Protestan por la incursión militar en 28 de junio

Angeles Mariscal.

Venustiano Carranza, Chis., 31 de agosto. Organizaciones humanitarias de derechos humanos, y grupos campesinos protestaron contra la incursión que el pasado martes realizaron efectivos del Ejército Mexicano en la comunidad 28 de Junio del municipio Venustiano Carranza, habitada por integrantes de l Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).
Los campesinos afectados denunciaron que ante la imposibilidad de que le sean halladas pruebas para ligar a sus líderes con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el gobierno federal ha desplegado ya una estrategia para vincularlos con el narcotráfico, tráfico de indocumentados, homicidio, secuestro, robos, entre otros, para así poder llevarlos a prisión.
Los campesinos y las organizaciones exigieron a las autoridades se garantice la integridad física y psicológica, las garantías al debido proceso y de seguridad jurídica a los integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata OCEZ así como de las poblaciones de la comunidad 28 de junio.
Entre las organizaciones que enviaron una carta de protesta por el operativo, al gobierno federal y al Secretario de la Defensa, se encuentran la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM).
También la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (COMADH), el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDAPHI), el Comité cerezo, La Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Comité Cerezo, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).
Los denunciantes explican que a tres días de los hechos, los pobladores de 28 de junio siguen padeciendo patrullajes policiacos y militares en los alrededores de su comunidad.
“Están sufriendo hostigamiento para criminalizar su lucha y confundir a la opinión publica los gobiernos federal y estatal han tratado de fabricarles delitos, de vincularles con grupos armados y así justificar la represión en contra de los integrantes de la OCEZ y de las comunidades que integra la organización”, refirieron.
Por ello exigieron que se informe oficialmente de las acciones tomadas por parte de las autoridades, y el cese de las amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que menoscabe su dignidad humana.