El arresto del ex gobernador Pablo Salazar Mendigichuchía abrió la posibilidad de investigar a las compañías que trabajaron en la zona afectada por el huracán Stan. Miles de casas son inhabitables y se ubican en zonas de “alto riesgo”. Las obras de desazolve de ríos “no cumplen” con las expectativas de seguridad, consideran los damnificados.
El líder de un grupo de damnificados, Carlos Tapia dio a conocer que desde el 3 de abril del 2009, interpusieron demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra el ex gobernador Salazar Mendiguchía, funcionarios encargados de la reconstrucción, ex alcaldes y dueños de constructoras, por el presunto desvío de recursos, en más de una veintena de municipios.
Existen constructoras con prestanombres que se les adjudicó obra y la hicieron mal, dice dirigente de damnificados que hace dos años se plantó ante el Ministerio Público para demandar a Salazar Mendiguchía y ex funcionarios de la reconstrucción, donde se inició la averiguación previa PGR/CHIUS/TAP/11/111/09. “Ahora queremos que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias”.
En un repaso de lo hecho en la zona afectada, el líder enumera que las viviendas “están mal hechas y son inhabitables”, las unidades habitaciones, que se ubican en zona peligrosas, no tienen drenaje, luz y agua. Lo grave es que están en zonas inundables y de derrumbes.
Las obras de desazolve y limpieza de ríos, levantamiento de muros de contención, “nunca se realizaron” o si se llevaron a cabo, las hicieron mal. “En los ríos Huixtla y Suchiate, es insuficiente lo que se ha hecho y el gobierno de Juan Sabines Guerrero que heredó toda esta problemática, ha ido subsanando gradualmente todos estos problemas”, considera.
Aunado a esto, Tapia sostiene que existen dudas en el manejo de presupuesto porque la Comisión Nacional del Agua (CNA), maneja un presupuesto de 20 mil millones de pesos, para la zona siniestrada, pero Salazar Mendiguchía, dice que fueron 11 mil millones de pesos.
Además a este presupuesto, llegaron recursos de fundaciones internacionales y de México, embajadas, organismos no gubernamentales y el actor Mel Gilbson que donó un millón de dólares, “por lo que es el momento que se aclarare dónde fueron a parar todos esos recursos”, agrega el líder de los damnificados.
Casas como coladeras
Los habitantes de las unidades habitaciones de la Sierra Madre de Chiapas, dice que sus casas que recibieron en el 2006 son “unas coladeras”, pero desde que recibieron las viviendas solicitaron que se investigara a los constructores, “pero nunca nos escucharon”, comenta Mercedes Ordóñez Méndez, una de las afectadas por el huracán que con la crecida del río de Xelajú, en septiembre del 2005, su casa fue arrancada desde los cimientos.
El desazolve de los ríos y arroyos que cruzan Motozintla no ha sido efectivo. El 5 de septiembre del 2010, una lluvia de dos horas, provocó el desbordamiento del arroyo Morelos y miles de toneladas de tierra y lodo destruyeron casas, el DIF municipal y una gasolinera.
La inseguridad en que se encuentran las unidades habitaciones, obligó a los damnificados a vender sus casas entre 30 a 40 mil pesos, pero miles de familias de los fraccionamientos Milenio I, II, III y IV, se quedaron ahí, aun cuando saben que están en una “zona de riesgo”.
“Muchos de los damnificados se fueron a las orilladas de Motozintla, regresaron a algunas comunidades de los alrededores o prefirieron comprar terrenos en Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Frontera Comalapa”, explica Vicente Roblero Díaz, un poblador que sabe que las montañas de los alrededores todos los días le ganan terreno a la zona urbana. “Los cerros se están desgajando poco a poco”.
Aun cuando el propio gobierno del estado sabía, que Motozintla está ubicada en una zona de “alto riesgo”, aquí se realizó uno de los más amplios programas de construcción de casas para damnificados.
Los muros de contención que se levantaron entre el 2005 y 2005, están en peligro de ceder, como el de barrio Reforma. Los canales de los ríos y arroyos están azolvados. Recientemente se construyeron muros en los ríos Xelajú, La Mina y Allende, pero los habitantes están seguros que estas obras no les brindan seguridad, porque la lluvia que generó la depresión tropical 11-E, del 5 de septiembre, les trae el recuerdo de que están en un área de “peligro”.
Solo se les investigó
Crispín Velásquez, vocero de otro grupo de desplazados por la catástrofe de octubre del 2005, dice que se adjudicaron 13 contactos por más de 78 millones de pesos, para la construcción de casas, que deben ser revisados, porque “ha dejado mucho que desear”, sobre todo por el pésimo estado en que fueron entregados las unidades habitacionales.
El gobierno del estado inició proceso contra las constructoras, “pero no sabemos qué pasó con estos casos: si los dueños o encargados de las empresas fueron detenidos o si se les fincó responsabilidad”, agrega el líder.
Por ejemplo, en Montenegro y Aguazarca, en el municipio de Frontera Comalapa, se construyeron casas sin conexiones de drenaje y con pésimos materiales, que seis años después del huracán, “ya son inhabitables”.
En un informe del entonces Instituto de Vivienda (Invi), se asienta que las compañías Arrendadora Flamingos S.A de C.V, Aleph Construcciones y Marado Construcciones S.A de C.V y otras.
Por ejemplo, las 363 viviendas construidas en Paso Hondo, en Frontera Comalapa, por la Arrendadora Flamingos S.A de C.V, tienen “graves deficiencias”, aunado a esto, el drenaje de la unidad habitacional se desfoga al río Santo Domingo. El gobierno del estado pagó 36 millones 54 mil 878 pesos, a esta constructora el siete de diciembre del 2006, pero “no cumplió, porque dejó las casas en mal estado”.
Esta constructora también ganó un concurso “por 24 millones 120 mil pesos, para edificar 268 viviendas, en Villa Comaltitlán”.
Aleph Construcciones, por su parte, dirigida por Alessandro Anzurez Dadda, también se le inició proceso de investigación por 6 millones 336 mil 150 pesos.
Marado Construcciones S.A de C.V, del contratista Fernando Hernández Hernández, recibió 12 millones 193 mil 560 pesos. El gobierno que inició proceso contra estas empresas, únicamente realizó descuentos en pagos por haber construido casas en mal estado, detalla el informe del Invi.
Huyen constructores
Crispín Velásquez considera que hoy es el momento de iniciar las investigaciones contra las constructoras que participaron en la reconstrucción de Stan, para que rindan cuentas y exigirles que “terminen lo que hicieron mal o regresen el dinero”.
Este diario trató de hablar con algunos dueños de constructoras, pero no fue posible localizarlos o se negaron hablar. Un empresario que pidió no ser identificado comentó: “Muchos constructores están escondidos o han huido. Conozco un constructor que era funcionario y le dieron obra. Los hermanos de Pablo Salazar Mendiguchía, deben estar huyendo, porque ellos eran los que suministraban material, como el tubo acostillado, para las obras de drenaje, que traían desde Monterrey”.
Agrega que supo que el ex funcionario estatal, de apellido Domínguez, tuvo obras en la zona afectada por varios millones de pesos, dinero que recibía “antes de terminar la obra” y por esto el entrevistado sostiene: “Hay constructores que se enriquecieron de la noche a la mañana gracias al huracán Stan”.
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