Embargado: 31 de julio, 2007
México Oaxaca: Clamor por la justicia
Introducción
Comentaba con mis amigas a dónde deberíamos ir cuando de repente llegan dos camionetas a toda velocidad con preventivos [policías] bien armados quienes nos encañonaron […]. Uno me agarró y me aventó al suelo gritándome: “Te creías muy revolucionaria, ¿no? ¿No que muy rebelde? ¡Ahora sí vas a saber lo que es bueno, pinche pendeja! Viejas putas, ¿qué andan haciendo por aquí?”. Me dio un golpe que me abrió la frente y comencé a sangrar; se acercaron dos más y comenzaron a patearme y a golpearme hasta que ya no pude moverme; gritaban: “Nos las vamos a chingar como nos chingamos a las viejas de Atenco”. De ahí se fueron a golpear a otros, algunos ya inconscientes y otros a punto de desmayarse por los golpes recibidos. Regresaron por mí y me arrastraron hacía un montón de personas. Rosalba Aguilar Sánchez, detenida el 25 de noviembre de 2006 por la Policía Federal Preventiva en el centro de la ciudad de Oaxaca
En junio de 2006, estallaron en el estado de Oaxaca protestas generalizadas para pedir la dimisión del gobernador. Durante varios meses, la ciudad de Oaxaca quedó paralizada. La agitación política continuó hasta bien entrado 2007, y provocó una dilatada crisis de seguridad pública. La mayoría de las protestas fueron pacíficas. Sin embargo, se produjeron numerosos choques violentos entre sectores del movimiento de oposición, las fuerzas de seguridad y los simpatizantes del gobierno del estado. Al menos 18 personas murieron en circunstancias aún por aclarar, y otras muchas sufrieron lesiones graves. La mayoría de las víctimas mortales eran manifestantes, pero al menos dos de ellas eran contrarias al movimiento de protesta. Asimismo, a consecuencia de los disturbios, se produjeron daños graves en viviendas y propiedades.
Este informe se centra en algunas de las violaciones graves de los derechos humanos denunciadas durante la crisis, como el uso de fuerza excesiva (incluida fuerza letal), detención arbitraria y en régimen de incomunicación, malos tratos y tortura, amenazas, hostigamiento de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas, y violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo. Según informes, la policía municipal, estatal y federal fue la responsable de la mayoría de estos abusos, aunque en varios casos, los protagonizaron miembros de la policía no uniformada o grupos de hombres armados coordinados, al parecer, con las fuerzas de seguridad.
Existen pocos datos que apunten a investigaciones serias e imparciales de las autoridades estatales sobre estos abusos. En la mayoría de los casos, no se ha protegido la escena del crimen ni se han reunido y conservado pruebas de forma oportuna. Se ha pedido a las víctimas o a sus familiares que aporten pruebas de los abusos, pero se les ha facilitado poco apoyo profesional de los investigadores oficiales o ninguno. En muchos casos, la detención y acusación de simpatizantes de la oposición se basó exclusivamente en declaraciones de agentes de policía y funcionarios del gobierno local y, al parecer, no se solicitó el testimonio de compañeros, amigos y otros testigos presenciales o la Procuraduría lo desestimó. Tampoco se han tomado medidas concretas para establecer mecanismos dignos de crédito e imparciales dedicados a investigar los abusos. Asimismo, hasta el momento han sido infructuosas las investigaciones federales sobre denuncias de abusos cometidos por funcionarios federales.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado parte de las numerosas violaciones de los derechos humanos que se cometieron en Oaxaca, y han formulado recomendaciones al respecto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado 15 muertes, y ha recibido quejas de 304 detenidos y 275 personas que resultaron lesionadas. En junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió abrir una investigación sobre los hechos de Oaxaca, en virtud de sus facultades constitucionales para efectuar investigaciones no judiciales ad hoc sobre violaciones graves de las garantías individuales. Sin embargo, en el momento de redactar el presente documento, la comisión de jueces encargada de llevar a término la tarea seguía esperando a que la SCJN estableciera los procedimientos pertinentes.
Los casos aquí documentados son sólo un pequeño porcentaje de los muchos que se denunciaron durante la crisis de Oaxaca. AI se reunió con víctimas, organizaciones de derechos humanos y abogados, así como autoridades federales y estatales durante sus visitas a Oaxaca en junio y noviembre de 2006. En el transcurso de su investigación, AI comprobó que muchas víctimas de violaciones de los derechos humanos temían ser objeto de represalias si presentaban una queja oficial. Las autoridades alegaron que las investigaciones no habían avanzado porque “es muy difícil cuando las supuestas víctimas no proporcionan la evidencia”. La inercia de las investigaciones oficiales sobre denuncias de violaciones de los derechos humanos contrasta diametralmente con la carga de prueba que se atribuye en la práctica a las víctimas para identificar a los perpetradores, buscar testigos que presten declaración y abrir vías de investigación. Esta falta de diligencia debida por parte de los investigadores es un obstáculo clave a la hora de acabar con la impunidad generalizada que se da en los sistemas de seguridad pública y justicia penal de México.
AI no toma partido en el conflicto político de Oaxaca, y sus motivos de preocupación se centran en el deber de las autoridades de enjuiciar a quienes participan en violaciones de los derechos humanos. Asimismo, AI entiende las dificultades a las que se enfrentan las autoridades en situaciones complejas de seguridad pública, en las que la policía puede ser blanco de amenazas o ataques violentos y tiene, además, el deber de mantener el orden público y proteger a la población en general. Sin embargo, AI cree que una actuación policial efectiva y segura para todas las personas se debe basar en el respeto al derecho internacional de los derechos humanos, reflejado en gran parte en la legislación mexicana. En la última parte del informe se formulan una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades, sobre las medidas que deben tomar para cumplir sus obligaciones.
Información generalEn mayo de 2006, la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sindicado de docentes de Oaxaca, convocó una huelga en apoyo de las negociaciones anuales sobre salarios y condiciones laborales. Miles de docentes en huelga ocuparon el centro de la ciudad de Oaxaca para apoyar sus reivindicaciones, y celebraron manifestaciones masivas.
El 14 de junio de 2006, en medio de una escalada de tensión, y de presiones a los docentes para que volvieran a sus puestos de trabajo, 700 agentes de la policía estatal trataron de retirarlos del centro de la ciudad. Esta operación dio lugar a denuncias generalizadas de uso excesivo de la fuerza y de varias detenciones arbitrarias de líderes sindicales. En consecuencia, las protestas se recrudecieron y se formó una heterogénea coalición en apoyo de los trabajadores de la educación, compuesta por docentes, organizaciones locales de carácter político y social, estudiantes y otras personas, que recibió el nombre de Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). La principal exigencia de la APPO era la dimisión del gobernador del estado, perteneciente al PRI (Partido Revolucionario Institucional), en el gobierno local.
En julio y agosto, simpatizantes del movimiento de oposición ocuparon varios edificios públicos y las principales cadenas de televisión y emisoras de radio locales. Según informes, al menos en tres ocasiones, hombres armados, entre ellos agentes de la policía estatal, abrieron fuego contra manifestantes desarmados que ocupaban canales de televisión y emisoras de radio, y provocaron la muerte de al menos una persona el 21 de agosto. Simpatizantes de la APPO montaron barricadas que impedían el acceso a muchas zonas de la ciudad. A medida que la situación se deterioraba, la policía detuvo a varias personas y, según informes, recluyó en régimen de incomunicación a algunas de ellas, quienes además fueron sometidas a malos tratos y tortura, y contra las que, al parecer, se presentaron pruebas falsas.
Durante los meses de septiembre y octubre, la ciudad de Oaxaca se vio paralizada por más de 1.800 barricadas y constantes manifestaciones. Las negociaciones de los gobiernos federal y estatal con el movimiento de oposición para resolver la crisis fracasaron estrepitosamente, y más de un millón de menores quedaron privados de acceso a la educación. El gobierno del estado pidió reiteradamente la intervención de las fuerzas del gobierno federal para terminar con las protestas.
El 27 de octubre, al menos cuatro personas perdieron la vida y otras muchas resultaron gravemente heridas en violentos enfrentamientos en las barricadas, entre simpatizantes de la APPO, funcionarios del gobierno local y partidarios de dicho gobierno. El 29 de octubre, el gobierno federal ordenó a 4.500 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que pusieran fin a las protestas y restablecieran el orden. Durante los cinco días posteriores murió al menos una persona que participaba en las protestas, a consecuencia del empleo de fuerza letal por la PFP, mientras que decenas más fueron detenidas. Muchas de estas últimas denunciaron haber sufrido malos tratos y aseguraron que se les había negado el derecho al debido proceso. Según las autoridades federales, 19 agentes de la Policía Federal Preventiva resultaron también lesionados, a consecuencia de las piedras, cócteles Molotov, proyectiles y cohetes pirotécnicos lanzados por algunos manifestantes.
El 25 de noviembre se produjeron violentos choques entre la policía estatal y federal y algunos manifestantes, que se saldaron con 149 detenciones y daños graves en edificios públicos. Sin embargo, según informes, muchas de las personas detenidas no participaron en los actos de violencia y, en algunos casos, tampoco habían acudido a la manifestación. Muchas de ellas fueron recluidas en régimen de incomunicación, sometidas a malos tratos o torturadas. Casi todas ellas quedaron en libertad durante el mes de enero, en su mayoría, bajo fianza, en espera de que se las juzgara por delitos como sedición, asociación delictuosa, sabotaje y daños a la propiedad ajena. Cuando el nuevo gobierno federal asumió el poder el 1 de diciembre de 2006, las autoridades estatales detuvieron a varios líderes de la APPO. En el momento de redactar este informe, al menos ocho activistas de la APPO continuaban bajo custodia.
Detención arbitraria, tortura y cargos falsos En repetidas ocasiones, los mecanismos de derechos humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado casos de detención arbitraria y en régimen de incomunicación, malos tratos y tortura en México. En el estado de Oaxaca, las autoridades estatales y federales han negado sistemáticamente estos hechos, y han aducido que, o bien se había sorprendido a las personas en cuestión cometiendo delitos, o se las había detenido tras investigaciones que habían reunido pruebas suficientes como para dictar una orden de detención. Sin embargo, en muchos casos documentados por AI, los cargos penales se basaban en declaraciones de los agentes que practicaron la detención. En varios casos, ni el ministerio público ni la judicatura parecen haber tomado ni siquiera medidas para corroborar dichas declaraciones o para determinar si se había demostrado correctamente la participación del sospechoso en los delitos.
En casi todos los casos documentados por AI, la detención, con o sin la orden pertinente, se efectuó de forma arbitraria. En numerosas ocasiones, la policía no se identificó, ni comunicó a la persona sospechosa que estaba bajo arresto, ni la informó de sus derechos. Además, tampoco se facilitó la comunicación de ésta con sus familiares, ni se le permitió acceder inmediatamente a un abogado y a atención médica.
