Amalia Avendaño
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 15 de marzo.— Indígenas evangelicos fueron obligados a firmar una acta de “acuerdo” en la que aceptan abandonar la comunidad de Chilil, municipio de Huixtán, por negarse a dar cooperaciones para las fiestas católicas.
El “acuerdo” se dio en presencia del Subsecretario de Asuntos Religiosos Enrique Ramírez Coronado y varios funcionarios estatales y municipales en la comunidad ubicada a 25 minutos de San Cristóbal de Las Casas el domingo pasado y con él se consuma la expulsión de tres familias indígenas.
Líderes evangélicos afirmaron que se ejerció presión en contra de sus compañeros para que aceptaran “voluntariamente” abandonar la comunidad bajo la amenaza de que serían detenidos junto con los funcionarios estatales que llegaron a la asamblea donde además los católicos lograron que se retirara una denuncia en su contra que se había presentado Fiscalía de Justicia Indígena de la Procuraduría Estatal.
Las 3 familias expulsadas se refugiaron en el albergue de La Albarrada en San Cristóbal de las Casas.
El acta lograda en esa asamblea obliga a las autoridades estatales a “atender” en el ámbito de sus atribuciones, los requerimientos de las familias evangelicas.
Según el “acta de Acuerdo” que establece que fue firmada “sin dolo, male fe o presión alguna”, que los evangélicos abandonan la comunidad “con el animo de propiciar un clima de tranquilidad y de gobernabilidad en el ejido”.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 15 de marzo.— Indígenas evangelicos fueron obligados a firmar una acta de “acuerdo” en la que aceptan abandonar la comunidad de Chilil, municipio de Huixtán, por negarse a dar cooperaciones para las fiestas católicas.
El “acuerdo” se dio en presencia del Subsecretario de Asuntos Religiosos Enrique Ramírez Coronado y varios funcionarios estatales y municipales en la comunidad ubicada a 25 minutos de San Cristóbal de Las Casas el domingo pasado y con él se consuma la expulsión de tres familias indígenas.
Líderes evangélicos afirmaron que se ejerció presión en contra de sus compañeros para que aceptaran “voluntariamente” abandonar la comunidad bajo la amenaza de que serían detenidos junto con los funcionarios estatales que llegaron a la asamblea donde además los católicos lograron que se retirara una denuncia en su contra que se había presentado Fiscalía de Justicia Indígena de la Procuraduría Estatal.
Las 3 familias expulsadas se refugiaron en el albergue de La Albarrada en San Cristóbal de las Casas.
El acta lograda en esa asamblea obliga a las autoridades estatales a “atender” en el ámbito de sus atribuciones, los requerimientos de las familias evangelicas.
Según el “acta de Acuerdo” que establece que fue firmada “sin dolo, male fe o presión alguna”, que los evangélicos abandonan la comunidad “con el animo de propiciar un clima de tranquilidad y de gobernabilidad en el ejido”.
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