Toman predio

Ángeles Mariscal

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 23 de noviembre. Unos 90 campesinos del municipio de Tonalá tomaron posesión de 850 hectáreas de terreno que según una resolución presidencial de 1996, le pertenece, pero que el Tribunal Agrario no les ha entregado con el argumento de que aún se encuentra en litigio. El presunto propietario del inmueble demandó el desalojo de los labriegos, quienes en dos ocasiones anteriores ya han sido expulsados.

Los labriegos de poblado 20 de Noviembre, del municipio costeño de Tonalá, se posesionaron la madrugada del domingo del predio denominado San Cristóbal Gulaverd. De acuerdo a la documentación que presentó Miguel Vázquez, uno de los campesinos afectados, desde 1985 hicieron a las autoridades agrarias federales la solicitud de ampliación de su ejido.

El gobierno federal les dio una respuesta positiva y el 22 de marzo de 1996, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decretó donde se les concede 850 hectáreas de terreno que comprende la propiedad San Cristóbal Gulaverd.

De acuerdo al testimonio de los campesinos, ante la resolución, José Antonio Gout Ortiz, quien se decía propietario del terreno que antes fue una finca, vendió el terreno a Manuel Martínez Hernández, y este a su vez a Adriana Gómez Barnola, quien impugnó la resolución, y perdió el juicio ante el Tribunal Superior Agrario en el año 2000.

El Tribunal resolvió a favor de los campesinos, quienes ese mismo año se posesionaron del lugar, sin embargo fueron desalojados por pistoleros pagados por Martínez Hernández, quien es un terrateniente de la zona que demanda la posesión casi 4 mil hectáreas de terreno, entre ellas la del predio en litigio.

Los campesinos demandaron entonces al gobierno del estado su intervención, dado que judicial y legalmente el predio les pertenecía. En 2003 se volvieron a posesionar del inmueble, y nuevamente fueron desalojados.

El pasado domingo, por tercera ocasión, los labriegos se posesionaron del lugar, y demandaron nuevamente al gobierno estatal les garantice su permanencia, dado que Martínez Hernández nuevamente amenazó con expulsarlos.

Ante la amenaza, este día los campesinos arriaron a esta capital para entregar ante las autoridades estatales la documentación que les acredita como legales propietarios del inmueble.

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