Según el testimonio de Ramiro Aragón Pérez, ornitólogo, tanto él como su cuñado Elionai Santiago Sánchez, de profesión maestro, y su amigo, Juan Gabriel Ríos, fueron detenidos la noche del 9 de agosto de 2006 por individuos armados no identificados, en un barrio de las afueras al norte de la ciudad de Oaxaca. A Ramiro Aragón Pérez lo golpearon, le apagaron un cigarrillo en la frente, le hicieron un corte en la parte posterior del cuello y le arrancaron parte del cabello. Asimismo, según informes, los agresores amenazaron con violar y matar a su esposa e hijos. A Elionai Santiago Sánchez casi lo estrangularon, le golpearon en el abdomen, las costillas y el rostro, y le cortaron una oreja sin llegar a mutilársela. Juan Gabriel Ríos recibió también una brutal paliza. Según informes, los asaltantes hicieron varias llamadas a las autoridades y, media hora después, entregaron a los tres hombres a agentes de policía del estado de Oaxaca que esperaban en una calle lateral. A continuación, los trasladaron a la prisión municipal de Ejutla, donde un médico tomó sus nombres, sin facilitarles asistencia médica. A la mañana siguiente, un médico de la Procuraduría General de la República los examinó rápidamente, pero no los entrevistó detenidamente ni efectuó una evaluación exhaustiva de los traumas físicos y psicológicos, como exigen los procedimientos de la Procuraduría General de la República para casos de presunta tortura.
Los tres hombres fueron conducidos a la sede de la Procuraduría General de la República en la ciudad de Oaxaca, y acusados de posesión ilegal de armas de fuego. Según la policía del estado, se los detuvo cuando huían de una pelea callejera, con armas de fuego. Sin embargo, todos ellos negaron los cargos e informaron a la Procuraduría de que habían sido víctimas de tortura. No se emprendieron acciones.
A pesar de las incongruencias de las pruebas presentadas por la policía estatal no se efectuaron ulteriores investigaciones. Ramiro Aragón permaneció en prisión preventiva, mientras que Elionai Sánchez y Juan Gabriel Ríos quedaron en libertad bajo fianza, en espera de juicio. Durante los tres meses que pasó bajo custodia en la prisión Zimatlán de Álvarez, Ramiro Aragón no pudo ver al juez ni hablar con él en ningún momento, circunstancia que reproduce una constante en México, donde los jueces no suelen estar presentes en los juicios, y delegan sus funciones en funcionarios judiciales.
El 30 de octubre, se trasladó inesperadamente en avión a Ramiro Aragón, junto a otros dos presos, Germán Mendoza Nube y Erangelio Mendoza González, a Ciudad de México, ante la mesa oficial de negociaciones entre la Secretaría de Gobernación y el movimiento de oposición. Aún no se le ha comunicado si se han retirado los cargos en su contra, y su situación jurídica sigue siendo incierta, por lo que teme ser agredido o detenido en cualquier momento si regresa a Oaxaca. AI no tiene conocimiento de ninguna investigación sobre las denuncias de tortura o la forma en que se efectuó la detención de estos tres hombres.
Según informes, Felipe Sánchez Rodríguez, uno de los fundadores de Calpulli, organización de educación comunitaria que trabaja con menores en barrios marginales de la ciudad de Oaxaca, fue detenido de forma arbitraria el 25 de noviembre de 2006 y torturado por miembros de la PFP y de la Policía Judicial del Estado. Había participado en la manifestación de la APPO, ese mismo día, antes de que estallaran los disturbios.
Según testimonio de Felipe Sánchez, cuando caminaba por el centro de la ciudad de Oaxaca con un amigo, Edgar Alejandro Molina, hombres armados vestidos de civil que viajaban en una furgoneta sin matrícula les hicieron detenerse. Uno de ellos amartilló su pistola y golpeó a Felipe Sánchez en la sien, le agarró del cabello, y lo golpeó por todo el cuerpo, para acabar por obligarlo a subir a la parte trasera de la furgoneta. Tras haber forzado a ambos a echarse en el suelo de la furgoneta, los condujeron a un lugar desconocido, donde obligaron a Felipe Sánchez a quedarse en ropa interior y lo interrogaron sobre su relación con líderes de la APPO. Le vendaron los ojos con cinta adhesiva, y le aplicaron repetidas descargas eléctricas en la nariz. Sus interrogadores lo obligaron a tumbarse boca abajo en el suelo de cemento y lo amenazaron con cortarle los pulgares, que tenía atados a la espalda. Tras un breve periodo de tiempo, le desataron los brazos y le ordenaron que se vistiera y se sentara sin moverse. Cuando, por la incomodidad, se vio obligado a cambiar de postura, lo golpearon en la cabeza, las costillas y las piernas. A continuación, le obligaron a arrodillarse de cara a la pared y, cada vez que se movía, lo golpeaban. Más tarde, lo trasladaron, junto con Edgar Alejandro Molina y otros detenidos, a la prisión estatal de Tlacolula, donde les quitaron la cinta de los ojos y les hicieron pasar por una fila de policías, que los golpearon y amenazaron. Según Felipe Sánchez y otros detenidos, se les negó el acceso a un abogado de su elección.
Felipe Sánchez era una de las 149 personas detenidas, según informes, por la Policía Federal Preventiva y la Policía Judicial del Estado en la ciudad de Oaxaca, cuando una manifestación pacífica de la APPO derivó en enfrentamientos violentos el 25 de noviembre. Al menos cuatro de las personas detenidas eran menores, que posteriormente comparecieron ante tribunales de menores y quedaron en libertad. Según informes, muchas de las personas detenidas sufrieron malos tratos y tortura, y fueron privadas de asesoramiento legal y de la atención médica adecuada antes de trasladarlas a la prisión federal del estado de Nayarit, a unos 1.600 kilómetros, de forma que sus abogados y familiares no pudieron localizarlas durante varios días. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que al menos 13 de los detenidos fueron torturados por la Policía Judicial del Estado y la Policía Federal Preventiva. Felipe Sánchez fue acusado de asociación delictuosa, daños a la propiedad ajena y sedición. Posteriormente, se retiró el último cargo por orden de un juez federal, pero en el momento de redactar estas líneas seguía en marcha el proceso en el caso de los dos primeros.
“Me jalaron de mi trenza, me tiraron al suelo y me arrastraron dándome patadas, diciéndome cosas como ‘pinche vieja, aquí te vas a quedar’”. Aurora Ruiz García, maestra de 37 años, declaró que estaba esperando un taxi a la entrada del Hotel Fortín Plaza de la ciudad de Oaxaca, el 25 de noviembre por la tarde, cuando tres vehículos de la PFP bloquearon la vía y la detuvieron, junto a otros transeúntes. Los subieron a la parte posterior del vehículo, los golpearon y, a continuación, los llevaron al parque El Llano, donde los registraron, antes de conducirlos a distintos lugares de la ciudad. Aurora Ruiz afirma que los agentes fueron violentos, y la amenazaron con violarla y matarla. En la prisión estatal de Mihuatlán, representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado intentaron tomarle declaración preparatoria sin asistencia letrada efectiva, y un médico se negó a tratar sus lesiones. Al día siguiente, le permitieron hablar brevemente con su familia antes de llevarla al aeropuerto con otras personas detenidas y trasladarla en avión a la prisión federal del estado de Nayarit. A todas las mujeres les cortaron el cabello. Según la organización no gubernamental Comité de Liberación del 25 de Noviembre, fundada en apoyo de las personas detenidas, no se permitió a muchas de ellas comunicarse con sus familiares durante cinco días, ni se les informó de los cargos que constaban en su contra, y se las obligó a aceptar abogados designados de oficio.
En enero de 2007, cuando empezaron a interponerse recursos judiciales, se trasladó a los presos recluidos en el estado de Nayarit a las prisiones de Oaxaca, y se los fue dejando poco a poco en libertad bajo fianza, en espera de que se los procesase y enjuiciase. Al parecer, el procesamiento de las personas detenidas o en libertad bajo fianza se basa únicamente en un informe policial de la PFP que las vincula a todas ellas con los actos de violencia que tuvieron lugar el 25 de noviembre. Sin embargo, como señaló la CNDH, dicho informe no especifica los actos que se atribuyen a cada uno de los acusados, sino que contiene sólo acusaciones genéricas sobre su involucramiento. Muchas de las personas detenidas el 25 de noviembre han declarado que no participaron en la manifestación ni en los posteriores actos de violencia, sino que se vieron atrapadas en el centro de la ciudad, y que grupos de policiales las detuvieron de forma ilegal. AI no tiene constancia de que las autoridades federales o del estado hayan tomado medidas para investigar de manera efectiva las denuncias de detención arbitraria, tortura y falsificación de pruebas.
Según informes, a la una y media del mediodía del 13 de abril de 2007, David Venegas, uno de los principales portavoces de la APPO, se encontraba en el parque El Llano de la ciudad de Oaxaca con dos conocidos, entre ellos un abogado de derechos humanos, cuando una furgoneta sin insignias de ningún tipo se detuvo, y policías del estado lo detuvieron sin identificarse ni explicar la razón de la detención. Según informes, lo retuvieron durante varias horas, durante las cuales lo interrogaron sobre la APPO, lo amenazaron con violarlo y lo golpearon. Asimismo, según la información recibida, la policía lo obligó a sostener un paquete de drogas para tomar fotografías acusatorias y, cuando informó a otros policías de que había sido golpeado, éstos le respondieron diciendo: “Eso ya no pasa en este país”. También intentó quejarse ante un doctor por el trato recibido, pero la respuesta que recibió fue que se limitara a responder a las preguntas sobre su presunta adicción a las drogas. A las siete y media de la tarde se dejó constancia oficial de su detención en la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, y se le permitió realizar una llamada telefónica. Se lo acusó de delitos de narcotráfico en virtud de la legislación federal, y quedó bajo custodia en la prisión de Tlacolula. Posteriormente, se lo acusó de sedición, incendio de edificios públicos y delincuencia organizada en relación con los hechos del 25 de noviembre de 2006. En junio de 2007, en un amparo constitucional, un juez concluyó que no había suficientes pruebas para acusarlo de estos últimos delitos. David Venegas permanece bajo custodia por cargos de posesión de drogas en virtud de la legislación federal. Amnistía Internacional no tiene constancia de ninguna investigación sobre sus denuncias de detención arbitraria, malos tratos y presentación de cargos falsos.
Muertes y homicidios ilegítimos Según la información disponible, al menos 18 personas murieron violentamente, muchas de ellas en circunstancias controvertidas, durante la crisis política de Oaxaca. De ellas, 13 murieron en la ciudad de Oaxaca o en sus alrededores. Estas muertes no se han investigado de forma efectiva y, por tanto, no se han determinado las circunstancias exactas de cada una de ellas. Sin embargo, las investigaciones de AI indican que, al menos una de ellas fue consecuencia del uso de fuerza letal por las fuerzas de seguridad, y la información disponible sugiere que varias más fueron provocadas por armas de fuego disparadas durante las manifestaciones por las fuerzas de seguridad, hombres armados no identificados o policías vestidos de civil. Se necesita seguir investigando para establecer si estos casos se pueden considerar homicidios ilegítimos. Aún no se ha identificado a los responsables ni se les han pedido responsabilidades, y las investigaciones oficiales no han incorporado los elementos básicos de diligencia debida que requiere la investigación criminal sobre muertes violentas.
