Crece molestia con traslado de Chema a Nayarit

Amalia Avendaño.

Venustiano Carranza; 19 de octubre.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, expresó su inconformidad por el traslado del líder histórico de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) a un penal de Nayarit, en donde dijo “se teme por su integridad y seguridad personal”.

Los activistas denunciaron que el traslado se “realizó sin ninguna notificación previa a su abogado defensor, ni a los familiares del detenido, quienes se enteraron del traslado cuando éste ya se había realizado”.

Consideraron que el traslado del campesino “es una medida de castigo, para él y su familia. Con esta acción el Estado violó los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

Explicaron que la internación al penal federal de maxima seguridad de aquel estado “dificulta, entre otras cosas, que tenga una defensa legal adecuada, que él y su abogado defensor coincidan en las diligencias judiciales, que se le obstaculice la visita familiar y de amistades, lo cual propicia indefensión legal, física y mental para el detenido”.

Aseguraron que allá está “en un ambiente de vulnerabilidad se favorecen elementos suficientes para que sea objeto de tortura, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, ya que los penales federales son públicamente conocidos por sus métodos de castigo, por lo que existe temor y riesgo a la integridad y seguridad personal del detenido”.

Lamentaron que aún cuando “el gobierno de Chiapas ha expresado públicamente su compromiso en garantizar los derechos humanos, en esta acción arbitraria el Estado no tomó en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión”.

Aseguraron que es un “ejemplo claro de represión y castigo a detenidos que pertenecen a organizaciones sociales y campesinas” y expresaron su preocupación porque “los traslados forzosos se vuelvan una práctica recurrente del gobierno del estado de Chiapas para castigar a los presos políticos en el estado”.