Fredy López Arévalo
“Vale más un desengaño, por cruel que sea, que una perniciosa incertidumbre.”
Francisco de Paula Santander
Ayer me preguntaba si un gobierno no corren demasiados riesgos cuando abre muchos frentes.
Parece que no…
Busqué en el Google alguna cita de Clausewitz, el famoso estratega militar, pero me topé con una de Aníbal Fernández, ministro del Interior del ex presidente de Argentina Néstor Carlos Kirchner, que me satisfizo:
“No hay riesgos en tanto y en cuanto uno tenga las habilidades, el concepto, la seguridad, el poder, la garantía de llevar adelante todo lo que está saliendo. Cuanto más seguro te sentís, más poder tenés, más ganas tenés y más consenso formás, podés seguir abriendo todos los frentes que sean necesarios. Esto no es una gerencia, es un gobierno. Y si para gobernar hay que abrir frentes...”.
La cita me gusta, y está bien que así sea, porque -como sostiene Aníbal Fernández- quien asume los riesgos está en la punta de una pirámide en la que domina la totalidad de la información. “Él sabe cuando conviene tomar tal decisión o tal otra. Y a esto hay que acostumbrarse, porque va a ser siempre así”.
Kirchner ejerció su mandato en los cuatro años correspondientes además de los pocos meses restantes del mandato inconcluso del ex presidente Fernando De la Rúa.
Kirchner fue sucedido en el 2007 por Cristina Fernández, su esposa.
Hay algo que vale la pena asimilar del ministro del Interior del ex presidente argentino: "Hay que consolidar el camino iniciado y reconciliar a la política con la sociedad".
ACTEAL
Ayer miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó por una semana la discusión de la sentencia con la que –estaba previsto- se anularía la condena de 26 indígenas acusados de participar en la matanza de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997, por la ausencia del ministro José de Jesús Gudiño, uno de los cinco que integran la Primera Sala de la SCJN, que es donde se ventila el caso.
Esto a la par que desde Tuxtla Gutiérrez la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) demandaba a la SCJN postergar una eventual resolución de amparo a favor de sentenciados, aduciendo nuevas "posibles pruebas" del caso Acteal, en los que se acredita la probable responsabilidad de ex servidores públicos estatales y federales, que involucrarían en forma directa al ex secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, líder nacional del movimiento Renovación, desde donde se promueve un juicio político contra el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, por la polémica reforma a la Constitución chiapaneca para prolongar un año y medio el periodo de los diputados de la actual legislatura chiapaneca
Ante esa probable resolución, la PGJE de Chiapas reveló “avances de instancias dedicadas a la investigación de esos hechos en los que 45 indígenas murieron en esa localidad en 1997, los cuales pone a disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta el antecedente del pasado 12 de agosto, cuando la SCJN resolvió otros tres amparos relacionados con la matanza de 45 personas, en los que ordenó la libertad inmediata de 20 acusados y el dictado de nuevas sentencias en el caso de otros seis.
En esa sesión fue rechazado por cuatro votos contra uno un proyecto del Ministro Sergio Valls que negaba el amparo a 26 acusados adicionales.
El expediente fue turnado al Ministro José Ramón Cossío, quien ahora propone a sus colegas otorgar el amparo.
Está pendiente definir cuántos amparos serían de manera lisa y llana, es decir, para absolver en definitiva a los acusados, y cuántos serían sólo para que tribunales inferiores dejen sin efectos la sentencia original y dicten una nueva, sin tomar en cuenta pruebas obtenidas de manera ilegal.
En teoría, la Sala podía haber votado hoy mismo el caso, pues tiene quórum con cuatro integrantes y está claro el criterio mayoritario en favor de otorgar los amparos.
Pero la decisión fue que todos los integrantes de la Sala estén presentes a la hora de resolver este caso.
Los cuatro Ministros de la mayoría sostienen que los fundamentos de la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) descansan en pruebas obtenidas ilícitamente por el Ministerio Público y avaladas de manera indebida por un juez de distrito y, en apelación, por un magistrado de circuito.
"Acteal es buena oportunidad para que la Corte reitere un claro mensaje a las autoridades encargadas de perseguir y castigar los delitos: sus acciones deben respetar siempre, escrupulosamente, el régimen constitucional y los derechos humanos", dijo el Ministro Juan Silva Meza en la sesión del 12 de agosto.
La sorpresa fue el comunicado que emitió desde Tuxtla Gutiérrez la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, porque la autoridad local solicitó, de manera respetuosa a la Primera Sala del Máximo Tribunal de la República, que posponga la sesión donde se determinará la resolución con respecto al segundo grupo de juicios relacionados con el caso Acteal, porque la Fiscalía Especial que investiga los sucesos de 1997, encontró elementos que podrían inculpar al ex secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.
En las investigaciones de la Fiscalía se han practicado 105 diligencias, entre las que destacan nuevas declaraciones ministeriales, de ex servidores públicos de los ámbitos local y federal, que, al momento de los hechos se encontraban en funciones. Además, se han practicado dictámenes periciales en materia de balística, criminalística de campo, topografía, entre otros.