En la tarde del 10 de agosto de 2006 se celebró en Oaxaca una manifestación masiva para exigir la dimisión del gobernador del estado y pedir la liberación de los activistas detenidos (quienes, según rumores, habían sido víctimas de desapariciones forzadas). José Jiménez Colmenares, mecánico, y su esposa, Florina Jiménez Lucas, maestra, participaban en la pacífica manifestación cuando se efectuaron disparos contra los manifestantes, según informes, desde dos tejados de edificios opuestos entre sí, pertenecientes al Hospital Clínica Santa María. José Jiménez Colmenares recibió varios tiros y murió poco después en el hospital, a causa de heridas de bala en la cabeza y el pecho. Al menos otros dos manifestantes resultaron heridos por los disparos. Según informes, personas que participaban en la manifestación entraron en los edificios de donde procedían los disparos. Encontraron casquillos de bala y vieron a varias personas que ellos creyeron habían ayudado a los francotiradores; entre estas personas había dos agentes de la policía del estado. Estos últimos fueron entregados a la Procuraduría General de la República, quien los remitió a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Según el representante letrado de la familia, la Procuraduría General de Justicia del Estado no tomó declaraciones, ni se pusieron en marcha medidas para preservar la escena del crimen o reunir posibles pruebas. Al día siguiente, los sospechosos aprehendidos quedaron en libertad por falta de pruebas. El representante letrado aseguró que no se habían efectuado más investigaciones sobre este homicidio. Según informes, más adelante, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca comunicó a la prensa que José Jiménez Colmenares había muerto en una pelea callejera entre personas en estado ebrio.
En noviembre de 2006, la Procuraduría General de Justicia del Estado comunicó a la delegación de AI que la investigación seguía abierta, pero que no había avanzado, porque los manifestantes habían destruido pruebas. Cuando el nuevo gobierno federal asumió el poder, se iniciaron investigaciones federales sobre las muertes acaecidas durante las manifestaciones. Sin embargo, según informes, cuando Florina Jiménez acudió a una entrevista con los investigadores federales, éstos simplemente le dijeron que volviera cuando tuviera pruebas contra los responsables. AI no ha tenido noticias sobre avances en la investigación.
El 21 de agosto por la tarde se anunció por radio una operación policial para sacar a los manifestantes de las emisoras de radio y canales de televisión ocupados. Según testigos, esa misma noche recorrió las calles de la ciudad de Oaxaca un convoy de al menos siete vehículos y cinco motocicletas, incluidos coches de la policía estatal y municipal y furgonetas descapotadas sin identificación que transportaban hombres, en su mayoría con uniformes policiales y pasamontañas, pertrechados de armas automáticas. Simpatizantes de APPO operando emisoras de radio instaron a los seguidores del movimiento a concentrarse para proteger a las personas que se encontraban en los edificios ocupados. A medianoche, Lorenzo Sampablo Cruz, arquitecto de 51 años y padre de cuatro hijos, respondió a la llamada y acudió a Radio Ley 710 con varios vecinos. Según testigos, cuando se aproximaban a la emisora de radio en el centro de la ciudad, el convoy de furgonetas, coches y motocicletas abrió fuego contra manifestantes que, según informes, no portaban armas. Al parecer, Lorenzo Sampablo, fue alcanzado en la espalda por un disparo cuando trataba de refugiarse bajo un árbol. La bala le penetró en el pecho y murió poco después en el hospital a causa de las heridas.
El 22 de agosto, el cadáver de Lorenzo Sampablo fue devuelto a su hija. Unos días después, la Procuraduría General de Justicia del Estado la citó para tomarle declaración. Sin embargo, según informes, un miembro de la familia recibió una llamada telefónica de un representante de la Procuraduría, para que detuvieran la investigación sobre el caso. En consecuencia, la hija no prestó declaración por temor a las represalias. Según informes, el expediente del caso en poder de la Procuraduría contiene un breve informe sobre la causa de la defunción y copias de las citaciones enviadas a la hija para tomarle declaración y para que se llevara el cadáver, pero poco más. En marzo de 2007, el Procuraduría General de la República revisó el caso, y la hija testificó. Sin embargo, la familia no tiene constancia de posteriores avances en la investigación. El 27 de octubre, el video-periodista estadounidense Bradley Roland Will murió en circunstancias controvertidas a causa de heridas de bala y, según la información recibida, al menos cinco personas más resultaron heridas en Santa Lucía del Camino, municipio de la periferia de la ciudad de Oaxaca. Bradley Roland Will fue alcanzado por disparos mientras rodaba un enfrentamiento entre manifestantes y miembros de la comunidad contrarios a las protestas, apoyados por funcionarios del PRI y agentes de la policía municipal. Según informes, los hombres armados dispararon hacia la barricada de los manifestantes. Posteriormente, más personas se unieron a estos últimos, que obligaron a sus adversarios (algunos de los cuales fueron posteriormente identificados en fotografías de la prensa como policías municipales vestidos de civil y funcionarios locales del PRI) a retirarse a las calles adyacentes. Imágenes fotográficas y de vídeo demuestran que agentes vestidos de civil tenían rifles y revólveres semiautomáticos, así como pistolas, y parecían disparar indiscriminadamente contra los manifestantes. Asimismo, los documentos gráficos de los medios de comunicación indican que varios manifestantes portaban pistolas, y lanzaron piedras, cohetes pirotécnicos caseros y proyectiles.
Bradley Will recibió dos disparos mientras rodaba el incidente entre los simpatizantes de la APPO. Murió poco después, cuando lo llevaban al hospital. Cuando los periódicos publicaron fotos del incidente, se identificó a funcionarios del PRI y policías municipales, que disparaban contra los manifestantes con armas semiautomáticas y pistolas, lo que despertó la alarma nacional e internacional. La Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo a dos de los funcionarios y los acusó del asesinato de Bradley Will. Sin embargo, la investigación de la Procuraduría no reunió pruebas contra los agentes, por lo que quedaron en libertad sin cargos. Más tarde, la investigación de la Procuraduría argumentó que indicios técnicos demostraban que un simpatizante de la APPO había efectuado un disparo a corta distancia, y que había muerto a causa de un segundo disparo cuando simpatizantes de la APPO lo transportaban al hospital.
En noviembre de 2006, la Procuraduría General de Justicia del Estado publicó un resumen de sus conclusiones preliminares, según las cuales la APPO era la responsable del asesinato de Bradley Will. Sin embargo, dos expertos forenses internacionales que examinaron el expediente del caso de la Procuraduría llegaron a las siguientes conclusiones, en virtud de la información que obraba en él:
• al parecer, no se habían llevado a cabo pruebas fiables para determinar desde qué distancia se efectuaron los disparos; • la teoría de la Procuraduría, según la cual la trayectoria de los disparos indicaba que éstos se habían efectuado a corta distancia, no se había visto avalada por la autopsia, y la trayectoria de la bala no es un modo fiable de determinar la distancia recorrida por un disparo; • no se había seguido debidamente la línea de investigación más evidente –es decir, localizar las armas empleadas por los agentes identificados en las fotos y, mediante análisis de balística, compararlas con las balas recuperadas en la autopsia–, ya que sólo se habían examinado dos revólveres oficiales de la comisaría de policía, pese a que las fotografías mostraban que, al menos uno de los agentes, utilizaba un rifle semiautomático; • no se había identificado adecuadamente ninguna de las armas y no se investigó de forma efectiva a los agentes implicados.
En marzo de 2006, la Procuraduría General de Justicia del Estado remitió la investigación a la Procuraduría General de la República, para que llevara a cabo otra averiguación. No obstante, AI no ha recibido noticias sobre avances en la investigación federal, y teme que los graves fallos y la falta de imparcialidad de la investigación inicial socaven los esfuerzos por investigar de forma efectiva la muerte de Bradley Will. AI no tiene constancia de ninguna investigación sobre la gestión de la investigación por el estado de Oaxaca.
Alberto Jorge López Bernal, enfermero de 30 años, murió el 29 de octubre a consecuencia del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado a corta distancia por miembros de la Policía Federal Preventiva. A mediodía, la PFP entró en la ciudad de Oaxaca con equipo antimotines, tanques equipados con cañones de agua, grúas, rifles lanza-contenedores de gas lacrimógeno y porras. Si bien las calles principales quedaron despejadas con relativa rapidez, algunos manifestantes respondieron con hondas, piedras y cócteles Molotov. Varios policías y manifestantes resultaron heridos, y más de 20 personas fueron detenidas. Según informes, Alberto Jorge López Bernal fue alcanzado por un proyectil durante un enfrentamiento con manifestantes cerca del Puente Tecnológico. Se lo trasladó a una casa cercana, donde posteriormente murió a consecuencia de las heridas.
La autopsia oficial concluyó que sus heridas habían sido provocadas por el disparo de un proyectil de gas lacrimógeno que le había lesionado el corazón y pulmón izquierdo. El proyectil, que seguía incrustado en su cuerpo cuando fue examinado, presentaba la siguiente inscripción identificativa: SPEDE — HEAT, CS, SHORTT RANGLER 75 YD. La autopsia concluyó que se trataba de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la policía antimotines.
Según varios informes recibidos por AI, varios de los agentes de la PFP habían disparado rifles lanza-contenedores de gas lacrimógeno apuntados directamente y a corta distancia contra los manifestantes, lo que entrañaba un riesgo elevado de lesiones graves o muerte. No obstante, la Policía Federal Preventiva aseguró que no se había producido ningún abuso durante su intervención en Oaxaca y que no disponían de información sobre la investigación de denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza por parte de sus agentes durante la operación. El informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que la muerte de Alberto Jorge López Bernal se había debido al uso desproporcionado de la fuerza por agentes federales de seguridad. AI no tiene conocimiento de ninguna novedad con respecto a la investigación oficial sobre la muerte de Alberto Jorge López Bernal.
Amenazas y hostigamiento Desde hace años, AI viene documentando amenazas, hostigamiento e intimidación de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y disidentes políticos en el estado de Oaxaca. A pesar de los compromisos asumidos por los sucesivos gobiernos del estado de respetar y proteger los derechos consagrados en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, el hostigamiento continúa, y los responsables siguen sin rendir cuentas. La desconfianza de la policía del estado y las instituciones judiciales, como la Procuraduría General de Justicia del Estado, y la inexistencia de una Comisión Estatal de Derechos Humanos efectiva e independiente en el estado de Oaxaca han obstaculizado también las actividades de las organizaciones locales de derechos humanos a la hora de ayudar a las víctimas de abusos y a sus familiares a denunciar sus casos y buscar justicia.
