Angeles Mariscal
Tuxla Gutiérrez, Chis., 03 de agosto. Por “equivocación”, un indígena tseltal de Amatenango del Valle, y su esposa, fueron detenidos y torturados por policías de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Luego que el indígena logró aclarar su identidad fue puesto en libertad.
El agraviado, Leonardo Hernández Escandón, puso una queja ante el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien denunció que esta acción es una evidencia de que en la entidad las detenciones arbitrarias en Chiapas son ejecutadas por agentes de investigación que no presentan identificación ni orden de aprehensión alguna, y la tortura en contra de indígenas es una práctica no erradicada.
Los hechos ocurrieron el 25 de julio pasado, frente al parador donde los indígenas de Amatenango ofertan su alfarería. Hasta ahí llegaron cuatro agentes adscritos a la Fiscalía del Ministerio Publico del municipio de Teopisca. Según la denuncia, Leonardo Hernández Escandón y su esposa Martiniana Navarro Núñez, originarios de la comunidad La Merced, se encontraban en la cabecera de ese municipio con la intención de comprar maíz para su consumo.
Los agentes detuvieron a Leonardo, a quien durante el traslado a las oficinas del Fiscal del Ministerio Público de Teopisca, lo torturaron, resultando con una herida seria, en la pierna derecha. La mujer fue golpeada al defender a su esposo
El centro humanitario refiere que ambas personas se encontraban frente a los locales de artesanías de Amatenango del Valle, a la orilla de la carretera, esperando que pasara la lluvia.
“Me preguntaron mi nombre, me agarraron, me dieron una patada en el pecho del costado derecho y me subieron al carro en la parte trasera, atrás del chofer, me agarraron del cuello y me tiraron en el piso de la camioneta, estando arriba me dijeron: ‘cierra los ojos hijo de tu puta madre’. Y en esos momentos me dieron otra patada en el pecho del costado derecho…
“Luego me sentaron y con las palmas me daban de golpes en la cabeza y en el cachete, me cachetearon, en todo el camino hasta llegar a Teopisca, diciéndome ‘agáchate, cierra los ojos’. Uno de ellos me agarraba del cincho y otro me agachaba la cabeza. Me rompieron todas las bolsas del pantalón.”
El indígena fue llevado primero a las oficinas de la Fiscalía en Teopisca, y luego a esta capital. “Estando en la Fiscalía me preguntaron mi nombre, el de mi esposa, el de mis hijos y el de mi hermano, así como los cultivos que hay en mi terreno. Ahí, en los separos de la Fiscalía se encontraban dos personas detenidas. Y ahí escuché que uno le llaman Oscar y el otro Juan Ton, y que dicen que viven en Teopisca.
Refiere que lo presentaron ante los dos detenidos, quienes dijeron no conocerlo. Por lo que ante el presunto “error” al detenerlo, “me dijeron que no dijera nada de lo que había pasado ya que me habían tratado muy bien. Que se habían confundido de persona. Me sacaron fotografías y me dijeron que disculpara porque no era el que andaban buscando.
“Luego dijeron que ya me podía ir a mi casa y me llevaron a la terminal de las combis que vienen a San Cristóbal, dándome la cantidad de 150 pesos para mi pasaje.”
El Centro de Derechos Humanos dijo que este caso denuncia una vez más las formas de privación arbitraria de la libertad, uso desproporcionado e indebido de la fuerza publica, tratos o penas crueles inhumanas y degradantes, que ejerce el Estado, como a la que fue sujeto, en esta ocasión, el Señor Leonardo Hernández Escandón y la Señora Martiniana Navarro Núñez.
“Este caso demuestra una vez más que el método de investigación de delitos en Chiapas privilegia la tortura y lo malos tratos, además de la ilegalidad de las detenciones que vulneran los derechos de cualquier ciudadano”.
Hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes.
“En la medida en que la inseguridad es promovida en primer lugar por los servidores públicos, a través de sus agentes policiacos y de investigación o de cualquier otro, se deslegitima para ejercer la autoridad”.
Exige sancionar la violación a los derechos humanos del Señor Leonardo Hernández Escandón y la Señora Martiniana Navarro Núñez.
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