Diciembre de 2010
Chihuahua, Chih. México
Las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) comparten con la ciudadanía y los medios de comunicación, la información que tienen derivado del acompañamiento a Marisela Escobedo, en su búsqueda de justicia, y solicitan su apoyo para exigir al Estado mexicano asuma su responsabilidad.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal sí sentenció al asesino de Rubí
Algunos medios han publicado que un tribunal oral absolvió a Sergio Rafael, sin embargo hay insuficiente información sobre el proceso legal porque Sergio sí fue condenado en segunda instancia a 50 años de prisión.
Inicialmente, un tribunal de juicio oral absolvió a Sergio Rafael a pesar de que el acusado condujo a la policía al lugar en que había depositado el cadáver de Rubí y además pidió perdón a la madre. Cuando se celebraba la audiencia del juicio, Marisela narró en forma desgarradora todas las investigaciones que había realizado y el sufrimiento que estaba viviendo, sin embargo la jueza presidenta le pidió a Marisela que se callara, argumentando que debía “respetar el tiempo de los demás ya que hay muchos testigos. Usted no es la única, señora”.
El 30 de abril de 2010, los jueces absolvieron al asesino. El video ha sido difundido por los medios, gracias a que los principios del nuevo sistema acusatorio son la presencia de los jueces frente a las partes, la videograbación de todas las audiencias, la oralidad, la inmediación y la publicidad. Estos principios permiten que la ciudadanía y los medios presencien los juicios, y justamente y por primera vez, evalúen la actuación de los juzgadores.
La solución no es encapuchar a los jueces, como pretende el gobierno del estado, porque volvería aún más difícil la evaluación de su actuación y limitaría la rendición de cuentas de los juzgadores. Tampoco se deben adoptar medidas regresivas que impidan que la ciudadanía conozca cómo los jueces dictan sentencias en audiencias videograbadas y públicas.
La transparencia que brindó el sistema acusatorio fue fundamental para que la ciudadanía juzgara a los jueces, la sentencia absolutoria causó indignación y ante la presión de la propia Marisela por el fallo de los jueces, el entonces gobernador Reyes Baeza ordenó la creación de una Comisión Interinstitucional para el seguimiento del caso Rubi Frayre Escobero, integrada por: la Secretaría General de Gobierno, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Procuraduría de Justicia, la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, el Congreso del Estado, la Defensoría Publica, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Mesa de Mujeres de Juárez y las representantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM ) y de Justicia para Nuestras Hijas, organización a la que pertenecía Marisela, estas dos últimas organizaciones fueron representantes legales de la víctima.
En esta Comisión Interinstitucional, después de un diagnóstico elaborado a la luz de la sentencia de tratados internacionales y de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso “campo algodonero”, se documentaron las omisiones y negligencias de funcionarios públicos y jueces, como por ejemplo la negativa a recibir la denuncia de Marisela por la desaparición de su hija Rubí; la omisión en la aplicación del protocolo Alba, que obliga a la coordinación de instituciones y corporaciones policiacas federales estatales y municipales ante la desaparición de una mujer en Ciudad Juárez; el retraso injustificado de más de 40 días para buscar los restos de Rubí en el lugar donde se les había señalado; entre otras muchísimas irregularidades.
Las observaciones se fundamentaron en la revisión jurídica del expediente y se elaboraron recomendaciones concretas para los tres poderes del estado y para la federación que sin embargo, hasta ahora han sido desestimadas.
El 20 de mayo de 2010, se realizó un nuevo juicio, esta vez, ante un tribunal de casación integrado por los magistrados José Alberto Vásquez, Flor Mireya Aguilar y Roberto Siqueiros Granados, en donde participaron como coadyuvantes Marisela Escobedo y la Lic. Lucha Castro.
El Tribunal de Casación anuló la sentencia absolutoria, emitió una sentencia contra Sergio Rafael Barraza Bocanegra, condenándolo a 50 años de prisión, y giró una orden de aprehensión.
La Procuraduría General de la Republica y la Procuraduría del Estado de Chihuahua tuvieron más de 200 días para detener a Sergio Rafael, asesino de Rubí
Desde el 20 de mayo hasta el día en que Marisela fue asesinada, pasaron más de 200 días, tiempo que tuvo la Procuraduría del Estado y la Procuraduría General de la República para ejecutar la orden de aprehensión y detener a Sergio Rafael por el asesinato de Rubí.