En el contexto de la crisis de Oaxaca, las organizaciones locales de derechos humanos desempeñaron un papel crucial en la documentación de violaciones de los derechos humanos y en la defensa de la participación de la sociedad civil a la hora de pedir responsabilidades a las autoridades. Con frecuencia, las organizaciones locales de derechos humanos fueron las primeras en recibir denuncias sobre detenciones, torturas y malos tratos y reclusión en régimen de incomunicación, y visitaron a los presos para evaluar su estado físico y mental y establecer su condición jurídica. Algunos defensores y defensoras de derechos humanos participaron directamente en el movimiento de protesta; otros se involucraron activamente en el desarrollo de iniciativas para atajar las causas del conflicto. Estas personas fueron fundamentales a la hora de sensibilizar al resto del mundo sobre la crisis y de presentar quejas en materia de derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras autoridades.
El padre Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, sacerdote católico y defensor de los derechos humanos en la organización Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” recibió el 19 de octubre de 2006 amenazas de muerte anónimas por teléfono. Tras las detenciones masivas del 25 de noviembre, el padre Mayrén comunicó que, en varias ocasiones, lo había seguido un vehículo sin matrícula. El Imparcial, periódico local favorable al gobierno, lo acusó de haberse convertido en “el padre guerrillero”, mientras que Radio Ciudadana, una emisora de radio pirata, también progubernamental, que emitió durante toda la crisis e incitó a atacar a los manifestantes de la APPO y a quien se percibiera como adversario del gobierno del estado, lo acusó de “subversión” y de proteger a delincuentes.
La tarde del 26 de noviembre, tres hombres no identificados lanzaron varios disparos al aire al pasar en automóvil frente a la iglesia católica de Siete Príncipes, en la ciudad de Oaxaca, donde trabaja el padre Carlos Franco Pérez Méndez. Poco después, el padre Pérez Méndez llegó a la iglesia en su furgoneta y aparcó delante. Cuando se encontraba en su oficina, volvieron los mismos individuos, dispararon varias veces contra la furgoneta y se fueron. Puede que el ataque contra el padre Carlos Franco Pérez Méndez se debiera a los primeros auxilios que prestó a las personas heridas durante los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Durante los días anteriores al incidente, locutores de Radio Ciudadana habían denunciado al padre Pérez Méndez.
En diciembre, se difundió la noticia de que se iba a detener a Yésica Sánchez Maya, presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), y Aline Castellanos Jurado, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, por su presunta implicación en la ocupación ilegal del Canal 9 de televisión, el 1 de agosto de 2006. Según informes, en su contra constaba sólo la declaración de una mujer no identificada, que aseguraba haber sido agredida. Las dos mujeres negaron las acusaciones, y la directora del canal de televisión informó posteriormente a una organización de derechos humanos de que no se había producido ninguna agresión física. Representantes legales interpusieron con éxito tres amparos contra la orden de arresto, en los que seis testigos que prestaron declaración contradijeron la versión de la acusación. Sin embargo, el juez del tribunal del estado dictó de nuevo la orden de detención, con ligeras modificaciones, tras cada uno de ellos, y ésta puede hacerse efectiva en cualquier momento. Recientemente, el representante letrado de Aline Castellanos ha interpuesto un cuarto amparo. En abril de 2007, el domicilio de ésta fue allanado, en lo que se interpretó como un intento de intimidarla, mientras ella asistía a una reunión con organizaciones de mujeres.
Varias de las personas detenidas el 25 de noviembre de 2006, que habían firmado una carta para el gobernador del estado, en la que acusaban a Yésica Sánchez Maya de haber protagonizado actos violentos y de haberlas obligado a respaldar a la APPO, celebraron una conferencia de prensa el 31 de diciembre. En ella, aseguraron ante los medios de comunicación que funcionarios les habían hecho firmar la carta bajo coacción a cambio de su liberación.
El 27 de noviembre, locutores de Radio Ciudadana afirmaron que las oficinas de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), organización de derechos humanos y de desarrollo comunitario, se estaban utilizando para fabricar cócteles Molotov, de lo que responsabilizaron a su director, Marcos Leyva Madrid. Según informes, los locutores incitaron a la población a atacar e incendiar la oficinas de EDUCA. Según informes, durante ese mismo mes, locutores de Radio Ciudadana acusaron también a Sara Méndez, perteneciente a la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, de formar parte de la APPO y de “defensora de delincuentes”. La CNDH declaró que Radio Ciudadana incitaba a la violencia contra miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
A pesar de las pruebas de hostigamiento e intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos, AI no tiene conocimiento de ninguna investigación abierta por las autoridades para pedir cuentas a los responsables o para garantizar que no se presenten cargos penales por motivos políticos contra quienes defienden los derechos humanos a fin de obstaculizar sus legítimas actividades.
Conclusiones y recomendaciones
Entre junio de 2006 y abril de 2007 se produjeron en Oaxaca violaciones graves de los derechos humanos. Al menos 18 personas murieron en circunstancias controvertidas, y decenas fueron víctimas de detenciones arbitrarias y recluidas en régimen de incomunicación, entre ellas varios menores. Se recibieron numerosos informes de tortura, malos tratos y juicios injustos, y se amenazó y hostigó a quienes defendían y promovían los derechos humanos. Algunas de las violaciones de los derechos humanos fueron obra de policías vestidos de civil y hombres no identificados, al parecer autorizados, apoyados o tolerados por las autoridades estatales. Las principales víctimas de estos abusos fueron los profesionales de la educación y las personas de quienes se creía que apoyaban el movimiento de protesta de la APPO.
Se cree que en muchos de los abusos participaron funcionarios y empleados de instituciones municipales y estatales, entre ellos, las autoridades ejecutivas del estado, la Policía Preventiva Estatal, la Policía Judicial del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la judicatura del estado, la oficina del defensor público y las autoridades municipales que apoyaban al partido del gobierno local. Asimismo, las autoridades federales estuvieron implicadas tanto en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos como en la falta de medidas para prevenir la situación o solucionarla cuando se denunciaron violaciones de los derechos humanos.
Aún no se han aclarado las circunstancias en que murieron al menos 18 personas, y prácticamente no se ha identificado ni pedido responsabilidades a ninguno de los responsables. Según las investigaciones de AI, ello se debe, principalmente, a que muy pocas violaciones de los derechos humanos se han investigado sin dilación, de forma imparcial y en profundidad. Por otro lado, no se han protegido las escenas del crimen, ni investigado las denuncias, ni practicado todas las pruebas forenses pertinentes, ni tomado todos los testimonios de testigos posibles ni comprobado la fiabilidad de las pruebas, lo que ha limitado gravemente, o incluso puesto en peligro, futuras investigaciones.
Si bien las autoridades federales, estatales y municipales se han comprometido formalmente a aplicar la reciente recomendación de la CNDH para que se investiguen las denuncias de abusos, dichas autoridades aún no han mostrado signos de determinación para efectuar investigaciones efectivas o modificar los procedimientos y prácticas a fin de impedir nuevas violaciones.
AI reconoce que algunas de las personas que actuaban en nombre del movimiento de protesta pueden haber cometido delitos, incluido el uso de armas de fuego, piedras, cócteles Molotov y cohetes pirotécnicos. Asimismo, reconoce que las protestas y barricadas repercutieron en los derechos a la educación y a la libertad de circulación de la población en general, así como en la situación de seguridad pública, y que contribuyeron a complicar el panorama político y a alterar el orden público. No obstante, los intentos de las autoridades de presentar como subversivos y delincuentes a todos los que simpatizaban con los manifestantes no son más que una táctica para eludir su responsabilidad de investigar. Además, ese tipo de afirmaciones se han utilizado, al parecer, como excusa para justificar violaciones graves de los derechos humanos, como posibles homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias y en régimen de incomunicación, tortura y malos tratos, negación de un juicio justo y pasividad ante las quejas de abusos.
AI reconoce la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales de mantener el orden público y proteger la seguridad de todos los miembros de la comunidad. Sin embargo, los abusos generalizados cometidos durante la crisis han violado tratados internacionales de derechos humanos que México se ha comprometido a respetar, y según los cuales el Estado parte debe cumplir los compromisos contraídos de buena fe y con la diligencia debida. AI cree que las autoridades han incumplido, hasta el momento, esa obligación. La recomendación de la CNDH expone la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas de México, dado que los órganos estatales, principales responsables de la investigación sobre los abusos de Oaxaca, también están implicados en las violaciones de los derechos humanos. Al mismo tiempo, las autoridades federales siguen sin demostrar su voluntad de garantizar que se lleven a cabo investigaciones efectivas e imparciales sobre todas las violaciones de derechos humanos, que los responsables comparezcan ante la justicia y que las prácticas de seguridad pública y de justicia penal se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos.
AI espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca sin dilación los procedimientos para investigar los hechos de Oaxaca y garantice que tanto la investigación como sus resultados son imparciales, exhaustivos e independientes, y se basan en las normas internacionales de derechos humanos. Si bien esta investigación no reemplaza la responsabilidad de las autoridades de enjuiciar a las personas implicadas en los abusos, en este momento parece ser la posibilidad más esperanzadora para las víctimas y familiares, de acceder a la verdad y la justicia y a un recurso adecuado.
La mejor garantía para evitar futuros abusos es garantizar que no se tolere la impunidad de quienes hayan cometido violaciones de los derechos humanos. Asimismo, sería una forma de demostrar claramente a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional que el gobierno del presiente Felipe Calderón está comprometido con la protección, garantía y cumplimiento de los derechos humanos.
Recomendaciones al gobierno mexicano, al gobierno del estado de Oaxaca y a la judicatura federal.
- Garantizar que la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea independiente, imparcial y exhaustiva, y se base en las normas internacionales de derechos humanos; que sus conclusiones se publiquen y que las prueban reunidas puedan emplearse en los juicios.
México Oaxaca: Clamor por la justicia
Introducción
Comentaba con mis amigas a dónde deberíamos ir cuando de repente llegan dos camionetas a toda velocidad con preventivos [policías] bien armados quienes nos encañonaron […]. Uno me agarró y me aventó al suelo gritándome: “Te creías muy revolucionaria, ¿no? ¿No que muy rebelde? ¡Ahora sí vas a saber lo que es bueno, pinche pendeja! Viejas putas, ¿qué andan haciendo por aquí?”. Me dio un golpe que me abrió la frente y comencé a sangrar; se acercaron dos más y comenzaron a patearme y a golpearme hasta que ya no pude moverme; gritaban: “Nos las vamos a chingar como nos chingamos a las viejas de Atenco”. De ahí se fueron a golpear a otros, algunos ya inconscientes y otros a punto de desmayarse por los golpes recibidos. Regresaron por mí y me arrastraron hacía un montón de personas. Rosalba Aguilar Sánchez, detenida el 25 de noviembre de 2006 por la Policía Federal Preventiva en el centro de la ciudad de Oaxaca
En junio de 2006, estallaron en el estado de Oaxaca protestas generalizadas para pedir la dimisión del gobernador. Durante varios meses, la ciudad de Oaxaca quedó paralizada. La agitación política continuó hasta bien entrado 2007, y provocó una dilatada crisis de seguridad pública. La mayoría de las protestas fueron pacíficas. Sin embargo, se produjeron numerosos choques violentos entre sectores del movimiento de oposición, las fuerzas de seguridad y los simpatizantes del gobierno del estado. Al menos 18 personas murieron en circunstancias aún por aclarar, y otras muchas sufrieron lesiones graves. La mayoría de las víctimas mortales eran manifestantes, pero al menos dos de ellas eran contrarias al movimiento de protesta. Asimismo, a consecuencia de los disturbios, se produjeron daños graves en viviendas y propiedades.
