Amalia Avendaño-
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 11 de noviembre.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió en el caso Acteal para demandar al Estado Mexicano que se haga justicia en el caso de la masacre de 45 indígenas ocurrida en 1997 en los Altos de Chiapas, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
En un comunicado el organismo que asesora jurídicamente a sobrevivientes y familiares de la victimas expresó que la CIDH dictaminó la admisibilidad del caso durante el 140 periodo ordinario de sesiones a casi seis años de haber interpuesto la petición.
“Este centro de Derechos Humanos considera que la CIDH encontró elementos para admitir que el Estado Mexicano violentó derechos establecidos en la convención Americana sobre Derechos Humanos derivado de los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997, en el campamento de desplazados de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas”.
“La CIDH ahora entrará en el estudio de los elementos aportados por los peticionarios, contra el Estado mexicano para pronunciarse sobre el fondo de estos crímenes de lesa humanidad”, indicó el organismo que preside el obispo Samuel Ruiz García.
Afirmó que la decisión de la CIDH es “un paso importante para aportar al camino hacia la verdad, memoria y reparación de lo sucedido en Acteal”.
Agregó que el compromiso de la CIDH de dar seguimiento especial a la situación en México, es del agrado de los activistas debido a que en el país “hay una tendencia estructural de dejar en impunidad todos los casos en donde es responsable el Estado”.
Recordó en los últimos 14 meses la Suprema Corte de Justicia mexicana liberó en dos grupos a 35 de los 70 presos sentenciados por el multihomicidio contribuyendo a “profundizar la impunidad”.
“Ahora el Estado mexicano en su conjunto, tendrá que responder por estos actos que buscan ocultar este crimen de Estado”, dijeron los defensores de derechos humanos.
Detallaron que la CIDH al admitir el caso Acteal, también manifestó su “preocupación por la situación de derechos humanos en México”.
La solicitud a la CIDH fue presentada en el 2005 “ante la ineficacia e ineficiencia de las instituciones de justicia en México, para pedir que se le fincara responsabilidad al Estado mexicano, por haber implementado una política de contrainsurgencia en contra de la población civil chiapaneca, en su mayoría indígena”.
En el documento los Activistas afirman que la masacre contra 45 tsotsiles fue parte de la “política creada por el gobierno de los Estados Unidos de Norte América, adecuada y ejecutada por Secretaría de la Defensa Nacional, bajo las órdenes de su comandante en jefe Ernesto Zedillo Ponce de León, para contrarrestar al movimiento insurgente del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional”.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 11 de noviembre.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió en el caso Acteal para demandar al Estado Mexicano que se haga justicia en el caso de la masacre de 45 indígenas ocurrida en 1997 en los Altos de Chiapas, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
En un comunicado el organismo que asesora jurídicamente a sobrevivientes y familiares de la victimas expresó que la CIDH dictaminó la admisibilidad del caso durante el 140 periodo ordinario de sesiones a casi seis años de haber interpuesto la petición.
“Este centro de Derechos Humanos considera que la CIDH encontró elementos para admitir que el Estado Mexicano violentó derechos establecidos en la convención Americana sobre Derechos Humanos derivado de los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997, en el campamento de desplazados de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas”.
“La CIDH ahora entrará en el estudio de los elementos aportados por los peticionarios, contra el Estado mexicano para pronunciarse sobre el fondo de estos crímenes de lesa humanidad”, indicó el organismo que preside el obispo Samuel Ruiz García.
Afirmó que la decisión de la CIDH es “un paso importante para aportar al camino hacia la verdad, memoria y reparación de lo sucedido en Acteal”.
Agregó que el compromiso de la CIDH de dar seguimiento especial a la situación en México, es del agrado de los activistas debido a que en el país “hay una tendencia estructural de dejar en impunidad todos los casos en donde es responsable el Estado”.
Recordó en los últimos 14 meses la Suprema Corte de Justicia mexicana liberó en dos grupos a 35 de los 70 presos sentenciados por el multihomicidio contribuyendo a “profundizar la impunidad”.
“Ahora el Estado mexicano en su conjunto, tendrá que responder por estos actos que buscan ocultar este crimen de Estado”, dijeron los defensores de derechos humanos.
Detallaron que la CIDH al admitir el caso Acteal, también manifestó su “preocupación por la situación de derechos humanos en México”.
La solicitud a la CIDH fue presentada en el 2005 “ante la ineficacia e ineficiencia de las instituciones de justicia en México, para pedir que se le fincara responsabilidad al Estado mexicano, por haber implementado una política de contrainsurgencia en contra de la población civil chiapaneca, en su mayoría indígena”.
En el documento los Activistas afirman que la masacre contra 45 tsotsiles fue parte de la “política creada por el gobierno de los Estados Unidos de Norte América, adecuada y ejecutada por Secretaría de la Defensa Nacional, bajo las órdenes de su comandante en jefe Ernesto Zedillo Ponce de León, para contrarrestar al movimiento insurgente del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional”.
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