Marisela constató, cuando acudió a las representaciones de la PGR en diversos estados, así como a las procuradurías locales que nadie lo estaban buscando y que no había acuerdos de cooperación. Incluso, en Zacatecas no tenían la orden de aprehensión, a pesar de que la Procuraduría la habría enviado a ese lugar.
En julio de 2010, ante la evidencia de que ninguna autoridad lo buscaba, Marisela acudió a la Ciudad de México para solicitar audiencia con el Presidente Calderón y con el Procurador Arturo Chávez Chávez. Ambos se negaron a recibirla.
El gobierno federal y estatal fueron informados de las amenazas y vulnerabilidad en que se encontraba Marisela y fueron omisos en brindarle medidas de protección.
A finales de noviembre, 20 días antes de su asesinato, Marisela acudió a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, en donde se entrevistó con funcionarios y les expuso su situación de vulnerabilidad y riesgo.
El 8 de diciembre, Marisela se entrevistó con el fiscal del estado de Chihuahua en donde nuevamente le informó sobre el riesgo en el que se encontraba por realizar ella misma las investigaciones que les correspondería hacer a la fiscalía.
El Estado mexicano hizo caso omiso. Recordemos que de conformidad con la Corte Interamericana y los estándares internacionales de derechos humanos, los estados son responsables por acción y también por omisión. Por ejemplo, en este caso, es evidente la falta de implementación de políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres en Juárez; la negativa para recibir inicialmente la denuncia de desaparición y posteriormente la negativa a buscar a Rubí y activar el protocolo alba para localizar a mujeres desaparecidas. Es clara la negligencia de los funcionarios federales y estatales que se negaron a brindar protección a Marisela, en un contexto de discriminación contra las mujeres y de grave riesgo.
Por eso, resulta insuficiente sancionar únicamente a los jueces del primer tribunal. El feminicidio de Marisela Escobedo es un crimen de estado, por el desprecio y graves omisiones del gobierno federal y estatal.
El mismo 8 de diciembre, después de entrevistarse con el fiscal general de Chihuahua, Marisela instaló un campamento en la Cruz de Clavos NI UNA MÁS, en la Ciudad de Chihuahua y declaró “No me voy mover de aquí hasta que detengan al asesino de mi hija”. Estaba dispuesta a pasar navidad y año nuevo en ese lugar emblemático, en el que apenas el 25 de noviembre pasado, había participado en una manifestación junto con las madres de Justicia para Nuestras Hijas, para colocar en la cruz, más de 300 nombres de las mujeres que han sido asesinadas en el estado de Chihuahua en 2010.
Propuestas
Ante estos hechos, solicitamos a la ciudadanía a que llame, envíe correos electrónicos o mensajes de twitter en donde solicite al presidente Calderón (@felipecalderon) y al gobernador Duarte (@goberduarte) los siguientes petitorios:
Investigar y sancionar los feminicidos de Rubí Fraye y Marisela Escobedo.
Publicar los resultados de la Comisión Interinstitucional para el seguimiento del caso Rubi Frayre Escobero.
Reanudar los trabajos de la Comisión Interinstitucional y extensión de su mandato para revisar el feminicidio de Marisela a fin de responsabilizar a las/los funcionarios públicos omisos.
Otorgar una reunión urgente con el Presidente de la República, Felipe Calderón, el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, el Gobernador de Chihuahua, César Duarte y el Fiscal, Óscar Salas.
Implementar de inmediato medidas de protección y garantías para las defensoras de derechos humanos de Chihuahua, en especial para las integrantes de Justicia para Nuestras Hijas y el CEDEHM.
Cumplir con las resoluciones de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Campo Algodonero.
Consultar con la ciudadanía y organizaciones de derechos humanos, las iniciativas para reformar el sistema penal.
Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) agradecemos el abrazo solidario que estamos recibiendo de todo el mundo. Su compromiso nos apoya en la decisión que hemos tomado de honrar la memoria de nuestra compañera MARISELA, defensora de derechos humanos, continuando su lucha por el acceso a la justicia.
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Atentamente:
Comunicación
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C
Ave. Juárez 4107-B
Chihuahua, Chihuahua
tels.
52 (614) 415-41-52
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