Este informe se centra en algunas de las violaciones graves de los derechos humanos denunciadas durante la crisis, como el uso de fuerza excesiva (incluida fuerza letal), detención arbitraria y en régimen de incomunicación, malos tratos y tortura, amenazas, hostigamiento de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas, y violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo. Según informes, la policía municipal, estatal y federal fue la responsable de la mayoría de estos abusos, aunque en varios casos, los protagonizaron miembros de la policía no uniformada o grupos de hombres armados coordinados, al parecer, con las fuerzas de seguridad.
Existen pocos datos que apunten a investigaciones serias e imparciales de las autoridades estatales sobre estos abusos. En la mayoría de los casos, no se ha protegido la escena del crimen ni se han reunido y conservado pruebas de forma oportuna. Se ha pedido a las víctimas o a sus familiares que aporten pruebas de los abusos, pero se les ha facilitado poco apoyo profesional de los investigadores oficiales o ninguno. En muchos casos, la detención y acusación de simpatizantes de la oposición se basó exclusivamente en declaraciones de agentes de policía y funcionarios del gobierno local y, al parecer, no se solicitó el testimonio de compañeros, amigos y otros testigos presenciales o la Procuraduría lo desestimó. Tampoco se han tomado medidas concretas para establecer mecanismos dignos de crédito e imparciales dedicados a investigar los abusos. Asimismo, hasta el momento han sido infructuosas las investigaciones federales sobre denuncias de abusos cometidos por funcionarios federales.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado parte de las numerosas violaciones de los derechos humanos que se cometieron en Oaxaca, y han formulado recomendaciones al respecto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado 15 muertes, y ha recibido quejas de 304 detenidos y 275 personas que resultaron lesionadas. En junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió abrir una investigación sobre los hechos de Oaxaca, en virtud de sus facultades constitucionales para efectuar investigaciones no judiciales ad hoc sobre violaciones graves de las garantías individuales. Sin embargo, en el momento de redactar el presente documento, la comisión de jueces encargada de llevar a término la tarea seguía esperando a que la SCJN estableciera los procedimientos pertinentes.
Los casos aquí documentados son sólo un pequeño porcentaje de los muchos que se denunciaron durante la crisis de Oaxaca. AI se reunió con víctimas, organizaciones de derechos humanos y abogados, así como autoridades federales y estatales durante sus visitas a Oaxaca en junio y noviembre de 2006. En el transcurso de su investigación, AI comprobó que muchas víctimas de violaciones de los derechos humanos temían ser objeto de represalias si presentaban una queja oficial. Las autoridades alegaron que las investigaciones no habían avanzado porque “es muy difícil cuando las supuestas víctimas no proporcionan la evidencia”. La inercia de las investigaciones oficiales sobre denuncias de violaciones de los derechos humanos contrasta diametralmente con la carga de prueba que se atribuye en la práctica a las víctimas para identificar a los perpetradores, buscar testigos que presten declaración y abrir vías de investigación. Esta falta de diligencia debida por parte de los investigadores es un obstáculo clave a la hora de acabar con la impunidad generalizada que se da en los sistemas de seguridad pública y justicia penal de México.
AI no toma partido en el conflicto político de Oaxaca, y sus motivos de preocupación se centran en el deber de las autoridades de enjuiciar a quienes participan en violaciones de los derechos humanos. Asimismo, AI entiende las dificultades a las que se enfrentan las autoridades en situaciones complejas de seguridad pública, en las que la policía puede ser blanco de amenazas o ataques violentos y tiene, además, el deber de mantener el orden público y proteger a la población en general. Sin embargo, AI cree que una actuación policial efectiva y segura para todas las personas se debe basar en el respeto al derecho internacional de los derechos humanos, reflejado en gran parte en la legislación mexicana. En la última parte del informe se formulan una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades, sobre las medidas que deben tomar para cumplir sus obligaciones.
Información generalEn mayo de 2006, la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sindicado de docentes de Oaxaca, convocó una huelga en apoyo de las negociaciones anuales sobre salarios y condiciones laborales. Miles de docentes en huelga ocuparon el centro de la ciudad de Oaxaca para apoyar sus reivindicaciones, y celebraron manifestaciones masivas.
El 14 de junio de 2006, en medio de una escalada de tensión, y de presiones a los docentes para que volvieran a sus puestos de trabajo, 700 agentes de la policía estatal trataron de retirarlos del centro de la ciudad. Esta operación dio lugar a denuncias generalizadas de uso excesivo de la fuerza y de varias detenciones arbitrarias de líderes sindicales. En consecuencia, las protestas se recrudecieron y se formó una heterogénea coalición en apoyo de los trabajadores de la educación, compuesta por docentes, organizaciones locales de carácter político y social, estudiantes y otras personas, que recibió el nombre de Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). La principal exigencia de la APPO era la dimisión del gobernador del estado, perteneciente al PRI (Partido Revolucionario Institucional), en el gobierno local.
En julio y agosto, simpatizantes del movimiento de oposición ocuparon varios edificios públicos y las principales cadenas de televisión y emisoras de radio locales. Según informes, al menos en tres ocasiones, hombres armados, entre ellos agentes de la policía estatal, abrieron fuego contra manifestantes desarmados que ocupaban canales de televisión y emisoras de radio, y provocaron la muerte de al menos una persona el 21 de agosto. Simpatizantes de la APPO montaron barricadas que impedían el acceso a muchas zonas de la ciudad. A medida que la situación se deterioraba, la policía detuvo a varias personas y, según informes, recluyó en régimen de incomunicación a algunas de ellas, quienes además fueron sometidas a malos tratos y tortura, y contra las que, al parecer, se presentaron pruebas falsas.
Durante los meses de septiembre y octubre, la ciudad de Oaxaca se vio paralizada por más de 1.800 barricadas y constantes manifestaciones. Las negociaciones de los gobiernos federal y estatal con el movimiento de oposición para resolver la crisis fracasaron estrepitosamente, y más de un millón de menores quedaron privados de acceso a la educación. El gobierno del estado pidió reiteradamente la intervención de las fuerzas del gobierno federal para terminar con las protestas.
El 27 de octubre, al menos cuatro personas perdieron la vida y otras muchas resultaron gravemente heridas en violentos enfrentamientos en las barricadas, entre simpatizantes de la APPO, funcionarios del gobierno local y partidarios de dicho gobierno. El 29 de octubre, el gobierno federal ordenó a 4.500 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que pusieran fin a las protestas y restablecieran el orden. Durante los cinco días posteriores murió al menos una persona que participaba en las protestas, a consecuencia del empleo de fuerza letal por la PFP, mientras que decenas más fueron detenidas. Muchas de estas últimas denunciaron haber sufrido malos tratos y aseguraron que se les había negado el derecho al debido proceso. Según las autoridades federales, 19 agentes de la Policía Federal Preventiva resultaron también lesionados, a consecuencia de las piedras, cócteles Molotov, proyectiles y cohetes pirotécnicos lanzados por algunos manifestantes.
El 25 de noviembre se produjeron violentos choques entre la policía estatal y federal y algunos manifestantes, que se saldaron con 149 detenciones y daños graves en edificios públicos. Sin embargo, según informes, muchas de las personas detenidas no participaron en los actos de violencia y, en algunos casos, tampoco habían acudido a la manifestación. Muchas de ellas fueron recluidas en régimen de incomunicación, sometidas a malos tratos o torturadas. Casi todas ellas quedaron en libertad durante el mes de enero, en su mayoría, bajo fianza, en espera de que se las juzgara por delitos como sedición, asociación delictuosa, sabotaje y daños a la propiedad ajena. Cuando el nuevo gobierno federal asumió el poder el 1 de diciembre de 2006, las autoridades estatales detuvieron a varios líderes de la APPO. En el momento de redactar este informe, al menos ocho activistas de la APPO continuaban bajo custodia.
Detención arbitraria, tortura y cargos falsos En repetidas ocasiones, los mecanismos de derechos humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado casos de detención arbitraria y en régimen de incomunicación, malos tratos y tortura en México. En el estado de Oaxaca, las autoridades estatales y federales han negado sistemáticamente estos hechos, y han aducido que, o bien se había sorprendido a las personas en cuestión cometiendo delitos, o se las había detenido tras investigaciones que habían reunido pruebas suficientes como para dictar una orden de detención. Sin embargo, en muchos casos documentados por AI, los cargos penales se basaban en declaraciones de los agentes que practicaron la detención. En varios casos, ni el ministerio público ni la judicatura parecen haber tomado ni siquiera medidas para corroborar dichas declaraciones o para determinar si se había demostrado correctamente la participación del sospechoso en los delitos.
En casi todos los casos documentados por AI, la detención, con o sin la orden pertinente, se efectuó de forma arbitraria. En numerosas ocasiones, la policía no se identificó, ni comunicó a la persona sospechosa que estaba bajo arresto, ni la informó de sus derechos. Además, tampoco se facilitó la comunicación de ésta con sus familiares, ni se le permitió acceder inmediatamente a un abogado y a atención médica.
Según el testimonio de Ramiro Aragón Pérez, ornitólogo, tanto él como su cuñado Elionai Santiago Sánchez, de profesión maestro, y su amigo, Juan Gabriel Ríos, fueron detenidos la noche del 9 de agosto de 2006 por individuos armados no identificados, en un barrio de las afueras al norte de la ciudad de Oaxaca. A Ramiro Aragón Pérez lo golpearon, le apagaron un cigarrillo en la frente, le hicieron un corte en la parte posterior del cuello y le arrancaron parte del cabello. Asimismo, según informes, los agresores amenazaron con violar y matar a su esposa e hijos. A Elionai Santiago Sánchez casi lo estrangularon, le golpearon en el abdomen, las costillas y el rostro, y le cortaron una oreja sin llegar a mutilársela. Juan Gabriel Ríos recibió también una brutal paliza. Según informes, los asaltantes hicieron varias llamadas a las autoridades y, media hora después, entregaron a los tres hombres a agentes de policía del estado de Oaxaca que esperaban en una calle lateral. A continuación, los trasladaron a la prisión municipal de Ejutla, donde un médico tomó sus nombres, sin facilitarles asistencia médica. A la mañana siguiente, un médico de la Procuraduría General de la República los examinó rápidamente, pero no los entrevistó detenidamente ni efectuó una evaluación exhaustiva de los traumas físicos y psicológicos, como exigen los procedimientos de la Procuraduría General de la República para casos de presunta tortura.
