San Cristóbal de las Casas, Chis.- 14 años después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 258 familias de desplazados de los municipios de Ocosingo y Altamirano, continúan reclamando la atención de los gobierno federal y estatal, para recuperar sus tierras que se encuentran en poder de desconocidos.
“Por falta de voluntad política de nuestros gobiernos han pasado años, y no se ha cumplido en atender las demandas de los ejidatarios desplazados; no somos solicitantes de tierra, lo que nosotros le hemos propuesto al actual gobierno, es el pago de derechos agrarios”, señalan en una carta.
Ejidatarios de Plan de Guadalupe, Santa Elena, El Prado, Amador Hernández González, El Guanal, Las Tacitas, Hermenegildo Galeana, Las Tacitas, Ramón F. Balboa, Santa Lucía, Avellanal, Ibarra, La Sultana, San Francisco, Nuevo Altamirano, Lázaro Cárdenas, San Marcos, todos ellos ubicados en la región de Las Cañadas, reclaman que a más de 14 años de su desplazamiento forzado, “no existen las condiciones de retorno; y este asunto no se ha resuelto”.
En el texto, los ejidatarios explican que en virtud de la falta de voluntad de los gobiernos que han dejado correr los años, han determinado que “es mejor que se les pague por los derechos agrarios” propuesta que hicieron llegar en 2007 al gobernador Juan Sabines Guerrero.
“Se les hizo esta propuesta, por falta de capacidad y voluntad del gobierno. Hasta la fecha no se nos ha dado ninguna propuesta, mucho menos alternativa de negociación. Por lo que vemos, este asunto no lo han tomado en serio ni con responsabilidad los funcionarios. Se nos planteó que en el 2008 le daría seguimiento y respuesta favorable, pero no vemos claro”.
Los ejidatarios de las cañadas consideran que el hecho de que permanezcan desplazados a más de 14 años del levantamiento armado del EZLN, no es un evento aislado, “es solo una manifestación más de la violencia estructural”.
“El desplazamiento tiene que ver fundamentalmente, con la injusticia y la violencia generada por el olvido, la discriminación y la impunidad. Por lo tanto las medidas de solución se deben de apuntar a una verdadera aplicación de la justicia que contemple la verdad, juicio justo, y la reparación de los daños por lo que hoy pedimos a que se nos atienda con acciones concretas para la atención integral de este problema”.
Los labriegos solicitan a la Comisión de Derechos Indígenas, a la Secretaría de Pueblos Indios, al Comisionado para la paz, y al titular de Asuntos Agrarios, den seguimiento
a este problema, “ya que solo se manifiestan- que están trabajando pero no han demostrado con hechos los avances de lo que están haciendo o han dejado de hacer”.
En su carta enviada a los medios de comunicación, al relator de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, entre otros, los campesinos desplazados advierten de que en caso de no tener respuesta favorable a sus peticiones, o una respuesta alternativa, las 258 familias retornaran por su cuenta, para formar un nuevo centro de población dentro de la reserva de los Montes Azules, porque “nosotros también tenemos los mismos derechos de vivir dignamente con nuestras familias”.
En su denuncia, solicitan que sea través del gobierno del estado, se les notifique el avance de la propuesta presentada en el 2007. La propuesta consiste que se les pague un monto de 5, 400 pesos por hectárea de los predios invadidos, aunque a algunas familias ya se les pagó la cantidad de $ 360,000.00 mil pesos.
Los ejidatarios piden se les considere en este mismo programa, ya que señalan lo amparan con el certificado de derechos agrarios.
“A mas de 13 años de diálogo y acercamiento con diversos funcionarios de los ex gobernantes, que no tuvieron voluntad política de cumplir con las propuestas presentadas, tampoco tomaron en cuenta algunos acuerdos realizado en todo el proceso de negociación, es por ello que una vez más le planteamos a usted gobernador Juan Sabines, y a sus funcionarios tomando en cuenta su voluntad y capacidad para poder solucionar este asunto, se requiere una respuesta y no una promesa más de las cuales estamos cansados de escuchar, las mismas falsas esperanzas que solo causan sentimiento en nuestras familias”.
Finalmente, los ejidatarios desplazados por el EZLN piden entablar una mesa de trabajo, con personal capacitado, y así buscar solución armoniosa y pacifica a esta demanda la cual aquejan los ejidatarios y familias desplazadas.
