Tapachula, Chis; 5 de enero.- Jornaleros guatemaltecos arrojaron huevos y plátanos verdes en las oficinas de la Secretaría de la Frontera Sur del gobierno de Chiapas para exigir a las autoridades el pago de 18 días de salarios, por la retención que hizo la FEVINTRA tras ser sacados del rancho bananero la “Herradura” con el argumento de que eran explotados laboralmente.
¡Queremos que nos paguen nuestros salarios de 18 días que nos mantuvo secuestrados la FEVINTRA –Fiscalía Especial para la Violencia cometida contra las Mujeres y la Trata de Personas- que nos llevaron con engaños!, pedían los trabajadores guatemaltecos que el pasado 12 de diciembre fueron sacados de la propiedad debido a una denuncia anónima de explotación laboral y retenidos en la estación migratoria “Siglo XXI”.
El grupo conformado por hombres y mujeres que con anterioridad se han manifestado en el Juzgado Cuarto de Distrito y en las oficinas de la FEVINTRA de esta ciudad fronteriza con Guatemala, señalaron que lo único que piden es que se les pague los días que estuvieron privados de su libertad, se les reponga sus enseres domésticos, aparatos eléctrico, bicicletas y dinero en efectivo que desaparecieron de la finca luego del operativo.
Juan Francisco Romero Girón, de 20 años de edad, originario de La Nueva Concepción, Guatemala, recordó que el pasado 12 de diciembre del 2010, como a las 13:00 horas regresaban los trabajadores al casco de la finca para comer cuando llegaron muchos soldados con sus armas y tras juntarlos les dijeron que los iban a llevar un ratito para platicar.
“Ese ratito se convirtió en 18 días, los de la AFI querían que les dijeramos mentiras, que no nos pagaban, pero eso no es verdad, yo tengo casi nueve años trabajando en la finca y nunca he tenido problemas”, señaló Romero Girón.
Por su parte, Florinda Ramírez, de Coatepeque, narró que al ver tantos soldados se asustó mucho y junto con otras mujeres con niños en brazos, con engaños fueron subidos a un trailer y trasladados a la PGR, donde los mantuvieron privados de su libertad por varias horas sin probar alimentos.
“Nuestra demanda es justa, queremos quenos paguen los días que perdimos sin trabjar, además que se nos repongan nuestras cositas que con tanto trabajo las hicimos”, refirió la mujer.
El representante de los jornaleros guatemaltecos, Víctor Hugo Martínez, indicó que a la FEVINTRA le cuesta trabajo aceptar que el operativo fue un fracaso debido a que no se encontró evidencia del delito de Trata de Personas con fines de explotación laboral como ellos lo dieron a conocer.
“Ellos quisieron justificar ese operativo por que todo salio mal, ahora el temor es que fabriquen otro delito ya que la averiguación previa sigue abierta”, dijo el litigante.
La Secretaria de la Frontera Sur, Andrea Hernández Fitzner, aclaró que la participación de el gobierno del estado en el asunto de la finca “La Herradura” fue por razones humanitarias, ya el Instituto Nacional de Migración (INM) les solicitó el apoyo para recibir a las madres y los niños en el albergue mientras había el proceso de investigación por parte dela FEVINTRA.
Durante una improvisada conferencia de prensa, la funcionaria estatal señaló que debido a los protocolos que existen entre las autoridades federales y estatales, se apoyo a los jornaleros con ropa, alimentación y el hospedaje en uno de los albergues para migrantes para que no estuvieran en las instalaciones del INM debido a que no eran sujetos de repatriación.
Además, que para no erogarles un gasto por que no estaban encondiciones el gobierno del estado asumió los gastos para la tramitación de la Forma Migratoria (FM2), con la cual ahora pueden trabajar de manera legal en cualquier parte del país.
De acuerdo a un comunicado que emitió la PGR por el operativo del pasado 12 de noviembre donde fueron “rescatadas” 108 personas, entre ellos 83 hombres y 25 mujeres, de Guatemala y algunos de El Salvador y Honduras, así como cinco mexicanos, tres recién nacidos y una menor de 12 años que estaba embarazada.
En el operativo en la finca “La Herradura”, ubicada entre los ejidos Miguel Alemán y Libertad, en el municipio de Suchiate, participaron 80 efectivos de la Armada de México, 10 de la Agencia Federal de Investigación (AFI), tres Ministerios Públicos, ocho psicólogas y tres trabajadoras sociales.
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