Los tres hombres fueron conducidos a la sede de la Procuraduría General de la República en la ciudad de Oaxaca, y acusados de posesión ilegal de armas de fuego. Según la policía del estado, se los detuvo cuando huían de una pelea callejera, con armas de fuego. Sin embargo, todos ellos negaron los cargos e informaron a la Procuraduría de que habían sido víctimas de tortura. No se emprendieron acciones.
A pesar de las incongruencias de las pruebas presentadas por la policía estatal no se efectuaron ulteriores investigaciones. Ramiro Aragón permaneció en prisión preventiva, mientras que Elionai Sánchez y Juan Gabriel Ríos quedaron en libertad bajo fianza, en espera de juicio. Durante los tres meses que pasó bajo custodia en la prisión Zimatlán de Álvarez, Ramiro Aragón no pudo ver al juez ni hablar con él en ningún momento, circunstancia que reproduce una constante en México, donde los jueces no suelen estar presentes en los juicios, y delegan sus funciones en funcionarios judiciales.
El 30 de octubre, se trasladó inesperadamente en avión a Ramiro Aragón, junto a otros dos presos, Germán Mendoza Nube y Erangelio Mendoza González, a Ciudad de México, ante la mesa oficial de negociaciones entre la Secretaría de Gobernación y el movimiento de oposición. Aún no se le ha comunicado si se han retirado los cargos en su contra, y su situación jurídica sigue siendo incierta, por lo que teme ser agredido o detenido en cualquier momento si regresa a Oaxaca. AI no tiene conocimiento de ninguna investigación sobre las denuncias de tortura o la forma en que se efectuó la detención de estos tres hombres.
Según informes, Felipe Sánchez Rodríguez, uno de los fundadores de Calpulli, organización de educación comunitaria que trabaja con menores en barrios marginales de la ciudad de Oaxaca, fue detenido de forma arbitraria el 25 de noviembre de 2006 y torturado por miembros de la PFP y de la Policía Judicial del Estado. Había participado en la manifestación de la APPO, ese mismo día, antes de que estallaran los disturbios.
Según testimonio de Felipe Sánchez, cuando caminaba por el centro de la ciudad de Oaxaca con un amigo, Edgar Alejandro Molina, hombres armados vestidos de civil que viajaban en una furgoneta sin matrícula les hicieron detenerse. Uno de ellos amartilló su pistola y golpeó a Felipe Sánchez en la sien, le agarró del cabello, y lo golpeó por todo el cuerpo, para acabar por obligarlo a subir a la parte trasera de la furgoneta. Tras haber forzado a ambos a echarse en el suelo de la furgoneta, los condujeron a un lugar desconocido, donde obligaron a Felipe Sánchez a quedarse en ropa interior y lo interrogaron sobre su relación con líderes de la APPO. Le vendaron los ojos con cinta adhesiva, y le aplicaron repetidas descargas eléctricas en la nariz. Sus interrogadores lo obligaron a tumbarse boca abajo en el suelo de cemento y lo amenazaron con cortarle los pulgares, que tenía atados a la espalda. Tras un breve periodo de tiempo, le desataron los brazos y le ordenaron que se vistiera y se sentara sin moverse. Cuando, por la incomodidad, se vio obligado a cambiar de postura, lo golpearon en la cabeza, las costillas y las piernas. A continuación, le obligaron a arrodillarse de cara a la pared y, cada vez que se movía, lo golpeaban. Más tarde, lo trasladaron, junto con Edgar Alejandro Molina y otros detenidos, a la prisión estatal de Tlacolula, donde les quitaron la cinta de los ojos y les hicieron pasar por una fila de policías, que los golpearon y amenazaron. Según Felipe Sánchez y otros detenidos, se les negó el acceso a un abogado de su elección.
Felipe Sánchez era una de las 149 personas detenidas, según informes, por la Policía Federal Preventiva y la Policía Judicial del Estado en la ciudad de Oaxaca, cuando una manifestación pacífica de la APPO derivó en enfrentamientos violentos el 25 de noviembre. Al menos cuatro de las personas detenidas eran menores, que posteriormente comparecieron ante tribunales de menores y quedaron en libertad. Según informes, muchas de las personas detenidas sufrieron malos tratos y tortura, y fueron privadas de asesoramiento legal y de la atención médica adecuada antes de trasladarlas a la prisión federal del estado de Nayarit, a unos 1.600 kilómetros, de forma que sus abogados y familiares no pudieron localizarlas durante varios días. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que al menos 13 de los detenidos fueron torturados por la Policía Judicial del Estado y la Policía Federal Preventiva. Felipe Sánchez fue acusado de asociación delictuosa, daños a la propiedad ajena y sedición. Posteriormente, se retiró el último cargo por orden de un juez federal, pero en el momento de redactar estas líneas seguía en marcha el proceso en el caso de los dos primeros.
“Me jalaron de mi trenza, me tiraron al suelo y me arrastraron dándome patadas, diciéndome cosas como ‘pinche vieja, aquí te vas a quedar’”. Aurora Ruiz García, maestra de 37 años, declaró que estaba esperando un taxi a la entrada del Hotel Fortín Plaza de la ciudad de Oaxaca, el 25 de noviembre por la tarde, cuando tres vehículos de la PFP bloquearon la vía y la detuvieron, junto a otros transeúntes. Los subieron a la parte posterior del vehículo, los golpearon y, a continuación, los llevaron al parque El Llano, donde los registraron, antes de conducirlos a distintos lugares de la ciudad. Aurora Ruiz afirma que los agentes fueron violentos, y la amenazaron con violarla y matarla. En la prisión estatal de Mihuatlán, representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado intentaron tomarle declaración preparatoria sin asistencia letrada efectiva, y un médico se negó a tratar sus lesiones. Al día siguiente, le permitieron hablar brevemente con su familia antes de llevarla al aeropuerto con otras personas detenidas y trasladarla en avión a la prisión federal del estado de Nayarit. A todas las mujeres les cortaron el cabello. Según la organización no gubernamental Comité de Liberación del 25 de Noviembre, fundada en apoyo de las personas detenidas, no se permitió a muchas de ellas comunicarse con sus familiares durante cinco días, ni se les informó de los cargos que constaban en su contra, y se las obligó a aceptar abogados designados de oficio.
En enero de 2007, cuando empezaron a interponerse recursos judiciales, se trasladó a los presos recluidos en el estado de Nayarit a las prisiones de Oaxaca, y se los fue dejando poco a poco en libertad bajo fianza, en espera de que se los procesase y enjuiciase. Al parecer, el procesamiento de las personas detenidas o en libertad bajo fianza se basa únicamente en un informe policial de la PFP que las vincula a todas ellas con los actos de violencia que tuvieron lugar el 25 de noviembre. Sin embargo, como señaló la CNDH, dicho informe no especifica los actos que se atribuyen a cada uno de los acusados, sino que contiene sólo acusaciones genéricas sobre su involucramiento. Muchas de las personas detenidas el 25 de noviembre han declarado que no participaron en la manifestación ni en los posteriores actos de violencia, sino que se vieron atrapadas en el centro de la ciudad, y que grupos de policiales las detuvieron de forma ilegal. AI no tiene constancia de que las autoridades federales o del estado hayan tomado medidas para investigar de manera efectiva las denuncias de detención arbitraria, tortura y falsificación de pruebas.
Según informes, a la una y media del mediodía del 13 de abril de 2007, David Venegas, uno de los principales portavoces de la APPO, se encontraba en el parque El Llano de la ciudad de Oaxaca con dos conocidos, entre ellos un abogado de derechos humanos, cuando una furgoneta sin insignias de ningún tipo se detuvo, y policías del estado lo detuvieron sin identificarse ni explicar la razón de la detención. Según informes, lo retuvieron durante varias horas, durante las cuales lo interrogaron sobre la APPO, lo amenazaron con violarlo y lo golpearon. Asimismo, según la información recibida, la policía lo obligó a sostener un paquete de drogas para tomar fotografías acusatorias y, cuando informó a otros policías de que había sido golpeado, éstos le respondieron diciendo: “Eso ya no pasa en este país”. También intentó quejarse ante un doctor por el trato recibido, pero la respuesta que recibió fue que se limitara a responder a las preguntas sobre su presunta adicción a las drogas. A las siete y media de la tarde se dejó constancia oficial de su detención en la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, y se le permitió realizar una llamada telefónica. Se lo acusó de delitos de narcotráfico en virtud de la legislación federal, y quedó bajo custodia en la prisión de Tlacolula. Posteriormente, se lo acusó de sedición, incendio de edificios públicos y delincuencia organizada en relación con los hechos del 25 de noviembre de 2006. En junio de 2007, en un amparo constitucional, un juez concluyó que no había suficientes pruebas para acusarlo de estos últimos delitos. David Venegas permanece bajo custodia por cargos de posesión de drogas en virtud de la legislación federal. Amnistía Internacional no tiene constancia de ninguna investigación sobre sus denuncias de detención arbitraria, malos tratos y presentación de cargos falsos.
Muertes y homicidios ilegítimos Según la información disponible, al menos 18 personas murieron violentamente, muchas de ellas en circunstancias controvertidas, durante la crisis política de Oaxaca. De ellas, 13 murieron en la ciudad de Oaxaca o en sus alrededores. Estas muertes no se han investigado de forma efectiva y, por tanto, no se han determinado las circunstancias exactas de cada una de ellas. Sin embargo, las investigaciones de AI indican que, al menos una de ellas fue consecuencia del uso de fuerza letal por las fuerzas de seguridad, y la información disponible sugiere que varias más fueron provocadas por armas de fuego disparadas durante las manifestaciones por las fuerzas de seguridad, hombres armados no identificados o policías vestidos de civil. Se necesita seguir investigando para establecer si estos casos se pueden considerar homicidios ilegítimos. Aún no se ha identificado a los responsables ni se les han pedido responsabilidades, y las investigaciones oficiales no han incorporado los elementos básicos de diligencia debida que requiere la investigación criminal sobre muertes violentas.
