Fredy Martín Pérez.
La Trinitaria, Chis; 19 de a
gosto.- El desalojo de dos poblados en Montes Azules, Buen Samaritano y Nuevo Salvador Allende, con más de tres décadas de fundados, el gobierno quiere aplicar la estrategia de “quitar los granos más débiles” para desgranar la mazorca, denunció Miguel Ángel García Aguirre, de la organización Maderas del Pueblo del Sureste.
Y aseguró que estos desalojos se enmarcan en la entrega de las 36 mil hectáreas que anunció el gobierno federal a la comunidad lacandona, la administradora legal de la reserva de Montes Azules, de 300 mil hectáreas.
El desalojo del sábado “sin duda se enmarca en el plan de despeje territorial de una de las zonas más ricas de biodiversidad y agua, y coyunturalmente, engancharla a las 36 mil hectáreas rescatadas por el gobierno federal, en las que se incluye 14 mil de un reciente decreto fantasma cuyo mapa y ubicación no se establece su ubicación”.
El ambientalista expuso que con lo ahora visto, el gobierno empezó a atacar a los grupos más débiles que se han asentado en la biosfera, ubicada en la región más oriental de la entidad, aun cuando tengan varias décadas de vivir ahí.
Los poblados Buen Samaritano y Nuevo Salvado Allende fundados hace tres décadas eran parte de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Unión de Uniones, que en el proceso de regularización de 1989 promovido por el presidente Carlos Salinas de Gortari fueron excluidos.
En esa ocasión por resolución presidencial sólo entregaron títulos de propiedad a 26 comunidades de Montes Azules y se les reconocieron como ejidos, pero no así Nuevo Salvador Allende y Buen Samaritano.
“Les dijeron que después vendría una segunda etapa y jamás los pelaron”, explicó García Aguirre, que adelantó que el desalojo es un “claro mensaje” para varios poblados que aun se encuentran en Montes Azules.
Entre estos, Salvador Allende, San Antonio Miramar, Nuevo San Gregorio y Nuevo Corozal, que se ubican en la porción central de la reserva y que son parte de la ARIC independiente.
Así también para los habitantes de San Jacinto Lacanjá y Flor de Cacao, ubicados en la Sierra de La Corolita, en la ribera del Río Usumacinta, cerca del poblado de Viejo Velasco Viejo, donde en noviembre del 2006, fueron asesinados al menos seis indígenas.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tiene bases de apoyo en la zona de las Laguna Ocotal, Suspiro y Yanqui, en la porción norte de la reserva, así como Nuevo Limar, ésta ubicada al sur de Laguna Miramar.
Buen Samaritano estaba habitado por una familia, con un padre, sus tres hijos, las esposas de éstos y sus hijos.
Originalmente eran parte del EZLN, pero luego pasaron a formar parte de la ARIC, pero ésta organización los desconoció porque el padre de familia empezó a manejar la propiedad como un rancho privado.
La ARIC lo quiso controlar para que no metiera ganado a la reserva y no le hizo caso. “Al final quedó descobijado”.
Nuevo Salvador Allende fue fundado a raíz de la división del poblado Salvador Allende y sus habitantes fueron miembros de la ARIC Unión de Uniones.
Así, el activista considera que vienen nuevos desalojos en Montes Azules, tal como lo anunció a principios de abril el Secretario de Reforma Agraria (SRA), Abelardo Escobar Prieto, en una visita a Chiapas, en el sentido de que ningún poblado de la reserva se iba a regularizar y “tendrían que reubicarse por las buenas o por las malas”.
Estudioso y conocedor del fenómeno agrario en la Selva Lacandona, García Aguirre contó que desde que el gobierno anunció la incorporación de 36 mil hectáreas a la reserva, Maderas del Pueblo del Sureste ha solicitado a la SRA que informe la ubicación de las 14 mil hectáreas que fueron “coyunturalmente enganchadas” a las 36 mil hectáreas, pero el gobierno federal se ha negado a informar, al alegar que sólo se les puede informar a los comuneros.
Al cerrarse esta vía lo hicieron por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), pero a la consejera Jackelín Pechar pidió un plazo de 50 días para cumplir con la solicitud, pero ha sido sólo “para ganar tiempo”, agregó García Aguirre.
La preocupación de Maderas del Pueblo del Sureste desde que se anunció el decreto es que en este no se especifican los poligonales, mucho menos existen planos de la ubicación de la tierras expropiadas.
La SRA dio a conocer en su oportunidad que por la expropiación de 14 mil 96 hectáreas entregarán 58 millones de pesos de indemnización a la comunidad lacandona, que es la administradora legal de la reserva.
En anteriores expropiaciones, la comunidad lacandona ha recibido recursos millonarios, pero estos los ha utilizado para la compra de ganado, camionetas “chocolate” y gastado en pachangas en prostíbulos de Palenque y Benemérito de las Américas, con lo que están lejos de fomentar el rescate de la reserva, ha resultado perjudicial, explicó García Aguirre.
