Incertidumbre e inquietud social. Pero también el desarrollo no equilibrado, debido a la ruptura de las cadenas productivas, lacera la estabilidad del país. Sin movilidad social, sin una política social integral, las opciones de desarrollo han perdido su dinámica y su competitividad. El gobierno, simplemente, ha abdicado de su función rectora debido a los desastrosos resultados económicos.
Mientras la población más vulnerable no supere las limitaciones económicas continuaremos siendo un país ausente de equidad. La marginación y la desigualdad proseguirán perjudicando a los connacionales debido a una política económica contraria a los intereses de la mayoría.
El documento denominado México: país sin crecimiento y sin empleo, presentado por el Partido Revolucionario Institucional en San Lázaro, señala con cifras y datos determinantes que la economía se ha derrumbado hasta los niveles más ínfimos. El aumento del desempleo es evidente, el ingreso per cápita es indigno y la pérdida del poder adquisitivo una realidad.
El análisis señala que en 2000, después de la severa crisis de 1995, el primer gobierno panista recibió una economía que crecía 6 por ciento anual, en un contexto de estabilidad macroeconómica. El retiro del Estado como rector y promotor directo del crecimiento, conjugado con la impericia del nuevo equipo de gobierno, truncó la tendencia; condujo a la caída y el estancamiento de la economía.
La realidad del México actual revela que tampoco existe una política industrial, lo cual explica en gran medida el desmantelamiento de la planta productiva nacional; por ello, el índice de la actividad industrial es igual al de 2006 (sólo la industria de la construcción se contrajo 4.6 por ciento en lo que va del presente gobierno y la inversión extranjera directa ha disminuido 59 por ciento en los últimos 10 años).
Al definir la pobreza como la insatisfacción de las necesidades básicas, sabemos de antemano que México enfrenta rezagos importantes. La clase media continúa, ahora, más depauperizada que nunca.
Otra cifra capital para entender el deterioro social es la tasa de desempleo abierto, que antes de 2000 era de 2.3 por ciento y actualmente es de 5.1 (cabe señalar que en marzo de este año era de 4.61 y para abril de 5.1); junto con los desocupados, trabajadores sin salario o en la economía informal y subempleados, ya suman casi 46 por ciento (22 millones).
La estabilidad macroeconómica, necesaria para el buen desarrollo de la economía, al ser el único objetivo de este gobierno impide el crecimiento, desalienta la inversión privada, en particular la de pequeñas y medianas empresas, y además inhabilita al sector formal de la economía para promover el empleo.
En lo que va del presente siglo, debido esencialmente a condiciones internacionales, se han producido los ingresos públicos adicionales más cuantiosos de la historia, gran parte de los cuales proceden del petróleo. Así, el presupuesto federal casi se ha triplicado, pero ninguno de los problemas torales del país se ha resuelto.
¿La razón?, el despilfarro de los recursos públicos, que en vez de destinarse a la inversión en infraestructura se han usado para aumentar desmedidamente el gasto corriente improductivo, impulsar los programas asistencialistas –que suelen ser manejados con fines electorales y no sociales– y practicar un federalismo perverso, que ha concentrado las decisiones de políticas públicas en las delegaciones estatales.
En suma, después del crecimiento alcanzado en 2000, la economía se desplomó hasta sus niveles más ínfimos en ocho décadas, y aunque hay un repunte después de la crisis de 2009, el estancamiento persistente de la economía y la caída del ingreso per cápita real constituyen un fracaso de los gobiernos panistas que repercute en el rezago del empleo y el bienestar social.
Al comparar el número de empleos formales de 15 millones a marzo de 2011, con el total de la población que está en condiciones de trabajar, que son más de 47 millones, se advierte que el empleo en el país es completamente insuficiente. Al confrontar los mismos 15 millones de trabajadores formales con los 112.3 millones de habitantes que tiene el país, se advierte el tamaño real de la brecha.
Los asuntos públicos competen a todos, no a un partido político ni a un poder en especial. Madurez y corresponsabilidad descansan en todos los actores políticos, pues la democracia se sustenta en un tejido vivo y se nutre con acuerdos y consensos. La participación ciudadana también es importante. La justicia social es un campo soslayado por el presente gobierno.
Violencia e impunidad son las vertientes de la indignación, generadora de esa energía social que se advierte en la actualidad. La tensión social debe frenarse con un trabajo consistente, con un ejercicio responsable de acuerdos y generación de empleos y proyectos sociales. La dinámica electoral no debe generar turbulencias ni desatinos.
sami.david@congreso.gob.mx
http://www.jornada.unam.mx/2011/06/18/opinion/021a2pol
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