Ángeles Mariscal
Las Margaritas, Chis; 7 de diciembre.- El gobierno de Estados Unidos dio a conocer un informe donde señala que en México, en particular en algunos estados como Chiapas, existen restricciones a la libertad religiosa, y líderes locales manipulan estas diferencias para su propio beneficio político o económico: añade que la pobreza endémica, las disputas por la tenencia de la tierra y la falta de oportunidades educativas contribuyen a que en algunas ocasiones las disputas llegan a tornarse violentas.
En el informe titulado “Libertad religiosa en México”, elaborado por el gobierno de Estados Unidos, señala que si bien la Constitución garantiza la libertad de culto, existen algunas restricciones a nivel local en ciertas áreas, una de ellas esta entidad.
En el texto que se puede leer en http://mexico.usembassy.gov/textos/st091026religiosa.html explica que existe “abusos o discriminación de la comunidad, con base en afiliación, credo o culto, usualmente en pequeñas poblaciones rurales en el sur del país. La mayoría de tales incidentes ocurrieron en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo, y en menor medida en el Estado de México, Michoacán, Veracruz y Nayarit”.
Añade que funcionarios de gobierno, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y representantes evangélicos y católicos estuvieron de acuerdo en que las raíces de estos conflictos frecuentemente se encuentran en una combinación de disputas políticas, étnicas o por tierras, las cuales con frecuencia están relacionadas con los llamados “usos y costumbres”, o tradicionales de las comunidades indígenas.
“Hay informes de la existencia de un pequeño número de líderes locales que manipulan las tensiones religiosas en sus comunidades para su propio beneficio político o económico, especialmente en Chiapas”.
El análisis del gobierno de Estados Unidos detalla que en México se estima que hay alrededor de 11 mil templos católicos y 14 mil sacerdotes y monjas católicas; en tanto que otros grupos religiosos representan menos del 5% de la población.
Se trata de evangélicos (pentecostales, neopentecostales y raíces pentecostales), protestantes “históricos” (definidos por el gobierno como presbiterianos, bautistas, metodistas, nazarenos, menonitas y otros), adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), musulmanes y judíos.
“La Dirección General de Asociaciones Religiosas (DGAR), de la Secretaría de Gobernación, registró 169 asociaciones evangélicas y protestantes tradicionales. Se desconoce el número exacto de iglesias y pastores evangélicos y protestantes, y son escasas las estadísticas con respecto a sus miembros”.
En el estado de Chiapas -añade el informe- el 21.9 por ciento de los censados en el año 2000 se identificaron como protestantes. Sin embargo, algunos grupos evangélicos protestantes manifiestan que sus correligionarios constituían un porcentaje mucho mayor de la población. La Barra Nacional de Abogados Cristianos reportó que en noviembre de 2008 solicitaron que el Secretario de Gobernación incluyese una categoría para los cristianos no evangélicos en el próximo censo, pero no ha recibido una respuesta. También se estimó la existencia de 300 musulmanes en el área de San Cristóbal de las Casas en Chiapas.
En el apartado relativo a las “Restricciones a la Libertad Religiosa”, señala que el gobierno en general respetó la libertad religiosa en la práctica, sin embargo “algunos líderes de comunidades locales y autoridades, particularmente en el sur, presuntamente utilizan la afiliación a la religión como un pretexto en disputas de índole política, étnica y territorial”.
Cita por ejemeplo que en mayo de 2009 en La Trinitaria, Chiapas, una organización local de derechos religiosos reportó que autoridades locales prohibieron a 70 protestantes evangélicos, incluyendo 30 niños, la compra de artículos comestibles básicos parte de un programa gubernamental para familias.
Estas acciones fueron presuntamente en represalia a la negativa de las familias de participar en las festividades locales que son parte de las celebraciones católicas. En 2008 se les suspendieron los servicios públicos a estas familias por las mismas razones.
Añade que “mecanismos de procuración de justicia poco efectivos han permitido que líderes de comunidades en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y algunos otros estados, pongan en práctica la discriminación en contra de personas basándose en sus creencias religiosas”, porque en muchas ocasiones no han castigado a los responsables de actos de intolerancia religiosa.
Pone como ejemplo el hecho de que en enero de 2009 en San Juan Chamula católicos destruyeron presuntamente los cimientos de una iglesia evangélica en construcción, y autoridades locales encarcelaron al pastor de la iglesia.
“De acuerdo con reportes de noticias de 2007, autoridades locales de Chiapas encarcelaron a Juan Mendez después de su conversión al cristianismo evangélico y lo liberaron a la mañana siguiente”.
“En diversas regiones del centro y del sur (de México), algunos líderes de comunidades indígenas predominantemente católicas ven a los grupos evangélicos como influencias foráneas que no son bienvenidas y como amenazas económicas y políticas. Estos líderes algunas veces son condescendientes, y otras ordenan el acoso o la expulsión de individuos que en su mayoría forman parte de grupos evangélicos protestantes”.
En el caso de esta entidad, el informe explica que líderes comunitarios sancionaron a los evangélicos por resistirse a participar en las festividades locales o rehusarse a trabajar los domingos. “Los evangélicos se quejaron debido a cortes en el suministro de agua, su expulsión de los pueblos, la pérdida de los derechos de la comunidad y posesiones personales, golpizas, amenazas de muerte, la quema de iglesias y casas, o que se les negaran beneficios sociales de programas gubernamentales por su religión.
“Esto último fue particularmente común en Chiapas, donde muchos de los residentes profesan una única y milenaria forma de sincretismo entre el catolicismo y sus costumbres indígenas. La pobreza endémica, las disputas por la tenencia de la tierra y la falta de oportunidades educativas contribuyen a estas tensiones, que algunas veces llegan a tornarse violentas”.
Cita como ejemplo el que en enero de 2009 los servicios de electricidad y agua de 74 familias evangélicas fueron suspendidos, manifestantes rodearon el palacio de gobierno de Tuxtla Gutiérrez a manera de protesta.
Añade que otro caso se dio en el municipio de Zinacantán, donde un grupo de católicos, supuestamente con el apoyo de las autoridades del pueblo, amenazaron con tomar las armas en contra de evangélicos que se rehusaron a contribuir con las festividades religiosas locales. El 19 de noviembre de 2008, protestantes evangélicos del pueblo realizaron una conferencia de prensa denunciando las amenazas.
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