Denuncian injustificado cateo

Comitán, Chis; 10 de noviembre.- El dirigente de una organización con presencia en la Central de Abasto, Adolfo Guzmán Ordaz, denunció allanamiento de su domicilio, sin ninguna orden de cateo, por parte de agentes de la Policía Ministerial.

Guzmán Ordaz, miembro de Enlace Comunicación y Capacitación AC, denunció que pasado domingo a las 03:30 horas, los agentes policíacos, con los rostros cubiertos y con armas de alto poder irrumpieron en su domicilio.

En la denuncia a organizaciones de derechos humanos, Guzmán Ordaz relata que fueron al menos 18 oficiales “que portaban armas largas, vestidos de civil y con pasamontañas entraron abruptamente” a su domicilio.

Los agentes que argumentaron tenían orden de cateo, pero que en ningún momento mostraron y que hasta el 10 de noviembre aun no se han tenido acceso, procedieron a revisar la casa en busca de una persona de la que se desconoce su nombre.

“Los policías ministeriales ingresaron a la vivienda con las armas encañonadas y se desplegaron a lo largo de toda la casa; mientras uno de los oficiales interrogaba a Adolfo, los otros revisaron las habitaciones donde se encontraban los demás integrantes de la familia (dos menores y la pareja de nuestro compañero)”, dice una denuncia.

La esposa de Guzmán Ordaz, Margarita Martínez Martínez, pidió explicaciones a los policías para saber los motivos del allanamiento, pero “los oficiales se limitaron en contestarle que ellos estaban haciendo su trabajo”.

“Durante el operativo revisaron todos los espacios de la casa y tomaron fotos y video de la familia, las habitaciones y sus pertenencias”.

Fue entonces que Margarita Martínez, fue encañonada por los policías y obligada a recorrer las habitaciones de la casa.

Los oficiales durante el allanamiento siempre apuntaron sus armas “apuntando hacia el frente”, inclusive en los cuartos donde dormían dos menores, lo que les provocó miedo y terror, porque fueron aislados de sus padres.

En tanto, Adolfo era interrogado por los agentes en el patio de la vivienda, para conocer sobre su trabajo, procedencia, tiempo de residencia y nombre del propietario de la casa.

“Durante el cateo los oficiales no golpearon físicamente a nadie, tampoco movieron o maltrataron las pertenencias, pero sí causaron graves daños psicológicos irremediables a la familia y especialmente contra los menores, ellos no han querido regresar a su casa y les atemoriza integrarse a sus actividades cotidianas”.

Al concluir el allanamiento y ante la insistencia de la familia, los policías dijeron que la orden de cateo era la No. 80-2009 y que “en un par de días llevarían una constancia que deberían firmar, diciendo que no causaron daño alguno a la propiedad o pertenencias”.

Fue entonces que Guzmán Ordaz acudió al juzgado primero en Comitán para corroborar el motivo del cateo y solicitar una copia del documento oficial.

Un funcionario del juzgado, Eliver Narváez Narváez (ex agente del ministerio público en La Trinitaria) dijo que la solicitud para corroborar el número de cateo, se debería hacer en la Subdirección de Control de Proceso.

Fue entonces que Guzmán Ordaz se trasladó a Tuxtla Gutiérrez en la citada oficina, lo mandaron al juzgado del ramo penal especializado de medidas cautelares, de la capital del estado.

Ahí, fue atendido por Ernesto Hernández Ruiz, quien lo remitió al juzgado primero de Comitán.

Pero al hablar con Narváez Narváez “comentó que no era competencia de esa oficina exponer la orden de cateo o la averiguación previa, ya que este oficio no podía ser mostrado porque de ser así se estaría atentando contra la confidencialidad de quienes ordenaron el operativo”.

Este incidente tiene preocupada a la familia Guzmán Martínez, “ya que resulta incierto e impune no saber dónde obtener la información para conocer los motivos del cateo, ni ante qué instancias ampararse”.

“Para Enlace Comunicación y Capacitación, A.C. estos hechos son una violación a los Derechos Humanos y una forma agresiva de intimidación para la familia y para el trabajo que realizan los miembros de nuestra organización”, dice la denuncia.

Y explica que “condenamos enérgicamente dichos actos y responsabilizamos a las autoridades ministeriales encargadas de impartir justicia, así como a las autoridades del Municipio de Comitán y del Estado de Chiapas por cualquier agravio en contra de los integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación y/o de sus familias”.

Finalmente responsabiliza al gobierno municipal que “ha demostrado su nula voluntad para negociar los problemas sociales, así como su incapacidad para encontrar el dialogo político que resuelva de manera pacifica los conflictos, su apuesta ha sido seguir el camino de la criminalización contra la protesta social y la lucha por los derechos laborales”.