Ángeles Mariscal/corresponsal
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 18 de diciembre. Diputados del Congreso de Chiapas aprobaron la "Ley de Paternidad Responsable", considerada por activistas por los derechos sexuales y de las mujeres como una "ley antiaborto" disfrazada, que otorgar derechos legales a los cigotos. Los activistas exigieron al gobernador Juan Sabines vete la ley y se niegue a su publicación.
La nueva ley suspende la pena de cárcel contra la mujer que aborte, pero criminaliza al “novio, padre o quien la persuada a abortar”; también obliga a la mujer a un tratamiento psicológico para “reafirmar los valores humanos por la maternidad” señala diputado promotor.
Durante una sesión legislativa convocada inicialmente para el desglose del informe de gobierno estatal, los 40 diputados que componen el Congreso local abrieron un “periodo extraordinario” en el cual aprobaron por unanimidad la iniciativa de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y se reforman y adicionan disposiciones en los códigos Civil y Penal del estado.
Los decretos aprobados que conforman la “Ley de Paternidad Responsable” fueron enviados para su votación en los 118 ayuntamientos, y posterior publicación en el Periódico Oficial. En la sesión donde se aprobaron las reformas los legisladores no detallaron el contenido de ellas.
En un “resumen” de las reformas que el legislador priísta Mauricio Mendoza Castañeda -quien se dijo autor de la nueva ley- entregó a La Jornada, señala que el artículo 4º Constitucional reformado señala que “el estado de Chiapas reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde la fecundación, hasta su muerte natural”.
Por lo que respecta a las reformas al Código Penal –explica el informe- estas señalan que la pena de cárcel contra las mujeres que hayan abortado, se sustituye por un “tratamiento médico integral en libertad, que será proporcionado por las instituciones de salud del Estado.
El tratamiento tendrá por objeto “apoyar a las mujeres a superar los efectos causados como consecuencia del aborto provocado, así como reafirmar los valores humanos por la maternidad, ayudando al fortalecimiento de la familia”, señala el documento.
La propuesta de ley propone que sea excarceladas todas las mujeres que en el estado de Chiapas enfrentan un proceso penal o purgan una sentencia por el delito de aborto, siempre y cuando se integren al “tratamiento médico integral”.
En entrevista, Mendoza Castañeda dijo que “con esta ley se le hace sujeto de derechos a la persona que se forma desde la conjunción del gameto A con el gameto B, desde que se forma el cigoto, aproximadameny te en la cuarta semana, cuando los embarazos ya quedan formalmente establecidos (…) consideramos este no nacido ya debe ser sujeto de derechos sucesorios, hereditarios y civiles, que lo van a igualar al nivel de persona”.
El diputado argumentó que el objetivo final de la ley es “fortalecer el derecho de las mujeres y sobre todo de las madres solteras, garantizarle una pensión desde el embarazo, en los casos de juicios de paternidad”.
Respecto a las reformas penales, dijo que si bien se deroga la pena de cárcel a la mujer que aborte, “se mantiene contra quien le practica el aborto, contra aquel que la persuade, puede ser el novio, el padre, la familia, contra cualquiera que la lleve a cometer esta acción”.
El priísta dijo que el origen de esta ley es para “sumarse a la tendencia nacional por el derecho a la vida, que ya han aprobado otros 17 estados”.
Mujeres activistas de diversas organizaciones socialesarribaron al Congreso de Chiapas poco después de aprobada la ley, y se manifestaron en el recinto del pleno, al que se negaron a entrar los diputados. Incluso, suspendieron las comparecencias de dos secretarios del gobierno estatal.
Exigieron al gobernador Juan Sabines que vete la ley, y no la publique a fin de que no entre en vigor la misma. También pidieron a los ayuntamientos la rechacen.
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 18 de diciembre. Diputados del Congreso de Chiapas aprobaron la "Ley de Paternidad Responsable", considerada por activistas por los derechos sexuales y de las mujeres como una "ley antiaborto" disfrazada, que otorgar derechos legales a los cigotos. Los activistas exigieron al gobernador Juan Sabines vete la ley y se niegue a su publicación.
La nueva ley suspende la pena de cárcel contra la mujer que aborte, pero criminaliza al “novio, padre o quien la persuada a abortar”; también obliga a la mujer a un tratamiento psicológico para “reafirmar los valores humanos por la maternidad” señala diputado promotor.
Durante una sesión legislativa convocada inicialmente para el desglose del informe de gobierno estatal, los 40 diputados que componen el Congreso local abrieron un “periodo extraordinario” en el cual aprobaron por unanimidad la iniciativa de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y se reforman y adicionan disposiciones en los códigos Civil y Penal del estado.
Los decretos aprobados que conforman la “Ley de Paternidad Responsable” fueron enviados para su votación en los 118 ayuntamientos, y posterior publicación en el Periódico Oficial. En la sesión donde se aprobaron las reformas los legisladores no detallaron el contenido de ellas.
En un “resumen” de las reformas que el legislador priísta Mauricio Mendoza Castañeda -quien se dijo autor de la nueva ley- entregó a La Jornada, señala que el artículo 4º Constitucional reformado señala que “el estado de Chiapas reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde la fecundación, hasta su muerte natural”.
Por lo que respecta a las reformas al Código Penal –explica el informe- estas señalan que la pena de cárcel contra las mujeres que hayan abortado, se sustituye por un “tratamiento médico integral en libertad, que será proporcionado por las instituciones de salud del Estado.
El tratamiento tendrá por objeto “apoyar a las mujeres a superar los efectos causados como consecuencia del aborto provocado, así como reafirmar los valores humanos por la maternidad, ayudando al fortalecimiento de la familia”, señala el documento.
La propuesta de ley propone que sea excarceladas todas las mujeres que en el estado de Chiapas enfrentan un proceso penal o purgan una sentencia por el delito de aborto, siempre y cuando se integren al “tratamiento médico integral”.
En entrevista, Mendoza Castañeda dijo que “con esta ley se le hace sujeto de derechos a la persona que se forma desde la conjunción del gameto A con el gameto B, desde que se forma el cigoto, aproximadameny te en la cuarta semana, cuando los embarazos ya quedan formalmente establecidos (…) consideramos este no nacido ya debe ser sujeto de derechos sucesorios, hereditarios y civiles, que lo van a igualar al nivel de persona”.
El diputado argumentó que el objetivo final de la ley es “fortalecer el derecho de las mujeres y sobre todo de las madres solteras, garantizarle una pensión desde el embarazo, en los casos de juicios de paternidad”.
Respecto a las reformas penales, dijo que si bien se deroga la pena de cárcel a la mujer que aborte, “se mantiene contra quien le practica el aborto, contra aquel que la persuade, puede ser el novio, el padre, la familia, contra cualquiera que la lleve a cometer esta acción”.
El priísta dijo que el origen de esta ley es para “sumarse a la tendencia nacional por el derecho a la vida, que ya han aprobado otros 17 estados”.
Mujeres activistas de diversas organizaciones socialesarribaron al Congreso de Chiapas poco después de aprobada la ley, y se manifestaron en el recinto del pleno, al que se negaron a entrar los diputados. Incluso, suspendieron las comparecencias de dos secretarios del gobierno estatal.
Exigieron al gobernador Juan Sabines que vete la ley, y no la publique a fin de que no entre en vigor la misma. También pidieron a los ayuntamientos la rechacen.
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