sábado, noviembre 27, 2010

Calera afecta 15 mil personas

Ángeles Mariscal

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 26 de noviembre. Colonos que habitan en la rivera del Grijalva se manifestaron para exigir la clausura de la empresa que explota los bancos de arena, grava y cal ubicados a las faldas de la reserva del Cañón del Sumidero, en donde aproximadamente 15 mil habitantes distribuidos en 6 centros urbanos de población son afectados por las emisiones contaminantes que emite la empresa. Los manifestantes presentaron las pruebas documentales de sus demandas y denuncias interpuestas a autoridades ambientales estatales y federales.


En la zona conocida como rivera Cahuaré, que se encuentra dentro del municipio Chiapa de Corzo, se encuentra ubicada la empresa Cales y Morteros del Grijalva, cuya explotación inició desde hace 45 años, al grado que ha carcomido –según imágenes satelitales- uno de los extremos del parque Cañón del Sumidero.

Aunado a ello, según los habitantes de la zona, la extracción y procesamiento diario para obtener cal y cemento, ha contaminado la zona, y cubierto de polvo blanco la vegetación y las viviendas de la zona, cuyos habitantes padecen contantes enfermedades respiratorias, explicó María Castillo, una de las manifestantes.

La mujer explicó que han logrado documentar de acuerdo a estudios ambientales, que esta empresa ha socavado aproximadamente 36 hectáreas de terreno, por lo cual desde el año 2002 iniciaron una primera denuncia por daños ambientales, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los manifestantes explicaron que a raíz de esa primer denuncia se detectó que la empresa si emite partículas contaminantes en la atmósfera, por lo que se cancelaron algunas de las zonas internas de producción.

También en 2002 se detectó afectaciones en los terrenos colindantes debido a la extracción con explosivos, como cuarteaduras en la escuela primaria Benito Juárez, la que tuvo que ser derribada y reconstruida.

Sin embargo, según explicaron los afectados, esta empresa continuó operando con las mismas normas, lo que motivó que en noviembre de 2008 se presentara una nueva denuncia por daños ambientales. En 2009 la Secretaría de Medio Ambiente estatal detectó que la empresa emitía contaminantes a la atmosfera que sobrepasan de 120 a 150 microgramos por metro cúbico.

La Profepa por su parte a finales del 2009 se emiten dos resoluciones imponiendo multas, amonestaciones, y sanciones como la suspensión temporal, parcial y total de las actividades de la empresa.

Sin embargo actualmente la empresa está impugnando los resolutivos, por lo que sigue operando. En este sentido es que los habitantes de la zona decidieron realizar una manifestación frente a sus instalaciones, para exigir la cancelación definitiva de sus operaciones y el pago por las afectaciones.


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