano está sentenciado a 30 años de prisión.
La centena de personas que llegó este día a instalarse en la plaza central de la capital, formó el llamado “Comité de familiares y amigos de los inocentes presos del caso Acteal”. La mayoría de los indígenas únicamente hablan tsotsil.
En un escrito que presentaron, detallan que luego de 10 años, se ha llegado a esclarecer quienes de las más de cien personas que fueron detenidas, realmente participó en la masacre.
“Los otros fueron detenidos porque eran autoridades comunitarias, agentes municipales, comités o mesas directivas ejidales que fueron citadas para dialogar, y luego detenidas, son chivos expiatorios”.
Añade el documento que otros eran ciudadanos comunes “que tuvieron como único error estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Jóvenes que sólo querían vende un poco de café”.
Refieren que fueron engañados por los agentes de la PGR, quienes al detenerlos sólo les dijeron que iban a “aclarar” algún hecho, y que incluso se tomaron fotografías con los agentes, porque les dijeron que les iban a pagar hotel y comida durante los días que estuvieran en la capital del estado.
Añexan el número de expediente y nombre de los indígenas a los que consideran inocentes.
De acuerdo al informe más reciente de la PGR, fueron absueltos únicamente seis de los poco más de cien indígenas que fueron detenidos, otros 87 fueron procesados. Actualmente 27 purgan condenas de entre 35 y 40 años de prisión. Los procesos penales de otros 49 se encuentran aún proceso, debido a que apelaron por tercera ocasión su sentencia.
Dos más fueron condenados a 25 años de prisión, pero liberados por razones de humanidad, a consecuencia de problemas de salud y edad avanzada. Otros dos están esperando les sea dictada nuevamente sentencia de primera instancia, ya que hubo reposición de procedimiento.
Los delitos que les imputaron fueron homicidio calificado, lesiones calificadas, portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Se encuentran pendientes por ejecutar 27 órdenes de aprehensión por este caso.
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