Guatemala, 8 de mayo.- El Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Jazmín Barrios, se apresta a emitir sentencia -en una fecha próxima aún no precisada-, luego de que reanudó el juicio, suspendido la semana pasada a la espera de que se resolviera un amparo presentado por la defensa de Ríos Montt.
El tribunal aceptó este miércoles el amparo, lo que restituyó al abogado Francisco García como principal defensor, luego de haber sido expulsado del juicio el 19 de marzo, el mismo día en que se abrió, porque según la jueza Barrios estaba obstruyendo la apertura del proceso, violando principios éticos.
Durante la audiencia, ya restituido en su cargo, García pidió que se suspendiera el juicio y se reiniciara una vez que él hubiera conocido todos los argumentos e incidencias presentados en su ausencia durante el proceso.
Al ser rechazada su solicitud, el abogado arremetió contra los jueces: "Ustedes no son superiores a la ley. No voy a descansar hasta verlos tras las rejas", les dijo desafiante en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia.
"No aceptamos amenazas de ningún tipo", respondió Barrios, y tras defender la actuación del tribunal ordenó iniciar con la fase de conclusiones del juicio, que incluye al ex jefe de inteligencia militar de Ríos Montt, el general José Rodríguez, acusado también de genocidio.
El fiscal Orlando López, quien durante el juicio llevó a testificar a más de un centenar de familiares de víctimas de masacres y presentó informes antropológicos forenses, pidió 75 años de prisión para Ríos Montt y Rodríguez por los delitos de genocidio y de delitos contra la humanidad.
Ríos Montt y Rodríguez enfrentan cargos por la masacre a manos de militares de 1.771 indígenas mayas de la etnia ixil, en el departamento de Quiché durante el gobierno de facto del exdictador (1982-1983).
"Tenía (Ríos Montt) poder absoluto sobre el ejército", expuso López en la audiencia, al respaldar su petición de condena.
López detalló que en los planes militares aprobados por Ríos Montt se hace mención que el ejército catalogó como "enemigos internos" a los indígenas ixiles por su presunta colaboración con grupos insurgentes durante los 36 años de la guerra civil en Guatemala (1960-1996), motivo por el cual inició la "destrucción" del grupo étnico.
El fiscal pidió también al tribunal revocar el arresto domiciliar que tiene, desde enero de 2012, y la prisión preventiva que guarda Rodríguez en un hospital militar, "por peligro de fuga".
"Setenta y cinco años lo que hacen es rejuvenecerme", dijo irónicamente Ríos Montt a periodistas al salir de la audiencia, en referencia a la sentencia que pidió la fiscalía.
El tribunal de sentencia escuchará este jueves las conclusiones de los representantes de las víctimas querellantes en el proceso y la defensa de Ríos Montt. Al finalizar se espera conocer la fecha y hora que fijen los jueces para emitir su veredicto.
Aún se mantiene la expectativa sobre si el exdictador tomará la palabra antes de la sentencia para defenderse de las acusaciones en su contra.
El 18 de abril, a un mes de iniciado el proceso, una jueza había anulado todo "lo actuado" debido a recursos pendientes por resolver, pero cortes superiores ordenaron el restablecimiento del caso.
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