Exigen se haga valer la constitución mexicana y se revise los principios rectores del desplazamiento interno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Por falta de voluntad política de nuestros gobiernos han pasado años, y no se ha cumplido en atender las demandas de los ejidatarios desplazados; no somos solicitantes de tierra, lo que nosotros le hemos propuesto al actual gobierno, es el pago de derechos agrarios”, señalan en una carta.
Ejidatarios de Plan de Guadalupe, Santa Elena, El Prado, Amador Hernández González, El Guanal, Las Tacitas, Hermenegildo Galeana, Las Tacitas, Ramón F. Balboa, Santa Lucía, Avellanal, Ibarra, La Sultana, San Francisco, Nuevo Altamirano, Lázaro Cárdenas, San Marcos, todos ellos ubicados en la región de Las Cañadas, reclaman que a más de 14 años de su desplazamiento forzado, “no existen las condiciones de retorno; y este asunto no se ha resuelto”.
En el texto, los ejidatarios explican que en virtud de la falta de voluntad de los gobiernos que han dejado correr los años, han determinado que “es mejor que se les pague por los derechos agrarios” propuesta que hicieron llegar en 2007 al gobernador Juan Sabines Guerrero.
“Se les hizo esta propuesta, por falta de capacidad y voluntad del gobierno. Hasta la fecha no se nos ha dado ninguna propuesta, mucho menos alternativa de negociación. Por lo que vemos, este asunto no lo han tomado en serio ni con responsabilidad los funcionarios. Se nos planteó que en el 2008 le daría seguimiento y respuesta favorable, pero no vemos claro”.
Los ejidatarios de las cañadas consideran que el hecho de que permanezcan desplazados a más de 14 años del levantamiento armado del EZLN, no es un evento aislado, “es solo una manifestación más de la violencia estructural”.
“El desplazamiento tiene que ver fundamentalmente, con la injusticia y la violencia generada por el olvido, la discriminación y la impunidad. Por lo tanto las medidas de solución se deben de apuntar a una verdadera aplicación de la justicia que contemple la verdad, juicio justo, y la reparación de los daños por lo que hoy pedimos a que se nos atienda con acciones concretas para la atención integral de este problema”.
Los labriegos solicitan a la Comisión de Derechos Indígenas, a la Secretaría de Pueblos Indios, al Comisionado para la paz, y al titular de Asuntos Agrarios, den seguimiento
a este problema, “ya que solo se manifiestan- que están trabajando pero no han demostrado con hechos los avances de lo que están haciendo o han dejado de hacer”.
En su carta enviada a los medios de comunicación, al relator de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, entre otros, los campesinos desplazados advierten de que en caso de no tener respuesta favorable a sus peticiones, o una respuesta alternativa, las 258 familias retornaran por su cuenta, para formar un nuevo centro de población dentro de la reserva de los Montes Azules, porque “nosotros también tenemos los mismos derechos de vivir dignamente con nuestras familias”.
En su denuncia, solicitan que sea través del gobierno del estado, se les notifique el avance de la propuesta presentada en el 2007. La propuesta consiste que se les pague un monto de 5, 400 pesos por hectárea de los predios invadidos, aunque a algunas familias ya se les pagó la cantidad de $ 360,000.00 mil pesos.
Los ejidatarios piden se les considere en este mismo programa, ya que señalan lo amparan con el certificado de derechos agrarios.
“A mas de 13 años de diálogo y acercamiento con diversos funcionarios de los ex gobernantes, que no tuvieron voluntad política de cumplir con las propuestas presentadas, tampoco tomaron en cuenta algunos acuerdos realizado en todo el proceso de negociación, es por ello que una vez más le planteamos a usted gobernador Juan Sabines, y a sus funcionarios tomando en cuenta su voluntad y capacidad para poder solucionar este asunto, se requiere una respuesta y no una promesa más de las cuales estamos cansados de escuchar, las mismas falsas esperanzas que solo causan sentimiento en nuestras familias”.
Finalmente, los ejidatarios desplazados por el EZLN piden entablar una mesa de trabajo, con personal capacitado, y así buscar solución armoniosa y pacifica a esta demanda la cual aquejan los ejidatarios y familias desplazadas.
Exigen se haga valer la constitución mexicana y se revise los principios rectores del desplazamiento interno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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