Ángeles Mariscal
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 27 de septiembre. Organizaciones de mujeres denunciaron que existe en la entidad un retroceso en el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, porque actualmente en la entidad existen restricción en la entrega los metidos anticonceptivos que se otorgan en el sistema de salud, y por la aprobación de la ley antiaborto de diciembre pasado.
En conferencia de prensa las activistas consideraron que con estas medidas lo que se ha logrado es el aumento de las muertes maternas, en cuyos índices de casos a nivel nacional Chiapas ocupa el primer lugar.
Integrantes del Colectivo Feminista Mercedes Olivera (Cofemo), del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem), de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), explicaron que en el marco de la conmemoración del día por la despenalización del aborto en América Latina, la mujeres en México y en Chiapas enfrentan un retroceso.
Ello derivado de las reformas constitucionales que durante 2009 se llevaron a cabo en 16 estados, entre ellos Chiapas, para darle identidad jurídica al cigoto, y con ello penalizar el aborto, aún cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre.
“Con estas reformas no sólo s e deja en indefensión a las mujeres, se les impide el derecho sobre su propio cuerpo y se les criminaliza”, explicó Nancy Zarate, representante de Ddeser. La activista detalló que las organizaciones feministas “no aplaudimos el aborto, pero si demandamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”.
Refirió que aunado a esta situación, el estudio que hizo el observatorio sobre salud reproductiva del que forman parte Ddeser, en las clínicas y hospitales públicos de esta entidad, dio a la luz que al 80 por ciento de los casos de mujeres que acudieron para que se les aplicara un método anticonceptivo, este les fue negado bajo diferentes pretextos, entre ellos el desabasto, lo que les impide a hombres y mujeres autoregular la concepción.
Por su parte, Martha Figeroa, del Colem, denunció que en la aprobación de las reformas constitucionales efectuadas por el Congreso de Chiapas en diciembre pasado, para darle identidad jurídica al cigoto y penalizar el aborto, se cometieron diversas irregularidades jurídicas.
Detalló el hecho de que no hubo una consulta ni discusión de la reforma en el seno del Legislativo, y fue hasta agosto pasado, 8 meses después, que la reforma fue dada a conocer en el Periódico Oficial, en una edición que llevaba fecha de diciembre pasado.
Esta situación les impidió a unas 300 mujeres interponer un juicio de amparo contra la reforma, porque este procedimiento debe hacerse antes de 30 días de la fecha que aparece en la publicación.
“No le queda a las mujeres que desean interrumpir su embarazo más que hacerlo en la clandestinidad, lo que pone en riesgo su salud. Eso, aunado a que muchas mujeres carecen de la salud adecuad para seguir procreando, contribuye a incrementar los índices de mortalidad maternidad”, refirió la feminista.
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 27 de septiembre. Organizaciones de mujeres denunciaron que existe en la entidad un retroceso en el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, porque actualmente en la entidad existen restricción en la entrega los metidos anticonceptivos que se otorgan en el sistema de salud, y por la aprobación de la ley antiaborto de diciembre pasado.
En conferencia de prensa las activistas consideraron que con estas medidas lo que se ha logrado es el aumento de las muertes maternas, en cuyos índices de casos a nivel nacional Chiapas ocupa el primer lugar.
Integrantes del Colectivo Feminista Mercedes Olivera (Cofemo), del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem), de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), explicaron que en el marco de la conmemoración del día por la despenalización del aborto en América Latina, la mujeres en México y en Chiapas enfrentan un retroceso.
Ello derivado de las reformas constitucionales que durante 2009 se llevaron a cabo en 16 estados, entre ellos Chiapas, para darle identidad jurídica al cigoto, y con ello penalizar el aborto, aún cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre.
“Con estas reformas no sólo s e deja en indefensión a las mujeres, se les impide el derecho sobre su propio cuerpo y se les criminaliza”, explicó Nancy Zarate, representante de Ddeser. La activista detalló que las organizaciones feministas “no aplaudimos el aborto, pero si demandamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”.
Refirió que aunado a esta situación, el estudio que hizo el observatorio sobre salud reproductiva del que forman parte Ddeser, en las clínicas y hospitales públicos de esta entidad, dio a la luz que al 80 por ciento de los casos de mujeres que acudieron para que se les aplicara un método anticonceptivo, este les fue negado bajo diferentes pretextos, entre ellos el desabasto, lo que les impide a hombres y mujeres autoregular la concepción.
Por su parte, Martha Figeroa, del Colem, denunció que en la aprobación de las reformas constitucionales efectuadas por el Congreso de Chiapas en diciembre pasado, para darle identidad jurídica al cigoto y penalizar el aborto, se cometieron diversas irregularidades jurídicas.
Detalló el hecho de que no hubo una consulta ni discusión de la reforma en el seno del Legislativo, y fue hasta agosto pasado, 8 meses después, que la reforma fue dada a conocer en el Periódico Oficial, en una edición que llevaba fecha de diciembre pasado.
Esta situación les impidió a unas 300 mujeres interponer un juicio de amparo contra la reforma, porque este procedimiento debe hacerse antes de 30 días de la fecha que aparece en la publicación.
“No le queda a las mujeres que desean interrumpir su embarazo más que hacerlo en la clandestinidad, lo que pone en riesgo su salud. Eso, aunado a que muchas mujeres carecen de la salud adecuad para seguir procreando, contribuye a incrementar los índices de mortalidad maternidad”, refirió la feminista.
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