En la tarde del 10 de agosto de 2006 se celebró en Oaxaca una manifestación masiva para exigir la dimisión del gobernador del estado y pedir la liberación de los activistas detenidos (quienes, según rumores, habían sido víctimas de desapariciones forzadas). José Jiménez Colmenares, mecánico, y su esposa, Florina Jiménez Lucas, maestra, participaban en la pacífica manifestación cuando se efectuaron disparos contra los manifestantes, según informes, desde dos tejados de edificios opuestos entre sí, pertenecientes al Hospital Clínica Santa María. José Jiménez Colmenares recibió varios tiros y murió poco después en el hospital, a causa de heridas de bala en la cabeza y el pecho. Al menos otros dos manifestantes resultaron heridos por los disparos. Según informes, personas que participaban en la manifestación entraron en los edificios de donde procedían los disparos. Encontraron casquillos de bala y vieron a varias personas que ellos creyeron habían ayudado a los francotiradores; entre estas personas había dos agentes de la policía del estado. Estos últimos fueron entregados a la Procuraduría General de la República, quien los remitió a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Según el representante letrado de la familia, la Procuraduría General de Justicia del Estado no tomó declaraciones, ni se pusieron en marcha medidas para preservar la escena del crimen o reunir posibles pruebas. Al día siguiente, los sospechosos aprehendidos quedaron en libertad por falta de pruebas. El representante letrado aseguró que no se habían efectuado más investigaciones sobre este homicidio. Según informes, más adelante, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca comunicó a la prensa que José Jiménez Colmenares había muerto en una pelea callejera entre personas en estado ebrio.
En noviembre de 2006, la Procuraduría General de Justicia del Estado comunicó a la delegación de AI que la investigación seguía abierta, pero que no había avanzado, porque los manifestantes habían destruido pruebas. Cuando el nuevo gobierno federal asumió el poder, se iniciaron investigaciones federales sobre las muertes acaecidas durante las manifestaciones. Sin embargo, según informes, cuando Florina Jiménez acudió a una entrevista con los investigadores federales, éstos simplemente le dijeron que volviera cuando tuviera pruebas contra los responsables. AI no ha tenido noticias sobre avances en la investigación.
El 21 de agosto por la tarde se anunció por radio una operación policial para sacar a los manifestantes de las emisoras de radio y canales de televisión ocupados. Según testigos, esa misma noche recorrió las calles de la ciudad de Oaxaca un convoy de al menos siete vehículos y cinco motocicletas, incluidos coches de la policía estatal y municipal y furgonetas descapotadas sin identificación que transportaban hombres, en su mayoría con uniformes policiales y pasamontañas, pertrechados de armas automáticas. Simpatizantes de APPO operando emisoras de radio instaron a los seguidores del movimiento a concentrarse para proteger a las personas que se encontraban en los edificios ocupados. A medianoche, Lorenzo Sampablo Cruz, arquitecto de 51 años y padre de cuatro hijos, respondió a la llamada y acudió a Radio Ley 710 con varios vecinos. Según testigos, cuando se aproximaban a la emisora de radio en el centro de la ciudad, el convoy de furgonetas, coches y motocicletas abrió fuego contra manifestantes que, según informes, no portaban armas. Al parecer, Lorenzo Sampablo, fue alcanzado en la espalda por un disparo cuando trataba de refugiarse bajo un árbol. La bala le penetró en el pecho y murió poco después en el hospital a causa de las heridas.
El 22 de agosto, el cadáver de Lorenzo Sampablo fue devuelto a su hija. Unos días después, la Procuraduría General de Justicia del Estado la citó para tomarle declaración. Sin embargo, según informes, un miembro de la familia recibió una llamada telefónica de un representante de la Procuraduría, para que detuvieran la investigación sobre el caso. En consecuencia, la hija no prestó declaración por temor a las represalias. Según informes, el expediente del caso en poder de la Procuraduría contiene un breve informe sobre la causa de la defunción y copias de las citaciones enviadas a la hija para tomarle declaración y para que se llevara el cadáver, pero poco más. En marzo de 2007, el Procuraduría General de la República revisó el caso, y la hija testificó. Sin embargo, la familia no tiene constancia de posteriores avances en la investigación. El 27 de octubre, el video-periodista estadounidense Bradley Roland Will murió en circunstancias controvertidas a causa de heridas de bala y, según la información recibida, al menos cinco personas más resultaron heridas en Santa Lucía del Camino, municipio de la periferia de la ciudad de Oaxaca. Bradley Roland Will fue alcanzado por disparos mientras rodaba un enfrentamiento entre manifestantes y miembros de la comunidad contrarios a las protestas, apoyados por funcionarios del PRI y agentes de la policía municipal. Según informes, los hombres armados dispararon hacia la barricada de los manifestantes. Posteriormente, más personas se unieron a estos últimos, que obligaron a sus adversarios (algunos de los cuales fueron posteriormente identificados en fotografías de la prensa como policías municipales vestidos de civil y funcionarios locales del PRI) a retirarse a las calles adyacentes. Imágenes fotográficas y de vídeo demuestran que agentes vestidos de civil tenían rifles y revólveres semiautomáticos, así como pistolas, y parecían disparar indiscriminadamente contra los manifestantes. Asimismo, los documentos gráficos de los medios de comunicación indican que varios manifestantes portaban pistolas, y lanzaron piedras, cohetes pirotécnicos caseros y proyectiles.
Bradley Will recibió dos disparos mientras rodaba el incidente entre los simpatizantes de la APPO. Murió poco después, cuando lo llevaban al hospital. Cuando los periódicos publicaron fotos del incidente, se identificó a funcionarios del PRI y policías municipales, que disparaban contra los manifestantes con armas semiautomáticas y pistolas, lo que despertó la alarma nacional e internacional. La Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo a dos de los funcionarios y los acusó del asesinato de Bradley Will. Sin embargo, la investigación de la Procuraduría no reunió pruebas contra los agentes, por lo que quedaron en libertad sin cargos. Más tarde, la investigación de la Procuraduría argumentó que indicios técnicos demostraban que un simpatizante de la APPO había efectuado un disparo a corta distancia, y que había muerto a causa de un segundo disparo cuando simpatizantes de la APPO lo transportaban al hospital.
En noviembre de 2006, la Procuraduría General de Justicia del Estado publicó un resumen de sus conclusiones preliminares, según las cuales la APPO era la responsable del asesinato de Bradley Will. Sin embargo, dos expertos forenses internacionales que examinaron el expediente del caso de la Procuraduría llegaron a las siguientes conclusiones, en virtud de la información que obraba en él:
• al parecer, no se habían llevado a cabo pruebas fiables para determinar desde qué distancia se efectuaron los disparos; • la teoría de la Procuraduría, según la cual la trayectoria de los disparos indicaba que éstos se habían efectuado a corta distancia, no se había visto avalada por la autopsia, y la trayectoria de la bala no es un modo fiable de determinar la distancia recorrida por un disparo; • no se había seguido debidamente la línea de investigación más evidente –es decir, localizar las armas empleadas por los agentes identificados en las fotos y, mediante análisis de balística, compararlas con las balas recuperadas en la autopsia–, ya que sólo se habían examinado dos revólveres oficiales de la comisaría de policía, pese a que las fotografías mostraban que, al menos uno de los agentes, utilizaba un rifle semiautomático; • no se había identificado adecuadamente ninguna de las armas y no se investigó de forma efectiva a los agentes implicados.
En marzo de 2006, la Procuraduría General de Justicia del Estado remitió la investigación a la Procuraduría General de la República, para que llevara a cabo otra averiguación. No obstante, AI no ha recibido noticias sobre avances en la investigación federal, y teme que los graves fallos y la falta de imparcialidad de la investigación inicial socaven los esfuerzos por investigar de forma efectiva la muerte de Bradley Will. AI no tiene constancia de ninguna investigación sobre la gestión de la investigación por el estado de Oaxaca.
Alberto Jorge López Bernal, enfermero de 30 años, murió el 29 de octubre a consecuencia del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado a corta distancia por miembros de la Policía Federal Preventiva. A mediodía, la PFP entró en la ciudad de Oaxaca con equipo antimotines, tanques equipados con cañones de agua, grúas, rifles lanza-contenedores de gas lacrimógeno y porras. Si bien las calles principales quedaron despejadas con relativa rapidez, algunos manifestantes respondieron con hondas, piedras y cócteles Molotov. Varios policías y manifestantes resultaron heridos, y más de 20 personas fueron detenidas. Según informes, Alberto Jorge López Bernal fue alcanzado por un proyectil durante un enfrentamiento con manifestantes cerca del Puente Tecnológico. Se lo trasladó a una casa cercana, donde posteriormente murió a consecuencia de las heridas.
La autopsia oficial concluyó que sus heridas habían sido provocadas por el disparo de un proyectil de gas lacrimógeno que le había lesionado el corazón y pulmón izquierdo. El proyectil, que seguía incrustado en su cuerpo cuando fue examinado, presentaba la siguiente inscripción identificativa: SPEDE — HEAT, CS, SHORTT RANGLER 75 YD. La autopsia concluyó que se trataba de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la policía antimotines.
Según varios informes recibidos por AI, varios de los agentes de la PFP habían disparado rifles lanza-contenedores de gas lacrimógeno apuntados directamente y a corta distancia contra los manifestantes, lo que entrañaba un riesgo elevado de lesiones graves o muerte. No obstante, la Policía Federal Preventiva aseguró que no se había producido ningún abuso durante su intervención en Oaxaca y que no disponían de información sobre la investigación de denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza por parte de sus agentes durante la operación. El informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que la muerte de Alberto Jorge López Bernal se había debido al uso desproporcionado de la fuerza por agentes federales de seguridad. AI no tiene conocimiento de ninguna novedad con respecto a la investigación oficial sobre la muerte de Alberto Jorge López Bernal.
Amenazas y hostigamiento Desde hace años, AI viene documentando amenazas, hostigamiento e intimidación de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y disidentes políticos en el estado de Oaxaca. A pesar de los compromisos asumidos por los sucesivos gobiernos del estado de respetar y proteger los derechos consagrados en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, el hostigamiento continúa, y los responsables siguen sin rendir cuentas. La desconfianza de la policía del estado y las instituciones judiciales, como la Procuraduría General de Justicia del Estado, y la inexistencia de una Comisión Estatal de Derechos Humanos efectiva e independiente en el estado de Oaxaca han obstaculizado también las actividades de las organizaciones locales de derechos humanos a la hora de ayudar a las víctimas de abusos y a sus familiares a denunciar sus casos y buscar justicia.
En el contexto de la crisis de Oaxaca, las organizaciones locales de derechos humanos desempeñaron un papel crucial en la documentación de violaciones de los derechos humanos y en la defensa de la participación de la sociedad civil a la hora de pedir responsabilidades a las autoridades. Con frecuencia, las organizaciones locales de derechos humanos fueron las primeras en recibir denuncias sobre detenciones, torturas y malos tratos y reclusión en régimen de incomunicación, y visitaron a los presos para evaluar su estado físico y mental y establecer su condición jurídica. Algunos defensores y defensoras de derechos humanos participaron directamente en el movimiento de protesta; otros se involucraron activamente en el desarrollo de iniciativas para atajar las causas del conflicto. Estas personas fueron fundamentales a la hora de sensibilizar al resto del mundo sobre la crisis y de presentar quejas en materia de derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras autoridades.
