Ángeles Mariscal
Ocosingo, Chis., 12 de noviembre. Luego de 30 años de vivir en la reserva ecológica de Montes Azules, ubicada en la Selva Lacandona, 13 familias tseltales tuvieron que abandonar el lugar; porque no pudieron acreditar la legal posesión de las tierras que conformaban el poblado Salvador Allende. Tres familias se negaron a salir, por lo que se inició una demanda penal para su desalojo.
Según un comunicado de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), esta dependencia entregó a cada familia que aceptó salir aproximadamente 200 mil pesos, para que rehagan su vida en otro lugar. Desde finales de la década de 1990 los tsetales habían sido emplazados a abandonar la reserva.
La historia del poblado Salvador Allende inició en 1978, cuando un grupo de indígenas tseltales sin tierra llegaron a lo que hoy se conoce como la “cuenca del río Negro”, ubicado en el corazón de la selva Lacandona.
Durante casi dos décadas se dedicaron al sembrar la tierra para sobrevivir; ahí nacieron dos generaciones que conformaron 16 familias. De acuerdo a los reportes de la SRA, en 1985 esas familias solicitaron al gobierno federal la entrega formal de las tierras, a las que consideraban terrenos nacionales.
Entonces les notificaron que el lugar donde habitaban, formalmente pertenecía a un grupo de indígenas lacandones a los que nunca habían visto, y los que en ese momento tampoco demandaron la posesión de las tierras que trabajaban los tseltales.
En la misma situación se encontraban más de media centena de poblados dispersos a lo largo de las más de 6 mil hectáreas que formaban los Bienes Comunales de los lacandones.
Fue hasta finales de la década de 1990 cuando los gobiernos estatal y federal iniciaron lo que se conoce como la regularización de la tenencia de la tierra en la selva lacandona, e iniciaron el desalojo y reubicación de decenas de poblados. Sólo a una veintena de ellos logró en 2003, se le reconociera su legal estancia.
No fue el caso de los poblados San Antonio Miramar, Rancho Corozal, Salvador Allende, el Buen Samaritano y Nuevo San Gregorio -todos ellos pertenecientes a la Organización ARIC-Independiente- así como otros cuatro poblados ubicados en la zona norte de la selva, y los dos que se localizan en el río Usumacinta: San Jacinto Lacanjá y Flor de Cacao. Estos poblados fueron emplazados formalmente para salirse de la selva, bajo la amenaza de ser desalojados.
El pasado 10 de noviembre, tras dos décadas de intentar infructuosamente el reconocimiento de sus tierras, las 13 familias de Salvador Allende salieron de la selva, luego de firmar ante la Procuraduría Agraria un acuerdo para no retornar ni entablar acción agraria a su favor, a cambio de 200 mil pesos por cada familia.
En un comunicado de prensa de la SRA, la dependencia señala que la salida de los indígenas fue “voluntaria”; sin embargo reconoce que tres familias decidieron permanecer en el poblado.
“La SRA invirtió recursos federales por 3 millones 65 mil pesos, los cuales fueron entregados como contraprestación a las 13 familias tzeltales a cambio de desalojar las 306 hectáreas y entregarlas a sus propietarios, es decir a la Comunidad Zona Lacandona”
La SRA –añade- mantiene pláticas con otras tres familias que permanecen en Salvador Allende para que desocupen 70 hectáreas y la zona quede “libre de asentamientos humanos irregulares”.
Ocosingo, Chis., 12 de noviembre. Luego de 30 años de vivir en la reserva ecológica de Montes Azules, ubicada en la Selva Lacandona, 13 familias tseltales tuvieron que abandonar el lugar; porque no pudieron acreditar la legal posesión de las tierras que conformaban el poblado Salvador Allende. Tres familias se negaron a salir, por lo que se inició una demanda penal para su desalojo.
Según un comunicado de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), esta dependencia entregó a cada familia que aceptó salir aproximadamente 200 mil pesos, para que rehagan su vida en otro lugar. Desde finales de la década de 1990 los tsetales habían sido emplazados a abandonar la reserva.
La historia del poblado Salvador Allende inició en 1978, cuando un grupo de indígenas tseltales sin tierra llegaron a lo que hoy se conoce como la “cuenca del río Negro”, ubicado en el corazón de la selva Lacandona.
Durante casi dos décadas se dedicaron al sembrar la tierra para sobrevivir; ahí nacieron dos generaciones que conformaron 16 familias. De acuerdo a los reportes de la SRA, en 1985 esas familias solicitaron al gobierno federal la entrega formal de las tierras, a las que consideraban terrenos nacionales.
Entonces les notificaron que el lugar donde habitaban, formalmente pertenecía a un grupo de indígenas lacandones a los que nunca habían visto, y los que en ese momento tampoco demandaron la posesión de las tierras que trabajaban los tseltales.
En la misma situación se encontraban más de media centena de poblados dispersos a lo largo de las más de 6 mil hectáreas que formaban los Bienes Comunales de los lacandones.
Fue hasta finales de la década de 1990 cuando los gobiernos estatal y federal iniciaron lo que se conoce como la regularización de la tenencia de la tierra en la selva lacandona, e iniciaron el desalojo y reubicación de decenas de poblados. Sólo a una veintena de ellos logró en 2003, se le reconociera su legal estancia.
No fue el caso de los poblados San Antonio Miramar, Rancho Corozal, Salvador Allende, el Buen Samaritano y Nuevo San Gregorio -todos ellos pertenecientes a la Organización ARIC-Independiente- así como otros cuatro poblados ubicados en la zona norte de la selva, y los dos que se localizan en el río Usumacinta: San Jacinto Lacanjá y Flor de Cacao. Estos poblados fueron emplazados formalmente para salirse de la selva, bajo la amenaza de ser desalojados.
El pasado 10 de noviembre, tras dos décadas de intentar infructuosamente el reconocimiento de sus tierras, las 13 familias de Salvador Allende salieron de la selva, luego de firmar ante la Procuraduría Agraria un acuerdo para no retornar ni entablar acción agraria a su favor, a cambio de 200 mil pesos por cada familia.
En un comunicado de prensa de la SRA, la dependencia señala que la salida de los indígenas fue “voluntaria”; sin embargo reconoce que tres familias decidieron permanecer en el poblado.
“La SRA invirtió recursos federales por 3 millones 65 mil pesos, los cuales fueron entregados como contraprestación a las 13 familias tzeltales a cambio de desalojar las 306 hectáreas y entregarlas a sus propietarios, es decir a la Comunidad Zona Lacandona”
La SRA –añade- mantiene pláticas con otras tres familias que permanecen en Salvador Allende para que desocupen 70 hectáreas y la zona quede “libre de asentamientos humanos irregulares”.
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