Ángeles MariscalComitán, Chis., 03 de octubre. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció el encubrimiento de funcionarios públicos y el retardo en la aplicación de justicia en los casos de Margarita Guadalupe Martínez Martínez, y de Tatiana Trujillo Rodríguez. Ambos “investigados” en su momento por el Fiscal José Luis Gómez Santaella.
En el primero de los casos se trató de abuso de autoridad, amenazas de muerte y allanamiento de domicilio presuntamente cometido por policías estatales, y el segundo un homicidio que habría sido cometido por un precandidato del PRI a la diputación local de Ocosingo, en los comicios de julio pasado.
En el caso de Margarita Martínez y familia, miembra activa del organismo Enlace Comunicación y Capacitación –que trabaja con grupos indígenas de la selva de la entidad-, los hechos se refieren a lo ocurrido el 25 de febrero pasado, cuando la mujer fue secuestrada y torturada por personas que le pedían se desistiera de la denuncia penal 00004/FEPONGDDH-M1/2009, iniciada en noviembre del 2009 por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas de muerte cometidas en este caso por policías estatales y municipales.
El Frayba señala que las investigaciones ministeriales en el caso de Margarita, ponen en evidencia que servidores públicos bajo el mando del Fiscal José Luis Gómez Santaella, entonces titular de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra en Comitán de Domínguez,” son presuntos responsables de los delitos de abuso de autoridad y falsedad en declaración”.
El centro detalla que Gómez Santaella participó en forma activa, junto con servidores públicos a su cargo, en el retardo y negación de información oficial sobre la participación de sus subordinados en los hechos denunciados, e incluso hubo alteración de pruebas. A 10 meses de los hechos no se ha desglosado la Averiguación Previa para su consignación y ejercicio de la acción penal en contra de los servidores públicos señalados como probables responsables de los delitos.
Por otra parte en el caso de Tatiana Trujillo Rodríguez, asesinada el 18 de abril por su esposo el ex diputado Elmar Díaz, la Fiscalía de Distrito Selva en Ocosingo, actualmente a cargo del Fiscal José Luis Gómez Santaella, se declaró incompetente “en razón de especialidad de hechos” para investigar el feminicidio de Tatiana y no contar con las herramientas e instrumentos adecuados para investigar homicidio por razón de género”.
En este caso se presentaron también otras agravantes como la omisión de preservar la escena del crimen, donde no se aplicó el protocolo de criminalística y forense para la investigación; e indiferencia; insensibilidad y negligencia de los elementos policiacos que, hasta entonces, habían llevado las indagaciones, sin que en este proceso se considerara la perspectiva de género, por tratarse de un feminicidio.
El Frayba sostiene que la ineficacia judicial frente a casos de violencia contra la mujer, como lo son el de Margarita Martínez y Tatiana Trujillo, propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje a la sociedad de que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte de la vida diaria.
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