Ángeles Mariscal
María Francisca Mateo y su familia tienen que rentar un pequeño terreno en la comunidad Cobán, para cultivar el maíz que les permite sobrevivir, la mitad de lo que producen le queda al propietario de la tierra, además de un pago económico.
Rosa Asunción, de La Grandeza, participa las acciones para demandar tarifas justas en el consumo de energía eléctrica. Ella, su esposo, hijos y compañeros, han sufrido agresiones directas y amenazas por parte de quienes no comparten su posición ideológica y política.
Juana habita en Amatenango, junto con un grupo de indígenas de su poblado se oponen al cambio de cultivos de alimentos básicos por otros más “rentables”, tampoco desean dividir la propiedad comunitaria ni recibir los programas asistencialistas del gobierno. Dice que los llaman “locos”.
Las “canasteras” del mercado de Comitán, mujeres que venden tostadas, maíz, pozol, deben sortear cada día los intentos de expulsarlas del lugar; o en mejor de los casos, pagar rentas o cuotas a los administradores del lugar. Sus ganancias no sobrepasan los 200 pesos cada tercer día.
Son algunos ejemplos de lo que viven a diario las mujeres de la Otra Campaña. Los casos más comunes, porque hay otras que enfrentan a la expulsión de sus comunidades, a los abusos sexuales, al encarcelamiento de sus esposos.
Pertenecen al sector campesino, la mayoría son indígenas. Las estadísticas oficiales las ubican en los índices de más alta marginalidad del país. Aún así, su discusión gira alrededor del valor de la dignidad.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, se dieron cita para iniciar la campaña “La Tierra no se vende: Mujeres y hombres la tenemos, la cultivamos y la defendemos”.
Muchas de sólo hablan su lengua materna, otro gran porcentaje no saben leer ni escribir. Todas coinciden en que les habría gustado tener mayores oportunidades para estudiar.
En la reunión que sostuvieron previo al festejo del día Internacional de la Mujer, hablaron sobre la problemática común que las afecta: la pobreza, los abusos y presión para que acepten programas asistencialistas que les permitan ubicarlas en las positivas estadísticas oficiales.
La conclusión al término del encuentro fue continuar sus procesos reivindicativos.
En un comunicado previo al encuentro, las mujeres a través del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, consideraron que esta reivindicación es fundamental, sobre todo el que se refiere al acceso al derecho a la tierra, participar en las asambleas y tomar decisiones que tienen implicaciones no sólo en la vida de los hombres sino también en la vida de las mujeres, las familias, las comunidades.
El organismo no gubernamental dijo que ha identificado que el problema de la exclusión y el despojo de la tierra ocupa un lugar central en la violación de los derechos de las mujeres.
“Históricamente las mujeres han sido excluidas de la propiedad de la tierra, del uso y usufructo de la misma, siendo los hombres quienes han sido reconocidos como propietarios de la tierra, de lo que produce y del aporte a la economía campesina y familiar; a pesar de que debido a la migración, cada vez más, son las mujeres las responsables del cultivo de la milpa para el mantenimiento familiar”.
El Centro explicó que esta falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres a la tierra es parte fundamental de los usos y costumbres, es decir, de los valores y normas tradicionales de la cultura en cuanto a lo que reflejan los reglamentos ejidales y los estatutos comunales. Al no tener tierra, no tienen derecho a hablar en las asambleas, y por lo tanto a participar en las decisiones comunitarias y personales que les afectan.
También reivindicaron su derecho a la alimentación, control de precios de los productos básicos, precio justo para los productos del campo. Derecho a la justicia, alto a las violaciones, al feminicidio, y castigo para los responsables.
Solución inmediata a los casos de mujeres cuyos derechos han sido violentados. Derecho de las mujeres a participar, en igualdad a los hombres, en el análisis y solución de los conflictos, tanto al interior de las comunidades y ejidos, como en los intercomunitarios.
Pidieron detener las amenazas y despojo de nuestras tierras y territorios por parte de las autoridades. Revisión inmediata de reglamentos ejidales y estatutos comunales para eliminar la discriminación a las mujeres.
Detener la violencia en las regiones indígenas y campesinas y en los territorios autónomos zapatistas. Solución justa a los conflictos en Agua Azul, Mitziton, Tila, Chicomuselo y demás comunidades en las que existen problemas en relaciónal uso de los recursos naturales.
Se manifestaron contra las altas tarifas de luz, agua, predial y de todos los servicios básicos; y contra la represión contra los grupos en resistencia. También la libertad inmediata de los y las presas políticas y respeto a su dignidad y a la de sus familiares. Y un alto a la militarización y paramilitarización del país.