La Trinitaria, Chis; 19 de a
gosto.- El desalojo de dos poblados en Montes Azules, Buen Samaritano y Nuevo Salvador Allende, con más de tres décadas de fundados, el gobierno quiere aplicar la estrategia de “quitar los granos más débiles” para desgranar la mazorca, denunció Miguel Ángel García Aguirre, de la organización Maderas del Pueblo del Sureste.Y aseguró que estos desalojos se enmarcan en la entrega de las 36 mil hectáreas que anunció el gobierno federal a la comunidad lacandona, la administradora legal de la reserva de Montes Azules, de 300 mil hectáreas.
El desalojo del sábado “sin duda se enmarca en el plan de despeje territorial de una de las zonas más ricas de biodiversidad y agua, y coyunturalmente, engancharla a las 36 mil hectáreas rescatadas por el gobierno federal, en las que se incluye 14 mil de un reciente decreto fantasma cuyo mapa y ubicación no se establece su ubicación”.
El ambientalista expuso que con lo ahora visto, el gobierno empezó a atacar a los grupos más débiles que se han asentado en la biosfera, ubicada en la región más oriental de la entidad, aun cuando tengan varias décadas de vivir ahí.
Los poblados Buen Samaritano y Nuevo Salvado Allende fundados hace tres décadas eran parte de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Unión de Uniones, que en el proceso de regularización de 1989 promovido por el presidente Carlos Salinas de Gortari fueron excluidos.
En esa ocasión por resolución presidencial sólo entregaron títulos de propiedad a 26 comunidades de Montes Azules y se les reconocieron como ejidos, pero no así Nuevo Salvador Allende y Buen Samaritano.
“Les dijeron que después vendría una segunda etapa y jamás los pelaron”, explicó García Aguirre, que adelantó que el desalojo es un “claro mensaje” para varios poblados que aun se encuentran en Montes Azules.
Entre estos, Salvador Allende, San Antonio Miramar, Nuevo San Gregorio y Nuevo Corozal, que se ubican en la porción central de la reserva y que son parte de la ARIC independiente.
Así también para los habitantes de San Jacinto Lacanjá y Flor de Cacao, ubicados en la Sierra de La Corolita, en la ribera del Río Usumacinta, cerca del poblado de Viejo Velasco Viejo, donde en noviembre del 2006, fueron asesinados al menos seis indígenas.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tiene bases de apoyo en la zona de las Laguna Ocotal, Suspiro y Yanqui, en la porción norte de la reserva, así como Nuevo Limar, ésta ubicada al sur de Laguna Miramar.
Buen Samaritano estaba habitado por una familia, con un padre, sus tres hijos, las esposas de éstos y sus hijos.
Originalmente eran parte del EZLN, pero luego pasaron a formar parte de la ARIC, pero ésta organización los desconoció porque el padre de familia empezó a manejar la propiedad como un rancho privado.
La ARIC lo quiso controlar para que no metiera ganado a la reserva y no le hizo caso. “Al final quedó descobijado”.
Nuevo Salvador Allende fue fundado a raíz de la división del poblado Salvador Allende y sus habitantes fueron miembros de la ARIC Unión de Uniones.
Así, el activista considera que vienen nuevos desalojos en Montes Azules, tal como lo anunció a principios de abril el Secretario de Reforma Agraria (SRA), Abelardo Escobar Prieto, en una visita a Chiapas, en el sentido de que ningún poblado de la reserva se iba a regularizar y “tendrían que reubicarse por las buenas o por las malas”.
Estudioso y conocedor del fenómeno agrario en la Selva Lacandona, García Aguirre contó que desde que el gobierno anunció la incorporación de 36 mil hectáreas a la reserva, Maderas del Pueblo del Sureste ha solicitado a la SRA que informe la ubicación de las 14 mil hectáreas que fueron “coyunturalmente enganchadas” a las 36 mil hectáreas, pero el gobierno federal se ha negado a informar, al alegar que sólo se les puede informar a los comuneros.
Al cerrarse esta vía lo hicieron por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), pero a la consejera Jackelín Pechar pidió un plazo de 50 días para cumplir con la solicitud, pero ha sido sólo “para ganar tiempo”, agregó García Aguirre.
La preocupación de Maderas del Pueblo del Sureste desde que se anunció el decreto es que en este no se especifican los poligonales, mucho menos existen planos de la ubicación de la tierras expropiadas.
La SRA dio a conocer en su oportunidad que por la expropiación de 14 mil 96 hectáreas entregarán 58 millones de pesos de indemnización a la comunidad lacandona, que es la administradora legal de la reserva.
En anteriores expropiaciones, la comunidad lacandona ha recibido recursos millonarios, pero estos los ha utilizado para la compra de ganado, camionetas “chocolate” y gastado en pachangas en prostíbulos de Palenque y Benemérito de las Américas, con lo que están lejos de fomentar el rescate de la reserva, ha resultado perjudicial, explicó García Aguirre.
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