Comitán, Chis; 18 de noviembre.- A un año de la agresión contra Margarita Martínez Martínez y su esposo Adolfo Guzmán Ordaz, miembros Enlace, organismo que lleva programas de salud en comunidades de la región, no hay justicia en este caso.
Un comunicado, suscrito por Mariano Salazar Molina, director de la Coordinación Estratégica Interregional, considera que los agresores de los activistas han sido “encubiertos” por las autoridades para no ser castigados por los delitos de abuso de autoridad, uso desproporcionado e indebido de la fuerza y falsedad en declaración.
El ocho de noviembre del 2009, agentes de varias corporaciones allanaron el domicilio de la familia Guzmán Martínez, ubicado en el sur de Comitán, donde sin ningún documento otorgado por un juez, realizaron un cateo.
Pero además, los señores Adolfo y Margarita, fueron separados momentáneamente de sus hijos, lo que provocó temor entre los menores.
Por esto, la Coordinación Estratégica Interregional demandó al Estado mexicano el “cumplimiento serio y cabal” de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas.
La Coordinación Estratégica Interregional pide al Procurador Raciel López Salazar y al gobernador Juan Sabines Guerrero, “actúen en consecuentemente”, para evitar encubrir a funcionarios públicos.
Además que no haya dilación de justicia, en este caso y “en todas las situaciones de violación de los derechos individuales y colectivos”, que ocurren en Chiapas.
Pero lamenta y denuncia la inefectividad e ineficacia de medidas legislativas y de organismos públicos especializados en la defensa de los y las defensoras de los derechos humanos integrales, “que profundiza la situación de impunidad que prevalece en el estado de Chiapas”.
Agradece a las personas, comunidades, organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, que ha acompañado con su solidaridad a Adolfo, Margarita y su familia.
Pero en especial se agradece el “trabajo profesional y comprometido del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas”, que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García.
El pronunciamiento de la Coordinación Estratégica Interregional, los suscriben los equipos de Ocosingo, Xochimilco, Tlaxiaco, Comitán y Tlapa.
Un comunicado, suscrito por Mariano Salazar Molina, director de la Coordinación Estratégica Interregional, considera que los agresores de los activistas han sido “encubiertos” por las autoridades para no ser castigados por los delitos de abuso de autoridad, uso desproporcionado e indebido de la fuerza y falsedad en declaración.
El ocho de noviembre del 2009, agentes de varias corporaciones allanaron el domicilio de la familia Guzmán Martínez, ubicado en el sur de Comitán, donde sin ningún documento otorgado por un juez, realizaron un cateo.
Pero además, los señores Adolfo y Margarita, fueron separados momentáneamente de sus hijos, lo que provocó temor entre los menores.
Por esto, la Coordinación Estratégica Interregional demandó al Estado mexicano el “cumplimiento serio y cabal” de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas.
La Coordinación Estratégica Interregional pide al Procurador Raciel López Salazar y al gobernador Juan Sabines Guerrero, “actúen en consecuentemente”, para evitar encubrir a funcionarios públicos.
Además que no haya dilación de justicia, en este caso y “en todas las situaciones de violación de los derechos individuales y colectivos”, que ocurren en Chiapas.
Pero lamenta y denuncia la inefectividad e ineficacia de medidas legislativas y de organismos públicos especializados en la defensa de los y las defensoras de los derechos humanos integrales, “que profundiza la situación de impunidad que prevalece en el estado de Chiapas”.
Agradece a las personas, comunidades, organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, que ha acompañado con su solidaridad a Adolfo, Margarita y su familia.
Pero en especial se agradece el “trabajo profesional y comprometido del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas”, que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García.
El pronunciamiento de la Coordinación Estratégica Interregional, los suscriben los equipos de Ocosingo, Xochimilco, Tlaxiaco, Comitán y Tlapa.
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