María Francisca Mateo y su familia tienen que rentar un pequeño terreno en la comunidad Cobán, para cultivar el maíz que les permite sobrevivir, la mitad de lo que producen le queda al propietario de la tierra, además de un pago económico.
Rosa Asunción, de La Grandeza, participa las acciones para demandar tarifas justas en el consumo de energía eléctrica. Ella, su esposo, hijos y compañeros, han sufrido agresiones directas y amenazas por parte de quienes no comparten su posición ideológica y política.
Juana habita en Amatenango, junto con un grupo de indígenas de su poblado se oponen al cambio de cultivos de alimentos básicos por otros más “rentables”, tampoco desean dividir la propiedad comunitaria ni recibir los programas asistencialistas del gobierno. Dice que los llaman “locos”.
Las “canasteras” del mercado de Comitán, mujeres que venden tostadas, maíz, pozol, deben sortear cada día los intentos de expulsarlas del lugar; o en mejor de los casos, pagar rentas o cuotas a los administradores del lugar. Sus ganancias no sobrepasan los 200 pesos cada tercer día.
Son algunos ejemplos de lo que viven a diario las mujeres de la Otra Campaña. Los casos más comunes, porque hay otras que enfrentan a la expulsión de sus comunidades, a los abusos sexuales, al encarcelamiento de sus esposos.
Pertenecen al sector campesino, la mayoría son indígenas. Las estadísticas oficiales las ubican en los índices de más alta marginalidad del país. Aún así, su discusión gira alrededor del valor de la dignidad.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, se dieron cita para iniciar la campaña “La Tierra no se vende: Mujeres y hombres la tenemos, la cultivamos y la defendemos”.
Muchas de sólo hablan su lengua materna, otro gran porcentaje no saben leer ni escribir. Todas coinciden en que les habría gustado tener mayores oportunidades para estudiar.
En la reunión que sostuvieron previo al festejo del día Internacional de la Mujer, hablaron sobre la problemática común que las afecta: la pobreza, los abusos y presión para que acepten programas asistencialistas que les permitan ubicarlas en las positivas estadísticas oficiales.
La conclusión al término del encuentro fue continuar sus procesos reivindicativos.
En un comunicado previo al encuentro, las mujeres a través del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, consideraron que esta reivindicación es fundamental, sobre todo el que se refiere al acceso al derecho a la tierra, participar en las asambleas y tomar decisiones que tienen implicaciones no sólo en la vida de los hombres sino también en la vida de las mujeres, las familias, las comunidades.
El organismo no gubernamental dijo que ha identificado que el problema de la exclusión y el despojo de la tierra ocupa un lugar central en la violación de los derechos de las mujeres.
“Históricamente las mujeres han sido excluidas de la propiedad de la tierra, del uso y usufructo de la misma, siendo los hombres quienes han sido reconocidos como propietarios de la tierra, de lo que produce y del aporte a la economía campesina y familiar; a pesar de que debido a la migración, cada vez más, son las mujeres las responsables del cultivo de la milpa para el mantenimiento familiar”.
El Centro explicó que esta falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres a la tierra es parte fundamental de los usos y costumbres, es decir, de los valores y normas tradicionales de la cultura en cuanto a lo que reflejan los reglamentos ejidales y los estatutos comunales. Al no tener tierra, no tienen derecho a hablar en las asambleas, y por lo tanto a participar en las decisiones comunitarias y personales que les afectan.
También reivindicaron su derecho a la alimentación, control de precios de los productos básicos, precio justo para los productos del campo. Derecho a la justicia, alto a las violaciones, al feminicidio, y castigo para los responsables.
Solución inmediata a los casos de mujeres cuyos derechos han sido violentados. Derecho de las mujeres a participar, en igualdad a los hombres, en el análisis y solución de los conflictos, tanto al interior de las comunidades y ejidos, como en los intercomunitarios.
Pidieron detener las amenazas y despojo de nuestras tierras y territorios por parte de las autoridades. Revisión inmediata de reglamentos ejidales y estatutos comunales para eliminar la discriminación a las mujeres.
Detener la violencia en las regiones indígenas y campesinas y en los territorios autónomos zapatistas. Solución justa a los conflictos en Agua Azul, Mitziton, Tila, Chicomuselo y demás comunidades en las que existen problemas en relaciónal uso de los recursos naturales.
Se manifestaron contra las altas tarifas de luz, agua, predial y de todos los servicios básicos; y contra la represión contra los grupos en resistencia. También la libertad inmediata de los y las presas políticas y respeto a su dignidad y a la de sus familiares. Y un alto a la militarización y paramilitarización del país.
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