Por lo anterior, añadió, y con base en el trabajo que esa Fiscalía Especializada realiza, prosigue la integración correspondiente de dichas investigaciones tendiente a esclarecer los hechos ocurridos.
Esto, para acreditar, o en su caso, descartar que las autoridades de los ámbitos federal y estatal habrían incurrido en una actitud pasiva, permitiendo con ello la ejecución de esos acontecimientos.
Resaltó que al 22 de diciembre de 1997, fecha de los hechos, antecedieron actos delictivos en esa zona de Chiapas, que se recrudecieron a partir de mayo, suscitando, entre otros, violaciones, robos, homicidios, generando desplazamiento de pobladores.
Refirió que ello se derivó de la presunta falta de la intervención oportuna y obligada de las autoridades que habrían caído en negligencia y omisión en la aplicación de la ley.
Al respecto, la dependencia destacó la existencia de una carta, enviada por quien era en ese entonces obispo coadjutor de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Raúl Vera López, al entonces Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.
Señaló que la misiva fue publicada en diversos medios de comunicación, en la cual prevenía y exponía, entre otros hechos, actos delictivos suscitados en la zona Altos de Chiapas.
Añadió que posee una grabación en la cual se analiza la posible conducta de omisión por parte de funcionarios federales en torno a las acciones violentas originadas previo a los asesinatos.
En dicha grabación, aseguró que Chuayffet Chemor afirma que en octubre de 1997 recibió de Raúl Vera López una carta, en la cual, "me dice que va a pasar todo esto", refiriéndose al caso Acteal. Y confirma de propia voz: "tengo la carta, y no es fotostática".
Sostuvo también contar con una declaración del ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, quien señaló que informó "en todo momento al secretario de Gobernación de la problemática en las diferentes regiones del estado, concretamente en el municipio de Chenalhó".
SALARIOS
Los diputados federales ganan 77,745.00 de sueldo mensual, más 45,786.00 por asistencia legislativa, más 28,772.00 para atención ciudadana. Total: $152,303.00.///Los senadores: 126,800.00 mensuales, más cantidades no especificadas si es el presidente del Senado o si coordina algún partido político o preside alguna comisión///El gobernador del Estado de México: 147,739.00 mensuales///Un consejero del IFE: 179,051.00///Un ministro de la Suprema Corte: 347,400.00///El presidente Calderón: 40,766.00, más 167,804.00 de compensación, lo que da un neto de $208,647.00, menos descuentos: $146,830.00///Un secretario de estado: 144,441.00.///El jefe de gobierno del DF: 76,068.00//
“Vale más un desengaño, por cruel que sea, que una perniciosa incertidumbre.”
Francisco de Paula Santander
Ayer me preguntaba si un gobierno no corren demasiados riesgos cuando abre muchos frentes.
Parece que no…
Busqué en el Google alguna cita de Clausewitz, el famoso estratega militar, pero me topé con una de Aníbal Fernández, ministro del Interior del ex presidente de Argentina Néstor Carlos Kirchner, que me satisfizo:
“No hay riesgos en tanto y en cuanto uno tenga las habilidades, el concepto, la seguridad, el poder, la garantía de llevar adelante todo lo que está saliendo. Cuanto más seguro te sentís, más poder tenés, más ganas tenés y más consenso formás, podés seguir abriendo todos los frentes que sean necesarios. Esto no es una gerencia, es un gobierno. Y si para gobernar hay que abrir frentes...”.
La cita me gusta, y está bien que así sea, porque -como sostiene Aníbal Fernández- quien asume los riesgos está en la punta de una pirámide en la que domina la totalidad de la información. “Él sabe cuando conviene tomar tal decisión o tal otra. Y a esto hay que acostumbrarse, porque va a ser siempre así”.
Kirchner ejerció su mandato en los cuatro años correspondientes además de los pocos meses restantes del mandato inconcluso del ex presidente Fernando De la Rúa.
Kirchner fue sucedido en el 2007 por Cristina Fernández, su esposa.
Hay algo que vale la pena asimilar del ministro del Interior del ex presidente argentino: "Hay que consolidar el camino iniciado y reconciliar a la política con la sociedad".
ACTEAL
Ayer miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó por una semana la discusión de la sentencia con la que –estaba previsto- se anularía la condena de 26 indígenas acusados de participar en la matanza de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997, por la ausencia del ministro José de Jesús Gudiño, uno de los cinco que integran la Primera Sala de la SCJN, que es donde se ventila el caso.
Esto a la par que desde Tuxtla Gutiérrez la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) demandaba a la SCJN postergar una eventual resolución de amparo a favor de sentenciados, aduciendo nuevas "posibles pruebas" del caso Acteal, en los que se acredita la probable responsabilidad de ex servidores públicos estatales y federales, que involucrarían en forma directa al ex secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, líder nacional del movimiento Renovación, desde donde se promueve un juicio político contra el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, por la polémica reforma a la Constitución chiapaneca para prolongar un año y medio el periodo de los diputados de la actual legislatura chiapaneca
Ante esa probable resolución, la PGJE de Chiapas reveló “avances de instancias dedicadas a la investigación de esos hechos en los que 45 indígenas murieron en esa localidad en 1997, los cuales pone a disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta el antecedente del pasado 12 de agosto, cuando la SCJN resolvió otros tres amparos relacionados con la matanza de 45 personas, en los que ordenó la libertad inmediata de 20 acusados y el dictado de nuevas sentencias en el caso de otros seis.
