Se han cumplido nueve meses del artero asesinato de Mariano Abarca Robledo. Las distintas complicidades entre la minera canadiense Blackfire y autoridades de los tres niveles de gobierno, que culminaron con el asesinato, no han sido tocadas. Una de estas es la complicidad entre el Presidente municipal de Chicomuselo, Chiapas, C. Julio Cesar Velásquez Calderón de extracción perredista y la minera Blackfire. Como ha sido documentado, hasta ahora y publicado en la prensa dicho funcionario recibió $ 239,000.69 pesos de manos de la empresa Blackfire disfrazada de donativo para la feria anual del pueblo de Chicomuselo que la prensa dio a conocer desde junio del 2009.[1]
Pese a haber sido exhibidas nuevamente las pruebas de estos actos de corrupción ante la opinión pública desde el pasado mes de enero de 2010, las autoridades del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado encargadas de la fiscalización de los fondos públicos, no inició procedimiento alguno para por lo menos verificar la veracidad de dichos actos. La complicidad entre los funcionarios en sus tres niveles de gobierno que le brindan protección e impunidad al Presidente municipal de Chicomuselo es incondicional ya que en el propio expediente penal por el homicidio de Don Mariano Abarca Robledo, 11/2010, la Policía Investigadora documenta dichos actos de corrupción, presentando copias de los depósitos bancarios por la cantidad arriba señalada. Aunado a esto, desde el 30 de junio del presente año, mediante oficio signado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Otros Mundos A.C. demandamos la intervención del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y del Propio Congreso del Estado, donde se presentó las multicitadas pruebas de la corrupción y complicidad entre el Presidente municipal y los representantes de la empresa Blackfire.[2] Hasta la fecha ninguna autoridad ha dado respuesta. Faltan escasos cuatro meses para que termine el periodo del Presidente Municipal, C. Julio Cesar Velásquez Calderón y del actual Congreso del Estado. ¿Será que el manto protector estatal, dejará impune la complicidad y corrupción entre la empresa Blackfire y el Presidente municipal?
Exigimos la pronta y expedita intervención del Órgano de Fiscalización, del propio Congreso del Estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que las actuaciones de estos dos cómplices, C. Julio Cesar Velásquez Calderón y los representantes de la Blackfire, son para el esclarecimiento sobre los autores intelectuales y materiales del asesinato de Mariano Abarca Robledo. Cabe señalar que dichos actos de corrupción también han sido presentados en Canadá contra la minera Blackfire y siguen su curso las investigaciones.
¡Fuera Blackfire de Chiapas!
REMA CHIAPAS
Chiapas, México, 4 de agosto de 2010
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