Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

A los medios de comunicación estatal, nacional e internacional

A los medios alternativos de comunicación

A las organizaciones políticas y populares

A los organismos defensores de los Derechos Humanos no Gubernamentales

A los profesionistas honestos

A los legisladores progresistas y honestos

Al pueblo de México en general:

Este 25 de mayo se cumplen 4 años de la detención-desaparición de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (militantes del PDPR-EPR) ocurridos en el estado de Oaxaca, sin que hasta la fecha los responsables de éste crimen de lesa humanidad y de Estado hayan sido castigados, ni se ha investigado con exhaustividad de parte de las autoridades gubernamentales correspondientes para dar con los responsables materiales e intelectuales.

En este mismo mes y año fueron detenidos desaparecidos, también, el defensor de Derechos Humanos Francisco Paredes Ruíz, las hermanas Daniela y Virginia, Lauro Juárez, y todos los que son víctimas de estas prácticas bárbaras ejecutadas en lo que va del sexenio del ilegítimo Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, igualmente, los responsables intelectuales y materiales de ayer y hoy de estos crímenes de lesa humanidad siguen en la impunidad.

La práctica de la desaparición forzada considerada por instancias internacionales como crimen de lesa humanidad. Se ha convertido en una de las respuestas represivas sistemáticas del Estado mexicano, en los ámbitos estatal y federal, principalmente, a las justas demandas de los sectores organizados, así como a todo lo que represente disidencia y protesta a las políticas gubernamentales empleadas en el país a favor del poder burgués. Muchos de los casos de detención desaparición las víctimas han sido asesinadas y encontradas con signos de tortura. Al hacer de la desaparición forzada una práctica de Estado para eliminar a críticos e inconformes con el gobierno y sistema, no sólo violan los derechos constitucionales sino los derechos humanos más elementales, plasmados en tratados internacionales Derechos Humanos, signado por el Estado mexicano.

La violencia del pasado y presente proveniente del aparato represivo del Estado, es una violencia institucional, ejecutada por las fuerzas castrenses, policiacas y grupos paramilitares, que actúa a un solo compas que es el terrorismo de Estado, que busca por la vía de los hechos imponer un Estado policiaco-militar, que a su vez sirva para forzar al poder legislativo a aprobar reformas sustanciales de corte fascista, como es la pretendida modificación al marco jurídico-legal en materia del fuero judicial y militar, que tiene como objetivo aterrorizar y someter al pueblo en general, y de manera particular, primero: mermar en capacidad y fuerza al amplio y diverso espectro del movimiento popular, y segundo y fin último consumar su pretensión: el exterminio; aunado a estos dos niveles de represión se desarrolla la limpieza social que está en marcha desde hace 5 años, con los asesinatos masivos de personas sin militancia política, a sabiendas que por su condición de marginados sociales y excluidos de sus derechos humanos, en muchas ocasiones nadie reclama por ellas y ellos.

El empecinamiento del ilegítimo de Felipe Calderón, de seguir con la absurda “guerra” con el desgastado pretexto de combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico, que sirve de cobertura mediática y fabricar inexistentes consensos sociales, que avalan los ejercicios y practicas fascistas, como son el militarizar los diferentes ámbitos de la sociedad y estructuras de gobierno; el despliegue de elementos militares y policiacos en el país; la implementación de estados de sitios temporales en las franjas fronterizas del norte y sur del país y la paramilitarización de urbes y comunidades rurales han dado como resultado más de 45 mil ejecuciones extrajudiciales, cerca de 10 mil desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales, según publicaciones periodísticas, más de 4 mil documentadas, el exilio forzado de activistas de derechos humanos ante la persecución, hostigamiento y amenaza de perder la vida al permanecer en el país.

La imposición de la guerra Calderonista, no es contra el crimen organizado, ése es el discurso, ¡es contra el pueblo! y las cifras de detenidos como presuntos delincuentes, los muertos y desaparecidos por motivos políticos y sociales no miente del origen popular de la mayoría de ellos. Política represiva que sigue puntualmente los mandatos del gobierno Estadounidense, que se despliega a lo ancho y largo del país como lo marca el Plan Mérida, que bajo el falaz argumento de la seguridad interna se consolida el intervencionismo del pentágono en México y la supeditación del Estado a un gobierno extranjero.

Por ello las reformas judiciales a la Ley de Seguridad Nacional, son un peligro para el pueblo de México y sus organizaciones, al estar encaminadas a la supeditación de los cuerpos castrenses y policiacos, que la política interna de seguridad nacional sea reducida aún engrane más de la política de seguridad nacional Estadounidense vía los asesores militares y policiacos norteamericanos, como se ha estado realizando con los adiestramientos de militares, marinos y policías, bajo lineamientos de carácter y objetivo contrainsurgente.

A casi 5 años de haber iniciado esta guerra en contra de los sectores populares organizados y no organizados, las víctimas siguen siendo hijos del pueblo trabajador del campo y la ciudad; luchadores sociales; activistas defensores de los derechos humanos, ambientalistas y sindicalistas; periodistas y profesionistas honestos; campesinos y obreros que se manifiestan de manera espontánea y organizada contra la política antipopular; a los jóvenes del barrio, estudiantes críticos, mujeres organizadas y en pie de lucha y …

El “blindaje” de la frontera con Guatemala en el que invertirán más de 2 mil millones de pesos, con el pretexto de combatir la delincuencia y mejorar la seguridad fronteriza, corresponde a una de las tareas convenidas en el Plan Mérida, del mismo modo que se hiso en la norte, para establecer un estado de excepción en la región con la presencia de elementos militares y policiacos, para asumir el Estado mexicano y su aparato de represión el papel de viles cancerberos del imperialismo norteamericano. Con esta forma de administrar el flujo migratorio proveniente de Centroamérica y las comunidades fronterizas mexicanas, ocasionado por las condiciones deplorables y de miseria de sus respectivos países, solamente acrecentaría el calvario de vejaciones, humillaciones y crímenes de Estado hacia los migrantes, como evidente y recurrente caso de violaciones de los derechos humanos y los tratados firmados por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, en territorio mexicano.

En tanto que con la reforma laboral se pretende despojar de los derechos conquistados en décadas pasadas mediante las luchas, a los trabajadores que ante estas fatales condiciones nos pronunciamos:

- Por la promulgación de una Ley General que investigue, prevenga, castigue y erradique la desaparición involuntaria y/o forzada de personas en nuestro país

- La modificación del Código Penal en las entidades federativas que permitan la tipificación de la desaparición forzada como delito de carácter imprescriptible.

- El cabal cumplimiento a la recomendación 007/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por parte del gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo.

- Castigo a los responsables de las más de 45 mil ejecuciones extrajudiciales y más de 10 mil desapariciones forzadas.

- Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del país.

- Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen.

- Alto a la guerra contra el pueblo que toma como pretexto el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico.

- Desarticulación de las bandas paramilitares.

- Por el regreso del ejército a sus cuarteles

- Nuestro irrestricto apoyo a la marcha y movimiento por la paz con justicia social.

¡VIVOS LOS LLEVAN! ¡VIVOS LOS QUEREMOS!

¡POR LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR!

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

F N L S

México, a 25 de mayo de 2011.