En esa sesión fue rechazado por cuatro votos contra uno un proyecto del Ministro Sergio Valls que negaba el amparo a 26 acusados adicionales.
El expediente fue turnado al Ministro José Ramón Cossío, quien ahora propone a sus colegas otorgar el amparo.
Está pendiente definir cuántos amparos serían de manera lisa y llana, es decir, para absolver en definitiva a los acusados, y cuántos serían sólo para que tribunales inferiores dejen sin efectos la sentencia original y dicten una nueva, sin tomar en cuenta pruebas obtenidas de manera ilegal.
En teoría, la Sala podía haber votado hoy mismo el caso, pues tiene quórum con cuatro integrantes y está claro el criterio mayoritario en favor de otorgar los amparos.
Pero la decisión fue que todos los integrantes de la Sala estén presentes a la hora de resolver este caso.
Los cuatro Ministros de la mayoría sostienen que los fundamentos de la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) descansan en pruebas obtenidas ilícitamente por el Ministerio Público y avaladas de manera indebida por un juez de distrito y, en apelación, por un magistrado de circuito.
"Acteal es buena oportunidad para que la Corte reitere un claro mensaje a las autoridades encargadas de perseguir y castigar los delitos: sus acciones deben respetar siempre, escrupulosamente, el régimen constitucional y los derechos humanos", dijo el Ministro Juan Silva Meza en la sesión del 12 de agosto.
La sorpresa fue el comunicado que emitió desde Tuxtla Gutiérrez la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, porque la autoridad local solicitó, de manera respetuosa a la Primera Sala del Máximo Tribunal de la República, que posponga la sesión donde se determinará la resolución con respecto al segundo grupo de juicios relacionados con el caso Acteal, porque la Fiscalía Especial que investiga los sucesos de 1997, encontró elementos que podrían inculpar al ex secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.
En las investigaciones de la Fiscalía se han practicado 105 diligencias, entre las que destacan nuevas declaraciones ministeriales, de ex servidores públicos de los ámbitos local y federal, que, al momento de los hechos se encontraban en funciones. Además, se han practicado dictámenes periciales en materia de balística, criminalística de campo, topografía, entre otros.
Por lo anterior, añadió, y con base en el trabajo que esa Fiscalía Especializada realiza, prosigue la integración correspondiente de dichas investigaciones tendiente a esclarecer los hechos ocurridos.
Esto, para acreditar, o en su caso, descartar que las autoridades de los ámbitos federal y estatal habrían incurrido en una actitud pasiva, permitiendo con ello la ejecución de esos acontecimientos.
Resaltó que al 22 de diciembre de 1997, fecha de los hechos, antecedieron actos delictivos en esa zona de Chiapas, que se recrudecieron a partir de mayo, suscitando, entre otros, violaciones, robos, homicidios, generando desplazamiento de pobladores.
Refirió que ello se derivó de la presunta falta de la intervención oportuna y obligada de las autoridades que habrían caído en negligencia y omisión en la aplicación de la ley.
Al respecto, la dependencia destacó la existencia de una carta, enviada por quien era en ese entonces obispo coadjutor de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Raúl Vera López, al entonces Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.
Señaló que la misiva fue publicada en diversos medios de comunicación, en la cual prevenía y exponía, entre otros hechos, actos delictivos suscitados en la zona Altos de Chiapas.
Añadió que posee una grabación en la cual se analiza la posible conducta de omisión por parte de funcionarios federales en torno a las acciones violentas originadas previo a los asesinatos.
En dicha grabación, aseguró que Chuayffet Chemor afirma que en octubre de 1997 recibió de Raúl Vera López una carta, en la cual, "me dice que va a pasar todo esto", refiriéndose al caso Acteal. Y confirma de propia voz: "tengo la carta, y no es fotostática".
Sostuvo también contar con una declaración del ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, quien señaló que informó "en todo momento al secretario de Gobernación de la problemática en las diferentes regiones del estado, concretamente en el municipio de Chenalhó".
SALARIOS
Los diputados federales ganan 77,745.00 de sueldo mensual, más 45,786.00 por asistencia legislativa, más 28,772.00 para atención ciudadana. Total: $152,303.00.///Los senadores: 126,800.00 mensuales, más cantidades no especificadas si es el presidente del Senado o si coordina algún partido político o preside alguna comisión///El gobernador del Estado de México: 147,739.00 mensuales///Un consejero del IFE: 179,051.00///Un ministro de la Suprema Corte: 347,400.00///El presidente Calderón: 40,766.00, más 167,804.00 de compensación, lo que da un neto de $208,647.00, menos descuentos: $146,830.00///Un secretario de estado: 144,441.00.///El jefe de gobierno del DF: 76,068.00//
No hay comentarios.:
Publicar un comentario