Amenazan de muerte a familia comiteca

Comitán, Chis; 17 de diciembre.- Una familia de Comitán, que el pasado 8 de noviembre sufrió el allanamiento de su residencia, por elementos policíacos, apeló a la CIDH, para que la Procuraduría agilice las investigaciones que permita dar son los autores del abuso, que devino en los últimos días, en amenazas de muerte de desconocidos.

En una denuncia, se dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha indicado a los Estados que están obligados a investigar y sancionar a las personas que violen derechos de personas que trabajen por la defensa de los garantías individuales.

La preocupación es que por una sanción parcial, aumenta la impunidad, “y con ello, el riesgo en el que conviven muchas defensoras y defensoras de derechos humanos”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, asegura que la familia que radica en Comitán se encuentra atemorizada, por lo que ha buscado de “manera temporal otro lugar para vivir”, pero mientras tanto han buscado ayuda psicológica pues a raíz del allanamiento de su hogar les afectó “su salud física y emocional”.

Hechos

El pasado ocho de noviembre, a las 03:30 horas, unos 20 policías allanaron el domicilio de Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de Enlace CC, una organización civil que trabaja en acciones para promover el desarrollo de las comunidades.

El día de que los agentes ingresaron al domicilio del activista se encontraba Margarita Guadalupe Martínez Martínez, esposa de Guzmán Ordaz y dos de sus hijos.

“Según testimonios, unos 20 policías ingresaron con uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública amenazaron y encañonaron a Margarita, para que les enseñaran cada una de las habitaciones de la casa. Al mismo tiempo, Adolfo era interrogado sobre su actividad en Enlace CC. Los policías tomaron fotografías y video de la casa y de la familia”, dice la denuncia.

El operativo que realizaron los policías “se debió a la ejecución de órdenes de aprehensión de cuatro personas, líderes de diferentes organizaciones”, concretamente de la Central de Abasto.

Para la ejecución de las cuatro ordenes de arresto participaron 19 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), 10 de la Policía Ministerial (PM), 20 de la Policía Municipal de Comitán y cuatro agentes del Ministerio Público y peritos en criminalística, dice el organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García.

Dos días después del allanamiento, la señora Martínez Martínez identificó en los pasillos de la Fiscalía de Distrito, en Comitán, a uno de “los presuntos perpetradores del allanamiento”.

Después Guzmán Ordáz presentó denuncia ante el fiscal para protección de Organismos No Gubernamentales, Pedro Raúl López Hernández, que abrió una averiguación previa 0004/FEDPONGDDH/M!/2009, por los delitos de allanamiento, tortura, abuso de autoridades y amenazas de muerte.

Amenazas

Cuando todo parecía que se haría justicia, el 14 de diciembre pasado, hacia las 19:15 horas, en el domicilio de Guzmán Ordaz encontraron una nota anónima con recortes de papel periódico con la siguiente amenaza: “No sigan se van a morir”.

“La nota fue encontrada por la hija de Adolfo, quien inmediatamente se la entregó a su mamá Margarita Martínez. La amenaza de muerte se da dos días antes de la audiencia de presentación de testigo, ante el Ministerio Público para la identificación de uno de los policías que habían allanado su domicilio un mes antes”.

Por estas amenazas de muerte los señores Adolfo y Margarita ya no se presentaron a la audiencia el pasado 16 de diciembre.

Recuerdan que desde el pasado 25 de noviembre, 15 días después del allanamiento, en la casa de Adolfo y Margarita encontraron una nota anónima que decía: “Soy tu vecino. Anoche estuvieron cinco hombres vigilando la casa, tengan cuidado por favor cuiden a sus hijos”.

A raíz de todos estos hechos, el Centro de Derechos Humanos considera que la familia Guzmán Martínez, se encuentra en riesgo.

Por lo mismo, se solicita al gobierno del estado, “previa consulta con los afectados” se les garantizar “medidas precautorias y de seguridad para proger la vida, la integridad y la seguridad” de la familia Guzmán Martínez, así como miembros de Enlace con sede en Comitán.