Edil fue encarcelado nueve días

Carlos Herrera.

San Cristóbal de Las Casas, Chis. 9 de noviembre. Encarcelado en el 2003 por zapatistas de la Junta de Buen Gobierno de Morelia, el ex alcalde del municipio de Chilón, Jerónimo Meza Hernández, pide que se haga justicia, que se investigue a quienes lo humillaron y privaron de su libertad por nueve días y que los organismos que dicen defender los derechos humanos también atiendan a quienes no son zapatistas.

Un hecho del cual en su momento no se dio a conocer por la prensa, pero que ahora trasciende en los medios de comunicación para denunciar los abusos que sufrió y también negar que sea asesor legal de algún grupo paramilitar como lo denunciara hace días la comunidad de Jotolá, municipio de Chilón.

Y es que recientemente pobladores de Jotolá, que simpatizan con el EZLN y son adherentes de la Otra Campaña, denunciaron que Jerónimo Meza Hernández es asesor de la OPDDIC, grupo señalado como paramilitar, y a quien se le responsabiliza de agresiones que han sufrido seguidores del EZLN.

Sin embargo, Jerónimo Meza Hernández, quien fue alcalde de Chilón en el periodo 1986-1988, aclara que él es quien ha sido agredido por bases zapatistas del EZLN, y recuerda que en noviembre de 2003 fue retenido y encarcelado por 9 días en la comunidad de Morelia (municipio de Altamirano).

El episodio no se había dado a conocer porque la Junta de Buen Gobierno de Morelia, quien le impuso la sanción, le prohibió también dar a conocer los hechos ante la opinión pública y menos denunciarlo.

“Por medio del presente escrito me dirijo a ustedes para denunciar públicamente los actos de humillación, atropellos, agresión y violación a los derechos humanos que le propinaron al suscrito los integrantes de la Junta de Buen Gobierno Corazón del Arcoiris de la Esperanza”, refiere Jerónimo Meza Hernández, en un documento enviado a la Comandancia General del EZLN.

En su documento narra los abusos que vivió: “Los integrantes de la Junta de Buen Gobierno lejos de atender e investigar antes de actuar y proceder con justicia, ordenaron mi detención e inmediato encarcelamiento habiéndome trasladado a una cárcel preventiva lleno de pantano, soportando los malos olores de seis escusados sin fosa séptica que estaban a escasos tres metros de distancia”.

“A las 12 de la noche me sacaron de la cárcel para ir dizque a declarar en las oficinas en donde me humillaron y amenazaron diciéndome que por mi bien y de mi familia no fuera revelar la forma de castigar y hacer justicia que practican los integrantes de la Juan de Buen Gobierno de Morelia, que las condiciones para obtener mi libertad las fijarían ellos y tenía que sujetarme a éstas, de lo contrario me darían otro castigo más severo, motivo por el cual hasta ahora lo hago público”, mencionó.

Como parte del castigo impuesto por la Junta de Buen Gobierno, Jerónimo Meza tuvo que pagar 105 mil pesos (sin que le entregaran recibo), además de ser obligado a desistirse de la demanda interpuesta en contra de dos invasores para que éstos pudieran obtener su libertad pese a tener responsabilidad en la invasión.

Demeza Hernández explica en su documento que el conflicto se remonta al año de 1997 cuando campesinos integrantes de la llamada Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), invadieron un predio rústico denominado “San Francisco” de 69 hectáreas propiedad del ex edil. Informó que son seis invasores que poseen 50 de las 69 hectáreas, pero que están sin ser trabajadas.

Recordó que acudió a distintas instancias de gobierno para encontrar una solución, pero “al no haber conseguido los recursos económicos para negociar dicho inmueble, el propio gobierno del estado dejó a las partes que hicieran valer lo que a su derecho conviniera”, por lo que el dueño del predio demandó a los invasores y dos de ellos (José Moreno Hernández y Jerónimo Miranda Sánchez) fueron tenidos.

Los representantes de las personas detenidas acudieron a la Junta de Buen Gobierno que luego actúo en contra de Jerónimo Meza. En agosto del 2009, el ex alcalde pidió la intervención del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, sin embargo el organismo se hizo del desentendido.

“Con ello vemos que el Frayba no es un organismo que defienda a todos, no aplica la equidad que tanto enarbola y sólo defiende a quienes se digan zapatistas aunque sean verdaderos delincuentes”, comentó.

“Como se puede observar no sólo el mal gobierno de la república humilla, reprime, atropella y despoja sus pertenencias a personas humildes, también las personas que tiene reclutado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional son peores en la aplicación de la Ley de la Selva”, concluye el agraviado.