Ángeles Mariscal
Comitán, Chiapas., 12 de abril. Las organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos que integran la Red por la Paz en Chiapas, manifestaron su inconformidad por lo que consideran “dilación en la aplicación de justicia”, en torno a las agresiones que sufriera Adolfo Guzmán Ordaz y Margarita Guadalupe Martínez, integrantes del grupo Enlace Comunicación y Capacitación de Comitán, quienes han recibido amenazas de muerte y diversas agresiones, en la que servidores públicos estarían involucrados.
Los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi), Servicio Internacional para la Paz (Sipaz) la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco), entre otros, explicaron que “cada vez más recurrente la criminalización del trabajo de defensa y acompañamiento que realizamos a distintas organizaciones y comunidades que apuestan a la transformación civil y pacífica en Chiapas”.
Un ejemplo de ello, dijeron, fue el allanamiento, amenaza, tortura y secuestro ocurridos el 8 de noviembre pasado, contra los integrantes de Enlace, en particular contra Margarita Martínez, Adolfo Guzmán y su familia.
Luego de estos hechos, los activistas acudieron a las instalaciones de la Procuraduría del Estado para levantar una demanda penal, sin embargo denunciaron que les fue “sugerido” que desistieran de la demanda penal y la denuncia pública.
“Al día de hoy persisten las amenazas y el hostigamiento contra los denunciantes y contra quienes aportan elementos para la investigación. Expresamos nuestra preocupación por la falta de resolución del caso, que pone a las y los afectados en un estado de vulnerabilidad permanente”, denunciaron los integrantes de la Red por la Paz en Chiapas.
Exigieron terminen las amenazas de muerte y el hostigamiento contra Margarita Martínez, Adolfo Guzmán y familia, así como los integrantes de Enlace y de otras organizaciones civiles, sociales “y personas que han manifestado su solidaridad y que se han involucrado en el caso para apoyar el esclarecimiento de estos hechos”.
Comitán, Chiapas., 12 de abril. Las organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos que integran la Red por la Paz en Chiapas, manifestaron su inconformidad por lo que consideran “dilación en la aplicación de justicia”, en torno a las agresiones que sufriera Adolfo Guzmán Ordaz y Margarita Guadalupe Martínez, integrantes del grupo Enlace Comunicación y Capacitación de Comitán, quienes han recibido amenazas de muerte y diversas agresiones, en la que servidores públicos estarían involucrados.
Los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi), Servicio Internacional para la Paz (Sipaz) la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco), entre otros, explicaron que “cada vez más recurrente la criminalización del trabajo de defensa y acompañamiento que realizamos a distintas organizaciones y comunidades que apuestan a la transformación civil y pacífica en Chiapas”.
Un ejemplo de ello, dijeron, fue el allanamiento, amenaza, tortura y secuestro ocurridos el 8 de noviembre pasado, contra los integrantes de Enlace, en particular contra Margarita Martínez, Adolfo Guzmán y su familia.
Luego de estos hechos, los activistas acudieron a las instalaciones de la Procuraduría del Estado para levantar una demanda penal, sin embargo denunciaron que les fue “sugerido” que desistieran de la demanda penal y la denuncia pública.
“Al día de hoy persisten las amenazas y el hostigamiento contra los denunciantes y contra quienes aportan elementos para la investigación. Expresamos nuestra preocupación por la falta de resolución del caso, que pone a las y los afectados en un estado de vulnerabilidad permanente”, denunciaron los integrantes de la Red por la Paz en Chiapas.
Exigieron terminen las amenazas de muerte y el hostigamiento contra Margarita Martínez, Adolfo Guzmán y familia, así como los integrantes de Enlace y de otras organizaciones civiles, sociales “y personas que han manifestado su solidaridad y que se han involucrado en el caso para apoyar el esclarecimiento de estos hechos”.
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