El padre Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, sacerdote católico y defensor de los derechos humanos en la organización Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” recibió el 19 de octubre de 2006 amenazas de muerte anónimas por teléfono. Tras las detenciones masivas del 25 de noviembre, el padre Mayrén comunicó que, en varias ocasiones, lo había seguido un vehículo sin matrícula. El Imparcial, periódico local favorable al gobierno, lo acusó de haberse convertido en “el padre guerrillero”, mientras que Radio Ciudadana, una emisora de radio pirata, también progubernamental, que emitió durante toda la crisis e incitó a atacar a los manifestantes de la APPO y a quien se percibiera como adversario del gobierno del estado, lo acusó de “subversión” y de proteger a delincuentes.
La tarde del 26 de noviembre, tres hombres no identificados lanzaron varios disparos al aire al pasar en automóvil frente a la iglesia católica de Siete Príncipes, en la ciudad de Oaxaca, donde trabaja el padre Carlos Franco Pérez Méndez. Poco después, el padre Pérez Méndez llegó a la iglesia en su furgoneta y aparcó delante. Cuando se encontraba en su oficina, volvieron los mismos individuos, dispararon varias veces contra la furgoneta y se fueron. Puede que el ataque contra el padre Carlos Franco Pérez Méndez se debiera a los primeros auxilios que prestó a las personas heridas durante los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Durante los días anteriores al incidente, locutores de Radio Ciudadana habían denunciado al padre Pérez Méndez.
En diciembre, se difundió la noticia de que se iba a detener a Yésica Sánchez Maya, presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), y Aline Castellanos Jurado, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, por su presunta implicación en la ocupación ilegal del Canal 9 de televisión, el 1 de agosto de 2006. Según informes, en su contra constaba sólo la declaración de una mujer no identificada, que aseguraba haber sido agredida. Las dos mujeres negaron las acusaciones, y la directora del canal de televisión informó posteriormente a una organización de derechos humanos de que no se había producido ninguna agresión física. Representantes legales interpusieron con éxito tres amparos contra la orden de arresto, en los que seis testigos que prestaron declaración contradijeron la versión de la acusación. Sin embargo, el juez del tribunal del estado dictó de nuevo la orden de detención, con ligeras modificaciones, tras cada uno de ellos, y ésta puede hacerse efectiva en cualquier momento. Recientemente, el representante letrado de Aline Castellanos ha interpuesto un cuarto amparo. En abril de 2007, el domicilio de ésta fue allanado, en lo que se interpretó como un intento de intimidarla, mientras ella asistía a una reunión con organizaciones de mujeres.
Varias de las personas detenidas el 25 de noviembre de 2006, que habían firmado una carta para el gobernador del estado, en la que acusaban a Yésica Sánchez Maya de haber protagonizado actos violentos y de haberlas obligado a respaldar a la APPO, celebraron una conferencia de prensa el 31 de diciembre. En ella, aseguraron ante los medios de comunicación que funcionarios les habían hecho firmar la carta bajo coacción a cambio de su liberación.
El 27 de noviembre, locutores de Radio Ciudadana afirmaron que las oficinas de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), organización de derechos humanos y de desarrollo comunitario, se estaban utilizando para fabricar cócteles Molotov, de lo que responsabilizaron a su director, Marcos Leyva Madrid. Según informes, los locutores incitaron a la población a atacar e incendiar la oficinas de EDUCA. Según informes, durante ese mismo mes, locutores de Radio Ciudadana acusaron también a Sara Méndez, perteneciente a la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, de formar parte de la APPO y de “defensora de delincuentes”. La CNDH declaró que Radio Ciudadana incitaba a la violencia contra miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
A pesar de las pruebas de hostigamiento e intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos, AI no tiene conocimiento de ninguna investigación abierta por las autoridades para pedir cuentas a los responsables o para garantizar que no se presenten cargos penales por motivos políticos contra quienes defienden los derechos humanos a fin de obstaculizar sus legítimas actividades.
Conclusiones y recomendaciones
Entre junio de 2006 y abril de 2007 se produjeron en Oaxaca violaciones graves de los derechos humanos. Al menos 18 personas murieron en circunstancias controvertidas, y decenas fueron víctimas de detenciones arbitrarias y recluidas en régimen de incomunicación, entre ellas varios menores. Se recibieron numerosos informes de tortura, malos tratos y juicios injustos, y se amenazó y hostigó a quienes defendían y promovían los derechos humanos. Algunas de las violaciones de los derechos humanos fueron obra de policías vestidos de civil y hombres no identificados, al parecer autorizados, apoyados o tolerados por las autoridades estatales. Las principales víctimas de estos abusos fueron los profesionales de la educación y las personas de quienes se creía que apoyaban el movimiento de protesta de la APPO.
Se cree que en muchos de los abusos participaron funcionarios y empleados de instituciones municipales y estatales, entre ellos, las autoridades ejecutivas del estado, la Policía Preventiva Estatal, la Policía Judicial del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la judicatura del estado, la oficina del defensor público y las autoridades municipales que apoyaban al partido del gobierno local. Asimismo, las autoridades federales estuvieron implicadas tanto en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos como en la falta de medidas para prevenir la situación o solucionarla cuando se denunciaron violaciones de los derechos humanos.
Aún no se han aclarado las circunstancias en que murieron al menos 18 personas, y prácticamente no se ha identificado ni pedido responsabilidades a ninguno de los responsables. Según las investigaciones de AI, ello se debe, principalmente, a que muy pocas violaciones de los derechos humanos se han investigado sin dilación, de forma imparcial y en profundidad. Por otro lado, no se han protegido las escenas del crimen, ni investigado las denuncias, ni practicado todas las pruebas forenses pertinentes, ni tomado todos los testimonios de testigos posibles ni comprobado la fiabilidad de las pruebas, lo que ha limitado gravemente, o incluso puesto en peligro, futuras investigaciones.
Si bien las autoridades federales, estatales y municipales se han comprometido formalmente a aplicar la reciente recomendación de la CNDH para que se investiguen las denuncias de abusos, dichas autoridades aún no han mostrado signos de determinación para efectuar investigaciones efectivas o modificar los procedimientos y prácticas a fin de impedir nuevas violaciones.
AI reconoce que algunas de las personas que actuaban en nombre del movimiento de protesta pueden haber cometido delitos, incluido el uso de armas de fuego, piedras, cócteles Molotov y cohetes pirotécnicos. Asimismo, reconoce que las protestas y barricadas repercutieron en los derechos a la educación y a la libertad de circulación de la población en general, así como en la situación de seguridad pública, y que contribuyeron a complicar el panorama político y a alterar el orden público. No obstante, los intentos de las autoridades de presentar como subversivos y delincuentes a todos los que simpatizaban con los manifestantes no son más que una táctica para eludir su responsabilidad de investigar. Además, ese tipo de afirmaciones se han utilizado, al parecer, como excusa para justificar violaciones graves de los derechos humanos, como posibles homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias y en régimen de incomunicación, tortura y malos tratos, negación de un juicio justo y pasividad ante las quejas de abusos.
AI reconoce la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales de mantener el orden público y proteger la seguridad de todos los miembros de la comunidad. Sin embargo, los abusos generalizados cometidos durante la crisis han violado tratados internacionales de derechos humanos que México se ha comprometido a respetar, y según los cuales el Estado parte debe cumplir los compromisos contraídos de buena fe y con la diligencia debida. AI cree que las autoridades han incumplido, hasta el momento, esa obligación. La recomendación de la CNDH expone la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas de México, dado que los órganos estatales, principales responsables de la investigación sobre los abusos de Oaxaca, también están implicados en las violaciones de los derechos humanos. Al mismo tiempo, las autoridades federales siguen sin demostrar su voluntad de garantizar que se lleven a cabo investigaciones efectivas e imparciales sobre todas las violaciones de derechos humanos, que los responsables comparezcan ante la justicia y que las prácticas de seguridad pública y de justicia penal se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos.
AI espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca sin dilación los procedimientos para investigar los hechos de Oaxaca y garantice que tanto la investigación como sus resultados son imparciales, exhaustivos e independientes, y se basan en las normas internacionales de derechos humanos. Si bien esta investigación no reemplaza la responsabilidad de las autoridades de enjuiciar a las personas implicadas en los abusos, en este momento parece ser la posibilidad más esperanzadora para las víctimas y familiares, de acceder a la verdad y la justicia y a un recurso adecuado.
La mejor garantía para evitar futuros abusos es garantizar que no se tolere la impunidad de quienes hayan cometido violaciones de los derechos humanos. Asimismo, sería una forma de demostrar claramente a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional que el gobierno del presiente Felipe Calderón está comprometido con la protección, garantía y cumplimiento de los derechos humanos.
Recomendaciones al gobierno mexicano, al gobierno del estado de Oaxaca y a la judicatura federal.
- Garantizar que la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea independiente, imparcial y exhaustiva, y se base en las normas internacionales de derechos humanos; que sus conclusiones se publiquen y que las prueban reunidas puedan emplearse en los juicios.
- Garantizar que la recomendación 15/2007 de la CNDH se aplica de forma efectiva y que todas las autoridades pertinentes tomen medidas para cumplirla. - Tomar medidas para garantizar que las autoridades federales llevan a cabo investigaciones sobre todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Oaxaca, y sobre la ausencia de medidas para prevenirlas, y que publiquen sus conclusiones.
- Garantizar una investigación completa, imparcial e inmediata, sobre los hombres armados no identificados y los agentes de policía vestidos de civil que operaban, al parecer, con el apoyo, la autorización o la connivencia de las autoridades estatales, y publicar las conclusiones.- Establecer procedimientos claros y públicos sobre el uso de uniformes y distintivos de identificación por parte de los agentes de policía y miembros de las fuerzas de seguridad, y para investigar y sancionar a quien los incumpla.
- Emprender investigaciones completas, activas e imparciales para aclarar las circunstancias de las muertes ocurridas durante el conflicto, de acuerdo con el Manual de la ONU sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, y garantizar que se detenga a los responsables y se proporcionen reparaciones adecuadas a las familias.
-Garantizar investigaciones imparciales, exhaustivas e inmediatas sobre las denuncias de detención arbitraria y en régimen de incomunicación, tortura y malos tratos, y violaciones de otros derechos relacionados con el debido proceso.
- Garantizar que todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos reciben reparaciones, incluido tratamiento médico y terapéutico, si procede.- Investigar de forma imparcial todas las denuncias de hostigamiento, amenazas, ataques y cargos penales por motivos políticos contra periodistas y defensores o defensoras de los derechos humanos durante la crisis, y pedir cuentas a los responsables.
-Garantizar que las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos pueden llevar a cabo sus actividades sin restricciones ni temor de represalias, como establece la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
-Garantizar que las personas detenidas y en espera de juicio en relación con delitos cometidos durante los disturbios reciben juicios justos, en consonancia con las normas internacionales.- Garantizar que las fuerzas de seguridad, la policía, la fiscalía, los defensores públicos y los jueces reciben formación en principios internacionales de derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, y que operan de acuerdo con ellos.
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