Amalia Avendaño
Chicomuselo, Chis; 31 de agosto.- Al concluír el segundo encuentro chiapaneco de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), los participantes demandaron que se cancelen todas las concesiones de explotación minera en México y en Guatemala, que se han otorgado dijeron, sin estudios “verdaderos y serios” ni manifestaciones de impacto ambiental.
En el encuentro realizado este fin de semana en el municipio de Chicomuselo, participaron 240 representantes de 30 organizaciones de Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosi y Guatemala, quienes aseguraron que las mineras extranjeras que explotan recursos del subsuelo contaminan, destruyen las tierras, el agua y todos los recursos naturales.Se manifestaron por el retiro de la minera Black Fire de Canáda, que explota minas de barita en comunidades de Chicomuselo y contra la que mantenían un plantón desde el mes de junio en la cabecera municipal, mismo que fue retirado hoy.
En Chiapas se han otorgado 97 concesiones desde el 2000 hasta agosto del 2009, de las cuales 37 vencen hasta el 2050, concesiones que se otorgaron sin “tomar en cuenta los derechos de los pueblos afectados”.
En la Declaración de Chicomuselo, surgida del encuentro, los activistas resaltaron la necesidad urgente e indispensable de la unidad en acción de los movimientos, de las organizaciones campesinas e indígenas y de la sociedad en general, “sin que interfieran las preferencias religiosas, partidistas ni sociales, ya que el reto de enfrentar a este sistema capitalista y las empresas mineras depredadoras, requiere del esfuerzo de todos los sectores porque todos seremos afectados”.
Aseguraron que la actividad minera “destruye la integridad y la unidad de los pueblos… En la resistencia contra estos proyectos de muerte, en la exigencia por los derechos, por la tierra y por un medio ambiente sano, el movimientos social y el pueblo en general ha sido reprimido y criminalizado, y se han militarizado las tierras indígenas y campesinas”.
Exigieron que se resperte la voz del pueblo, que se respeten y promuevan las consultas comunitarias con igualdad de derechos, que se retiren las ordenes de captura en contra de los lideres y lideresas de las comunidades, la libertad de los presos que luchan por la justicia, el medio ambiente y en beneficio de las comunidades.
Chicomuselo, Chis; 31 de agosto.- Al concluír el segundo encuentro chiapaneco de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), los participantes demandaron que se cancelen todas las concesiones de explotación minera en México y en Guatemala, que se han otorgado dijeron, sin estudios “verdaderos y serios” ni manifestaciones de impacto ambiental.
En el encuentro realizado este fin de semana en el municipio de Chicomuselo, participaron 240 representantes de 30 organizaciones de Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosi y Guatemala, quienes aseguraron que las mineras extranjeras que explotan recursos del subsuelo contaminan, destruyen las tierras, el agua y todos los recursos naturales.Se manifestaron por el retiro de la minera Black Fire de Canáda, que explota minas de barita en comunidades de Chicomuselo y contra la que mantenían un plantón desde el mes de junio en la cabecera municipal, mismo que fue retirado hoy.
En Chiapas se han otorgado 97 concesiones desde el 2000 hasta agosto del 2009, de las cuales 37 vencen hasta el 2050, concesiones que se otorgaron sin “tomar en cuenta los derechos de los pueblos afectados”.
En la Declaración de Chicomuselo, surgida del encuentro, los activistas resaltaron la necesidad urgente e indispensable de la unidad en acción de los movimientos, de las organizaciones campesinas e indígenas y de la sociedad en general, “sin que interfieran las preferencias religiosas, partidistas ni sociales, ya que el reto de enfrentar a este sistema capitalista y las empresas mineras depredadoras, requiere del esfuerzo de todos los sectores porque todos seremos afectados”.
Aseguraron que la actividad minera “destruye la integridad y la unidad de los pueblos… En la resistencia contra estos proyectos de muerte, en la exigencia por los derechos, por la tierra y por un medio ambiente sano, el movimientos social y el pueblo en general ha sido reprimido y criminalizado, y se han militarizado las tierras indígenas y campesinas”.
Exigieron que se resperte la voz del pueblo, que se respeten y promuevan las consultas comunitarias con igualdad de derechos, que se retiren las ordenes de captura en contra de los lideres y lideresas de las comunidades, la libertad de los presos que luchan por la justicia, el medio ambiente y en beneficio de las comunidades.
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