Ángeles Mariscal
Frontera Comalapa, Chis., 16 de agosto. Familiares de 24 campesinos y colonos originarios de Frontera Comalapa y Siltepec, detenidos durante la jornada electoral del pasado 4 de julio, pidieron su liberación; explicaron que son campesinos pobres cuyo único delito fue participar en una serie de movilizaciones convocadas por el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), para exigir cumplimiento a diversas demandas de carácter social. Los labriegos, originarios de diversas comunidades de la sierra, están acusados de asociación delictuosa, atetado contra la paz y motín.
Roberto Ramírez Roblero, Gregorio Morales Ventura, Tricilio Morales Morales, Santos Salas Vázquez, Darinel Roblero Gómez, Salistro Roblero Roblero, Tereso Roblero, Miguel Roblero, Juan López Roblero, e Hipólito Ramírez, son campesinos originarios de diversas comunidades de los municipios serranos de Siltepec Frontera Comalapa.
El 4 de julio pasado decidieron, junto con cientos de campesinos de su región y de otros municipios, participar en una manifestación pacífica para solicitar obras como electrificación, agua potable y proyectos de desarrollo; y también para protestar contra los políticos que contendieron en la elección de presidentes municipales diputados locales, por considerar que estos únicamente se sirven de los grupos sociales para sus intereses políticos.
Mediante un fuerte operativo policiaco estos campesinos fueron detenidos. En el municipio de Tecpatán también fueron aprendidos detenidos durante la jornada electoral Elvia Pérez Balboa, Francisco Aguilar Gómez, Daniel Vázquez Mendoza, Simón Jiménez, Miguel Luna Hernández; Francisco Luna, Eliezer Hernández Luna, Arturo Jiménez Mendoza, Miguel Jiménez, entre otros que participaban en las movilizaciones campesinas.
Luego de ser detenidos, los campesinos y colonos fueron remitidos a un arraigo judicial, y hace cinco días trasladados a prisión. Este día un juez les dictó auto de formal prisión por los delitos de asociación delictuosa, atetado contra la paz y motín.
En protesta por esta decisión, familiares de los detenidos efectuaron una manifestación en la entrada de las instalaciones del Legislativo local, para denunciar que los colonos y campesinos fueron detenidos injustamente mientras hacían uso de su derecho a la libre manifestación, y para pedir atención a sus demandas sociales.
“Nuestros familiares no son delincuentes, es injusto que el gobierno en vez de dar solución a nuestras demandas los detenga por ser pobres, por pedir luz, agua, tierra”, explicó Fredy Méndez Hernández.
Detalló que a la fecha las familias de los detenidos han tenido que vender su ganado, gallinas, puercos, y en algunos casos parte de la tierra que les sirve como subsistencia, a fin de poder solventar los gastos de su defensa legal, y el costo que les implica el traslado a esta capital y al penal a donde los remitieron, lugar este último ubicado a más de 500 kilómetros de distancia.
“Los abogados nos han dicho que los cargos de que les acusan a nuestros familiares son políticos, que este asunto no es jurídico y por tanto no se puede resolver por la vía jurídica sino mediante un acuerdo con el gobierno. Por eso venimos a pedirle al gobernador Juan Sabines razone lo que está haciendo
“Luchamos por mejores condiciones de vida y en vez de atender nuestras demandas nos encarcela, nos amarra y nos pone un bozal. Así no se abona al desarrollo, a la reconciliación. No se vale que por eso nos encarcele, eso nos preocupa y nos pones tristes”, explicó la esposa de Salistro Roblero.
Frontera Comalapa, Chis., 16 de agosto. Familiares de 24 campesinos y colonos originarios de Frontera Comalapa y Siltepec, detenidos durante la jornada electoral del pasado 4 de julio, pidieron su liberación; explicaron que son campesinos pobres cuyo único delito fue participar en una serie de movilizaciones convocadas por el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), para exigir cumplimiento a diversas demandas de carácter social. Los labriegos, originarios de diversas comunidades de la sierra, están acusados de asociación delictuosa, atetado contra la paz y motín.
Roberto Ramírez Roblero, Gregorio Morales Ventura, Tricilio Morales Morales, Santos Salas Vázquez, Darinel Roblero Gómez, Salistro Roblero Roblero, Tereso Roblero, Miguel Roblero, Juan López Roblero, e Hipólito Ramírez, son campesinos originarios de diversas comunidades de los municipios serranos de Siltepec Frontera Comalapa.
El 4 de julio pasado decidieron, junto con cientos de campesinos de su región y de otros municipios, participar en una manifestación pacífica para solicitar obras como electrificación, agua potable y proyectos de desarrollo; y también para protestar contra los políticos que contendieron en la elección de presidentes municipales diputados locales, por considerar que estos únicamente se sirven de los grupos sociales para sus intereses políticos.
Mediante un fuerte operativo policiaco estos campesinos fueron detenidos. En el municipio de Tecpatán también fueron aprendidos detenidos durante la jornada electoral Elvia Pérez Balboa, Francisco Aguilar Gómez, Daniel Vázquez Mendoza, Simón Jiménez, Miguel Luna Hernández; Francisco Luna, Eliezer Hernández Luna, Arturo Jiménez Mendoza, Miguel Jiménez, entre otros que participaban en las movilizaciones campesinas.
Luego de ser detenidos, los campesinos y colonos fueron remitidos a un arraigo judicial, y hace cinco días trasladados a prisión. Este día un juez les dictó auto de formal prisión por los delitos de asociación delictuosa, atetado contra la paz y motín.
En protesta por esta decisión, familiares de los detenidos efectuaron una manifestación en la entrada de las instalaciones del Legislativo local, para denunciar que los colonos y campesinos fueron detenidos injustamente mientras hacían uso de su derecho a la libre manifestación, y para pedir atención a sus demandas sociales.
“Nuestros familiares no son delincuentes, es injusto que el gobierno en vez de dar solución a nuestras demandas los detenga por ser pobres, por pedir luz, agua, tierra”, explicó Fredy Méndez Hernández.
Detalló que a la fecha las familias de los detenidos han tenido que vender su ganado, gallinas, puercos, y en algunos casos parte de la tierra que les sirve como subsistencia, a fin de poder solventar los gastos de su defensa legal, y el costo que les implica el traslado a esta capital y al penal a donde los remitieron, lugar este último ubicado a más de 500 kilómetros de distancia.
“Los abogados nos han dicho que los cargos de que les acusan a nuestros familiares son políticos, que este asunto no es jurídico y por tanto no se puede resolver por la vía jurídica sino mediante un acuerdo con el gobierno. Por eso venimos a pedirle al gobernador Juan Sabines razone lo que está haciendo
“Luchamos por mejores condiciones de vida y en vez de atender nuestras demandas nos encarcela, nos amarra y nos pone un bozal. Así no se abona al desarrollo, a la reconciliación. No se vale que por eso nos encarcele, eso nos preocupa y nos pones tristes”, explicó la esposa de Salistro Roblero.
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