El Universal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 26 de julio.-El Consejo Estatal de Derechos Humaos (CEDH) abrió un expediente de queja para solicitar el cumplimiento de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), derivada de la muerte de 18 recién nacidos en el hospital regional de la ciudad de Comitán de Domínguez en diciembre de 2002.
El CEDH señaló que, agraviados por el fallecimiento de menores, presentaron un escrito de queja y que, al solicitar informes a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se le indicó de 17 averiguaciones previas por el probable delito de homicidio doloso por omisión.
El Consejo precisó en un documento que en el 2003, la CNDH determinó atraer el caso e integró la recomendación 24/2004 que expone que "no se proporcionó a los agraviados adecuada prestación del servicio público de salud , de procuración de justicia, dejándolos en estado de indefensión, por la dilación en que incurrieron los servidores públicos adscritos a la PGJE".
Ese mismo año, agregó, la entonces Comisión de los Derechos Humanos de Chiapas inició de oficio, la queja CEDH/COM/0002/01/2003, por la denuncia pública que informó sobre la presunta negligencia médica.
Según el CEDH, pese a que la recomendación fue aceptada, ésta no se cumplió en ninguno de los puntos propuestos, "existiendo impunidad en el caso".
Apeló al artículo 55 de la Constitución local, que avala a dicho Consejo para "velar por el cabal cumplimiento de las determinaciones formuladas por los organismos internacionales de los derechos humanos, así como la CNDH ,en especial aquellas en las que se determine la reparación del daño".
El organismo defensor expuso la existencia del probable delito de homicidio doloso por omisión -injusto penal que se actualiza por el hecho de que el estado y su titular, omitieron atender con medicamentos y equipamiento médico adecuado al hospital de Comitán- lo cual arrojó el fallecimiento de los bebés, siendo esto además, una negación al acceso a la salud".
Por tanto, exhortó a una investigación para deslindar la responsabilidad legal que "se deduce le puede asistir al entonces titular del Ejecutivo, Pablo Salazar Mediguchía.
"La responsabilidad debe quedar debidamente probada o desestimada, en atención a la indagatoria que se instaure en su contra"
El ex gobernador Salazar, detenido en el penal El Amate, enfrenta un proceso legal por presunto peculado 104 millones, entre otros delitos penales
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